Los recortes de la Administración central en materia de dependencia han provocado que Andalucía deje de recibir más de 508 millones de euros desde 2012, a los que se suman otros 16 por el pago de la teleasistencia avanzada. Este dinero hubiese permitido la atención de 105.000 personas más.
Mitigar los recortes
El dato lo ha dado a conocer hoy por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante la presentación del plan aprobado por el Gobierno andaluz para mitigar los efectos de esos recortes del Ejecutivo central en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta.
Con un presupuesto de 25 millones de euros, el plan permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de 2017, frente a las 183.000 a 31 de enero de este año.
El presupuesto
El plan aprobado trata de contrarrestar los recortes llevados a cabo por el Ejecutivo central en los últimos años. Actualmente la Junta financia el 78% de la inversión total asociada a esta prestación, en contra del compromiso de cofinanciación al 50% que marca la Ley de Dependencia. En el presupuesto autonómico de 2017 se consignan 1.181 millones de euros, un 2,5% más que en 2016, para el desarrollo de esta norma, cantidad similar a la que el Gobierno destina para toda España (1.250 millones).
Teleasistencia
Entre otras acciones, destaca el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal, en lugar de complementaria como hasta ahora, para las personas con dependencia moderada. Esta ayuda permite la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio con elementos móviles y de localización; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde.
Los datos
En el conjunto de España, las restricciones han supuesto la pérdida de 2.800 millones de euros, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar. Ello provoca grandes desequilibrios en las finanzas de las comunidades autónomas.
La aportación económica de la Junta ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio). Durante los diez años de desarrollo de la Ley de Dependencia, la Junta ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención de 371.600 personas, que se han beneficiado de 488.300 prestaciones.
