Los agentes sociales celebran la puesta en marcha de la mesa de Diálogo Social en la que abordar los desafíos presentes y futuro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y acordar estrategias que permitan paliar las debilidades evidenciadas a lo largo de estos últimos años y, en particular, a consecuencia de la crisis del Covid-19.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia vio la luz en 2006, fruto del Diálogo Social, y fue aprobada en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.

"Pese a que se han atenuado algunas consecuencias, aún nos encontramos bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias para evitar un nuevo rebrote de la enfermedad, y necesitamos no sólo conocer el escenario actual, sino impedir por todos los medios que la situación vivida, especialmente por las personas mayores en las residencias, se vuelvan a producir", reconocen los agentes sociales.

Para ello, CCOO, CEOE, CEPYME y UGT, ha presentado en la primera reunión de la mesa del Diálogo Social un documento conjunto, con unos contenidos mínimos e imprescindibles que las cuatro organizaciones creen necesario abordar tanto a corto plazo como en un momento ulterior.

"Que la Ley de Dependencia recupere el significado y el protagonismo con los que nació"

"De forma que la Ley de Dependencia recupere el significado y el protagonismo con los que nació, y que se fueron deteriorando como consecuencia de los recortes fruto de la crisis económica, que supusieron una ruptura del sistema y modificaron los principios básicos de la Ley", piden sindicatos y empresarios.

Los agentes sociales destacan la buena acogida de la Administración a la propuesta presentada y asegura que ya se encuentran trabajando en ella. Asimismo, reivindican la necesidad de un plan de acción inmediato para hacer frente a un nuevo posible rebrote del Covid-19 para garantizar estructuras de coordinación socio-sanitaria y el cumplimiento de las condiciones básicas comunes en el Estado. 

Este marco debe garantizar una coordinación estable entre los Servicios Sociales y el Sistema Nacional de Salud en los diferentes niveles de la Administración. Para ello, piden la elaboración de un mapa con los recursos disponibles para afrontar un modelo de atención integral, tanto desde el punto de vista social como sanitario. 

Además, recomienda disponer de un sistema de información que permita conocer la situación de las personas beneficiarias de dicha atención y la implementación de protocolos específicos de identificación y comunicación, y atención y derivación, de casos Covid-19 desde los centros y servicios del SAAD, especialmente desde los centros residenciales al Sistema Nacional de Salud.