La consejera de Asuntos Sociales, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha elevado hoy el tono y el alcance de sus acusaciones contra los gobiernos socialistas a propósito de la dependencia: “La política del PSOE era esperar a que hubiera fallecimientos para meter nuevos dependientes al sistema”.

Preguntada en la rueda de prensa si tenía pruebas para sostener una acusación tan grave, Ruiz no ha repetido literalmente la acusación pero sí ha recalcado que “había importantes cuellos de botella porque solo se invirtió en dependencia 9,7 millones de cuatro años, de forma que no se avanzaba en nuevas valoraciones de solicitantes porque no se cubrían las bajas de las valoradoras y no había personal para poder dar entrada a nuevas personas; son, por tanto, sospechas muy razonables y cuando tengamos el informe que preparamos, lo haremos llegar a los medios”.

Ruiz no aludió en ningún momento a los incumplimientos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de la Ley de Dependencia, que obliga al Ejecutivo central a financiar las prestaciones al 50 por ciento con las comunidades autonómas. El Gobierno conservador aportó un 18 por ciento, frente al 82 por ciento aportado por la Junta, según datos de la anterior Administracion.

Como se recordará, en marzo la consejera Ruiz anunció la puesta en marcha del plan de choque aprobado hoy en Consejo de Gobierno y denunció que “un total de 27.658 personas fallecieron en los últimos tres años en Andalucía mientras esperaban, ya fuera de plazo, la tramitación de su grado o la resolución de su Plan Individualizado de Atención (PIA)». En la actualidad hay un total de 75.097 personas pendientes de que se les realice su PIA.

Al igual que este martes, entonces la consejera acusó al PSOE de “ocultar 35.000 dependientes”. El PSOE-A replicó acusando al Gobierno regional de "manipular" y mentir sobre los datos del sistema de la dependencia. El coordinador de la Secretaría General del PSOE de Andalucía, José Fiscal, dijo que cuando Juan Manuel Moreno fue secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad "sacó de la Seguridad Social a más de 150.000 cuidadoras".