El Gobierno central ha anunciado este lunes una nueva hoja de ruta que busca medidas urgentes para limitar la creación de universidades privadas en España, un modelo que se viene favoreciendo en distintas comunidades autónomas, especialmente, en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso y la Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que este modelo atenta contra la “igualdad de oportunidades” de los estudiantes universitarios, por lo que ha abogado a ensalzar la vía pública. Asimismo, ha garantizado que “dará la batalla en defensa del sistema público español, por su calidad, su equidad y su prestigio”: “Vamos a romper una lanza a favor de lo público, sin demérito de aquellas instituciones privadas que funcionan bien, con rigor y calidad”, ha señalado durante el acto ‘En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social’.
Como segundo eje vertebrador que fundamenta este plan, Sánchez advertido que las instituciones universitarias “no pueden ser una máquina expendedora” ni “una fábrica de títulos sin garantías”: “Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, públicas y privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesionales que nos cuidan y nos defienden”, ha abogado.
Ayuso y Moreno Bonilla, impulsores de la privada
El mapa de las universidades y su financiación, en cuanto a la pública, y la presencia de la privada dependiendo de cada comunidad autónoma hace que el panorama del conjunto del país no sea homogéneo. Y es que los casos más acuciantes en cuanto a promover el modelo privado se dan en Madrid y Andalucía.
En el primero de los casos, bajo el ‘modelo Ayuso’, incluso ha sido objeto de ejemplo del presidente del Gobierno en la exposición de esta nueva medida, señalando que en esta autonomía “ha recortado casi un 30% la financiación de las universidades públicas desde 2016”. Fue a finales del pasado año cuando la Comunidad de Madrid se negó, en un primer momento, a sumarse al plan estatal de 169 millones de euros a las universidades públicas, lo que dejaría a 1.000 profesores fuera, aunque, con la mediación de las partes, terminó por sumarse en el último minuto, aunque la financiación universitaria aún está por debajo de la media nacional.
Por parte de Andalucía, Sánchez ha señalado que su presupuesto universitario “lleva seis años completamente congelado”. Una postura a la que, a su vez, aluden y defienden los socialistas andaluces planteando una PNL autonómica para “endurecer” las condiciones de las privadas y que se exijan en ambos modelos “los mismos requisitos para estudiar”: “No es justo que para estudiar Enfermería o Medicina en la universidad pública se tenga que sacar casi un 14 de nota en la Selectividad y, sin embargo, si se tiene dinero, con un simple 5 se puede acudir a universidades privadas”, ha defendido el secretario de Universidades del PSOE-A, Jorge Ibáñez. Bajo este mismo paraguas, ha condenado que la Junta de Moreno Bonilla “ha multiplicado por cuatro las universidades privadas pese a los informes negativos” y a pesar de que las públicas “son el motor económico e intelectual” de esta tierra.
Sánchez percibe “un riesgo evidente” en el modelo público
Bajo esta premisa, el presidente del Gobierno ha sostenido este lunes que el modelo público universitario “corre un riesgo evidente” que se está acuciando por “la voluntad de quienes pretenden fragmentar y privatizar” esta institución educativa, mismo modelo que dice que aplican sobre la sanidad pública, en favor de la privada.
“Primero recortan recursos, para minar su funcionamiento y después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Y finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, ha añadido.
Sánchez ha apuntado sobre este contexto que mientras la financiación de la pública “se ahoga”, en paralelo, “se extiende una alfombra roja a la creación de nuevos centros para hacer caja convertidos en chiringuitos educativos”, lo que desprestigia a su vez a buenas universidades privadas. “La universidad no puede ser una fábrica de títulos sin garantías. Lo que está en juego no es solo la educación, es la confianza de toda una sociedad en sus profesionales y en sus instituciones”, ha ahondado.
