Las conclusiones del prestigioso Dictamen del Observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Centros de Servicios Sociales son demoledoras para el Gobierno andaluz en materia de dependencia, precisamente uno de los ámbitos cuya gestión ha sido más insistentemente aireada por la propaganda gubernamental y donde con más énfasis se procurado desacreditar la gestión de los ejecutivos anteriores.

El dictamen sitúa a Andalucía en el epígrafe denominado ‘Comunidades en situación preocupante’, es decir “territorios donde el actual ritmo de incremento de atendidos es claramente insuficiente como para absorber el ‘limbo’ de la dependencia que tienen por delante. Así ocurre –señala el informe– en Andalucía y Cataluña, cuyas dificultades tienen un carácter sistémico y donde su situación se desvía de los promedios estatales muy sensiblemente”.

Tiempos de tramitación

Andalucía se sitúa incluso por detrás de las definidas en el informe como ‘Comunidades que se estancan o que tienen una absorción muy lenta’, una clasificación que incluye a Canarias, Cantabria, Galicia, País Vasco, Madrid, Murcia y La Rioja.

El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 426 días, aunque en cuatro comunidades se superan los 18 meses (Canarias, Extremadura, Andalucía y Cataluña).

Según los datos del dictamen, el nuevo Gobierno andaluz ha añadido 8.132 nuevos beneficiarios en 2019, pasando de 212.243 a 220.375 personas atendidas, lo que equivale al 3,8 ciento de incremento, aun así un porcentaje muy por debajo de la media del 6,4 del conjunto de las comunidades.

Un Plan de Choque

Al menos en Andalucía, los datos aportados por los expertos no dejan en muy buen lugar a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), que hace un año anunciaba la puesta en marcha de un Plan de Choque en Dependencia que contaría con una inversión de 77 millones de euros y permitiría “incorporar, de manera gradual, a las 109.470 personas pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”.

También denunciaba entonces Ruiz, y ha repetido el dato en numerosas ocasiones, que “34.373 andaluces no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente, es decir, personas que han presentado su solicitud, pero están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia”.

¿Demasiada presunción?

El 30 de diciembre pasado, la consejera presumía de la cifra histórica de beneficiarios, alcanzando las 219.841 personas en situación de dependencia, con cerca de 292.744 prestaciones, “gracias a las actuaciones puestas en marcha tras la aprobación el pasado mes de abril del Plan de Choque”.

El Gobierno de la socialista Susana Díaz también solía presumir de sus logros en dependencia y de su esfuerzo para mantener las prestaciones "a pulmón", aportando "hasta el 82 por ciento del coste".

En septiembre de 2018, tres meses antes de las elecciones, Díaz anunciaba que no iba a esperar "siquiera" a que el Gobierno de España le abonara a Andalucía el 50 por ciento de lo que la Junta ya había hecho y pronosticaba que de inmediato comenzaría "la incorporación de 17.000 personas a este servicio".

2012, punto de inflexión

Aunque ni la consejera ni el 'Gobierno del cambio' han hecho nunca alusión a ello, el dictamen de los gerentes de centros recuerda de nuevo que el punto de inflexión en materia de dependencia se produce con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno de España y su célebre ‘Real Decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad’, con el que recortaba drásticamente la aportación del Gobierno central, obligando a las comunidades autónomas a asumir casi en solitario las costosas prestaciones.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales constata que “se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión”, por lo que “es previsible que haya algunas comunidades que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y/o una inyección financiera específica. La distancia entre las comunidades, salvo alguna excepción, cada vez se hace mayor”.

Las cifras del recorte

De hecho, la reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 “asciende a 1.905 millones de euros dirigidos a ayudas económicas que estas han dejado de percibir”.

La disminución de la financiación a las Comunidades desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 3.612 millones de euros de quebranto para las arcas autonómicas.

El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2019 asciende a 8.891 millones de euros, de los que las administraciones públicas aportaron 7.050 millones. El resto (1.840 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado (20,7 por ciento).