La Fiscalía ha mantenido este martes la petición de cinco años de prisión para la que fuera directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, por el llamado 'caso audioguías, en el que se han juzgado supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de alquiler de audioguías del monumento con un presunto perjuicio económico superior al millón de euros.

Este juicio ha sentado desde el pasado 9 de enero en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Granada a un total de cuatro personas; se trata de la citada exdirectora del monumento, que dimitió en 2015 por este caso; la que fuera secretaria general del Patronato de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro, que también se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel; y el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías, para quien solicita diez años de prisión.

A ellos se suma el que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra, José M.V., al que solo acusa la Junta de Andalucía, que está personada en el proceso como parte perjudicada y pide cárcel para todos los procesados.

La primera parte de la sesión de este juicio, que quedará previsiblemente visto para sentencia el miércoles, se ha centrado en la lectura del informe de conclusiones de la Fiscalía, que ha elevado a definitivas aunque con algunas modificaciones jurídicas que en todo caso no alteran las penas que inicialmente ha venido solicitando por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos para la exdirectora y ex secretaria general de la Alhambra, y para el empresario, al que suma el blanqueo de capitales.

La semana pasada el Tribunal de Cuentas ya condenada a la que fuera directora de la Alhambra entre 2004 y 2015, María del Mar Villafranca, al pago de 404.265 euros por menoscabo en los fondos públicos del patronato que gestiona el recinto nazarí por irregularidades en la gestión del contrato de explotación del servicio de audioguías y de otro vinculado a las tiendas de este monumento, considerado el más visitado del país. 

Esta sentencia del Tribunal de Cuentas, que será recurrida, ha trascendido coincidiendo con la celebración estos días en la Audiencia de Granada del juicio por el llamado 'caso audioguías de la Alhambra' que se ha seguido por la vía penal por irregularidades en la gestión de uno de estos contratos, el de audioguías, y por el que Villafranca se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión. El órgano de control estimaba con ello parcialmente las demandas que por este asunto interpusieron tanto la Junta de Andalucía como la Fiscalía y mantiene que Villafranca "incurrió, cuanto menos, en grave negligencia en la gestión concreta" de estos fondos.

Respecto al contrato de explotación del servicio de audioguías, se expone en la sentencia que la empresa adjudicataria se comprometió a abonar al Patronato de la Alhambra una serie de cantidades al año en concepto de canon fijo y variable, así como a presentar documentación relativa al número de alquileres de audioguías y a la recaudación.

Las cantidades correspondientes al canon fijo y variable que la empresa adjudicataria debía al Patronato en los primeros cuatro años de vigencia del contrato --2007 a 2010-- ascendieron a 831.745 euros, pero durante este tiempo la mercantil "no abonó cantidad alguna".

Incide el Tribunal de Cuentas en que "a pesar de que la adjudicataria no cumplía de forma manifiesta y sistemática durante los primeros años de vigencia del contrato sus obligaciones contractuales --no reportaba información relativa al número de alquileres, ni el detalle de facturación ni pagó lo que debía al Patronato de la Alhambra-- Villafranca no actuó para evitar una posible situación dañosa para el monumento pese a la posibilidad, por ejemplo, de rescindir el contrato. "Es más, autorizó, de forma injustificada, la minoración de la cantidad que la adjudicataria adeudaba a la entidad y posteriormente acordó la prórroga del contrato", añade la sentencia, que adelanta el diario 'Ideal'.

El Tribunal de Cuentas considera en su sentencia, contra la que cabe recurso, que la exdirectora del monumento nazarí es "responsable contable directa" del menoscabo de fondos públicos que sufrió el Patronato de la Alhambra y el Generalife en este periodo a cuenta de estos dos contratos, condenándola a pagarlo, y absuelve a la persona que le sucedió en el cargo desde el 21 de julio de 2015 hasta el 6 de marzo de 2019, Reynaldo Fernández Manzano.