¿A la enésima va la vencida? Tras la aprobación definitiva, ayer en el Senado con el rechazo de las derechas, de la nueva Ley de Memoria Democrática, los restos del general golpista y criminal de guerra Gonzalo Queipo de Llano que permanecen en un lugar preeminente en la basílica de la Macarena tienen -o deberían tener- los días contados.

Así lo ha confirmado hoy el ministro para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que en una entrevista en la cadena SER ha confirmado que se iniciarán las actuaciones pertinentes para exhumar a José Antonio Primo de Rivera y a Gonzalo Queipo de Llano de los lugares en los que actualmente están enterrados, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Memoria Democrática.

El ministro ha recalcado que los restos de Queipo y Primo no pueden seguir estando en un lugar preminente, por lo que cuando entre en vigor se iniciarán los procedimientos para exhumarlos del Valle de los Caídos y de la Macarena de Sevilla respectivamente.

Está por ver, no obstante, qué actitud adoptan la Hermandad de la Macarena y el propio Gobierno andaluz, muy recientes ambos a la exhumación del general golpista a pesar de que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía es bastante explícita en su artículo 32, punto 4: “Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Un informe de los servicios jurñidicos de la Junta, encargado en 2017 por la presidenta Susana Díaz, dio pie a los cofrades y al nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs para esquivar ese punto 4 del artículo 32 de la ley andaluza. Firmado por el entonces letrado-jefe de la asesoría jurídica de la Junta, Manuel Andrés Navarro Atienza, el dictamen hacía una interpretación bastante sui generis de dicho precepto legal: "Resulta cuando menos discutible, en atención a la información de la que disponemos, que concurran en el [caso de la exhumación de Queipo] los requisitos [que exige la ley para que exista un elemento contrario a la memoria histórica], ya que incluso en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la Memoria Democrática".

El letrado consideraba singularmente relevante el hecho de que la hermandad hubiera retirado años de la lápida la referencia explícita al 18 de julio de 1936 y a la condición de teniente general de Queipo, como si tal supresión borrara de un plumazo su vinculación al golpe de Estado y la ferocidad con que persiguió y asesinó a miles de republicanos leales al régimen legítimo.

El historiador José María García Márquez, experto en el espadón africanista, atribuye 12.854 “casos documentados” de víctimas asesinadas a quien años después patrocinaría la construcción de la basílica de la Macarena y crearía una fundación para “amparar y proteger a la infancia desvalida”.

Han pasado 15 años desde la aprobación de la anterior Ley de Memoria Histórica y cinco de la entrada en vigor de la versión andaluza que ampliaba y mejoraba la primera aunque, a la vista de lo sucedido, no lo bastante como para que la exhumación de los restos de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena pudiera llevarse a cabo sin impedimentos.

Además del archiconocido rechazo del Partido Popular a cualquier iniciativa para restaurar la dignidad de las víctimas del franquismo, las razones del fracaso de la ofensiva memorialista en el caso Queipo son principalmente dos: la resistencia de los cofrades de la Macarena y la pusilanimidad institucional de las autoridades autonómicas y locales, muy significadamente las del Partido Socialista. 

Aunque la negativa de la Hermandad de la Macarena a cumplir los tímidos requerimientos del Parlamento y el Ayuntamiento de Sevilla sea la causa primera de que Queipo siga en la basílica, siempre contó con la anuencia del Arzobispado de Sevilla, que lleva años poniéndose de perfil cada vez que los familiares de las víctimas del militar golpista han llamado a las puertas herradas de lo que el periodismo cofrade sevillano denomina untuosamente como ‘Palacio’.

En octubre del año pasado, el hermano mayor de la hermandas que agrupa a 15.000 cofrades, José Antonio Fernández Cabrero, prometió cumplir lo dictado por la ley: “Cuando la Hermandad tenga las disposiciones que regulen la retirada de los restos y las instrucciones oportunas y precisas bajo el precepto legal, no se tendrá ningún problema en proceder”.

Se diría que un mínimo de empatía con la causa de las familias de los asesinados por Queipo habría hecho innecesarios los escrúpulos reglamentistas de Fernández Cabrero, decidido a poner su condición de cofrade por encima de su condición de ciudadano.

No es improbable, pues, que la Hermandad persista en su estrategia de dilatar todo lo posible el proceso de exhumación, esta vez con la vista puesta en un posible triunfo electoral de las derechas, que han prometido derogar la ley cuando desalojes del poder a las izquierda.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, no pudo ser más explícito ayer: "Nos comprometemos a derogar la llamada Ley de memoria democrática, que atenta contra el espíritu de la Transición. Bildu no puede ser el notario que reescriba la Historia de España", escribió en un mensaje publicado en la red social Twitter. Fejióo piensa que la nueva ley "atenta contra el espíritu de la Transición" y además ha sido aprobada gracias a apoyos parlamentarios como el de Bildu.