El plan del Partido Popular es claro: todo lo que pueda generar rédito económico se convierte en un terreno fértil para la especulación. Su entorno, mayoritariamente empresarial, refleja esta orientación hacia un modelo de negocio. Decir que todos los partidos son iguales no es cierto; hay una gran diferencia entre aquellos que tienen la mirada puesta en el beneficio privado y los que provienen del ámbito social o público, donde el enfoque está en el bienestar común. Los unos buscan oportunidades de lucro, mientras que los otros luchan por soluciones que beneficien a la sociedad en su conjunto. Donde más se concentra este modelo empresarial es precisamente en el PP, un partido que, más allá de sus ideologías, ha hecho de la especulación económica una de sus señas de identidad, poniendo los intereses privados por encima del interés general.
No es sorprendente que el modelo educativo del PP en la Junta de Andalucía esté en rebajas; para ellos, la educación pública no es más que un terreno de liquidación, donde su imaginación especulativa se desata como si fuera un mercadillo.
Al igual que en el ámbito sanitario, la educación no debe ser tratada como un negocio. Debe considerarse una inversión, no un gasto. Un partido político responsable tiene la obligación de ser pedagógico con la ciudadanía, explicando con claridad y empatía que los servicios públicos son un bien común, esencial para todos, y no una carga. En un momento de polarización como el actual, algunos han llegado a ver los servicios públicos como un estorbo, olvidando que son fundamentales para quienes más los necesitan. Esta falta de responsabilidad política, en la que el PP tiene una gran cuota de culpa, ha sido celebrada por Vox, quienes contribuyen a perpetuar la desinformación y el desprestigio de lo público.
En la FP, el Partido Popular favorece la proliferación de macrocentros privados como MEDAC o CESUR, mientras los centros públicos luchan por sobrevivir con recursos mínimos. En estos centros públicos, los profesores se ven obligados a buscar empresas para el sistema de FP Dual, saturados de burocracia y con medios insuficientes. Esta predilección por el crecimiento de la educación privada no solo precariza el sector educativo, sino que también genera entornos laborales donde los derechos de los trabajadores y trabajadoras son constantemente vulnerados, como bien sabemos en la UGT Servicios Públicos de Málaga.
No solo en la FP se evidencia el fracaso del modelo del PP. Málaga se ha convertido en un banco de pruebas del modelo Ayuso: el Ayuntamiento, en manos del PP, cede suelo público a universidades privadas como si fuera patrimonio propio. En los últimos años han proliferado centros como la Universidad Europea de Andalucía, la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum o la UTAMED. Esta última acumula infinidad de informes negativos, pero aun así la Junta le dio luz verde, a pesar de las objeciones del Ministerio y los rectores, y de que varios de sus promotores mantenían relaciones empresariales con un consejero autonómico. Mientras tanto, la universidad pública sufre recortes, precariedad y pérdida de oferta educativa. La apuesta del PP es clara: convertir la educación en un negocio y dejar a un lado el derecho a la igualdad de oportunidades.
Ese modelo elitista encaja perfectamente con la estrategia del Partido Popular: debilitar lo público mientras allana el camino para que la educación dependa del bolsillo de cada cual. No hablamos de meritocracia, hablamos de cartera. Y mientras unos eligen universidad como quien elige tarifa premium, la mayoría se enfrenta a listas de espera, aulas masificadas y recortes constantes. Así es como el PP está reeditando una España de clases, donde solo algunos acceden y muchos quedan fuera.
El alcalde de Málaga no disimula: plantea que las universidades públicas deben “replantearse cosas” ante la avalancha de privadas. ¿Replantearse qué, exactamente? ¿Competir en desigualdad, con menos recursos, sin suelo cedido ni trato de favor? Eso no es modernizar el sistema, es dinamitarlo. Lo que el PP está haciendo no es fomentar la excelencia, es abrir camino al negocio educativo y dejar a la pública en la cuneta. Así se construye una ciudad para unos pocos y se margina al resto.
Mientras el Conservatorio Superior de Música de Málaga no supera la Inspección Técnica de Edificios, evidenciando un abandono intolerable, el Partido Popular sigue cediendo suelo público a fundaciones privadas, como si la educación pública fuera prescindible. En una ciudad que presume de ser referente cultural, es inaceptable que el principal centro formativo de músicos profesionales se mantenga en condiciones indignas. Mientras se caen los techos, la Junta apuesta por proyectos privados en zonas como Teatinos. Y lo más grave: la concejala del Área de Educación y Fomento del Empleo ha llegado a afirmar que las entidades privadas deben participar en las decisiones educativas de la ciudad. Lo llaman colaboración público-privada, pero en realidad es un abandono premeditado del bien común en favor del interés empresarial.
El PP está imponiendo un modelo educativo segregador y clasista, favoreciendo los centros privados mientras deteriora lo público. La educación no debe ser un privilegio según la clase social, sino un derecho para todos y todas.
No nos oponemos al modelo privado, pero sí a que suplante y destruya lo público. La educación no es un negocio, es un derecho que debemos defender.
En definitiva, mientras el PP apuesta por la privatización y la segregación, desde UGT seguimos luchando por una educación pública de calidad, accesible para todos y todas, al servicio de la gente, no de intereses privados.
Daniel Lozano,
responsable de educación de UGT en Málaga, músico y gestor cultural
