El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de medidas urgentes para limitar la creación de universidades privadas en España, criticando el modelo universitario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y calificando a algunas de estas instituciones como "academias" y "chiringuitos educativos". Además, ha presentado un plan de 30 millones de euros destinado a relanzar la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para convertirla en una "universidad de referencia".
El anuncio se realizó durante un encuentro centrado en el papel de la universidad como motor de movilidad social. Sánchez subrayó que la proliferación de universidades privadas atenta contra la "igualdad de oportunidades" y destacó la necesidad de reforzar el sistema público de educación superior.
Qué medidas se tomarán
Entre las medidas propuestas, se contempla que el informe emitido por la Conferencia General de Política Universitaria, presidida por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, sea vinculante antes de autorizar la apertura de cualquier nuevo campus. Además, se establecerán requisitos adicionales para las nuevas universidades, como la obligación de alcanzar al menos 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de funcionamiento y disponer de un mínimo del 10% de plazas de alojamiento para estudiantes. Asimismo, la apertura de cualquier nueva universidad deberá ser aprobada por las Cortes Generales.
El presidente recordó que, en 1970, España contaba con 350.000 estudiantes universitarios, cifra que aumentó a un millón y medio en la década de 1990. Actualmente, más de la mitad de los jóvenes españoles cursan estudios superiores, y las universidades son responsables del 70% de la investigación que se realiza en el país.
Entre 2020 y 2024, comunidades autónomas como Madrid, Canarias y Andalucía autorizaron la creación de tres universidades privadas a pesar de contar con informes desfavorables de la Conferencia General de Política Universitaria. Estas instituciones son la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (Udit) en Madrid, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (Utamed) en Málaga y la Universidad Tecnológica de Canarias (Tech).
Privatización en el Madrid de Ayuso
La Comunidad de Madrid, bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha promovido una Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia que facilita la creación de más universidades privadas en la región. Esta normativa simplifica el proceso de adscripción de centros privados y no exige a estos centros obligaciones de investigación, a diferencia de las universidades públicas.
En respuesta, el PSOE ha propuesto una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas hasta 2028, coincidiendo con el plazo de plena implantación de la LOSU. Esta medida busca evitar la proliferación de proyectos universitarios privados y fortalecer el sistema público de educación superior.
Además, el PSOE andaluz ha planteado endurecer los requisitos para la creación de universidades privadas en la futura ley autonómica. Entre las propuestas se incluye limitar la oferta académica de las universidades privadas, impidiendo que puedan ofrecer grados que estén ampliamente representados en el sistema universitario público andaluz, salvo aquellos que cuenten con una alta demanda en el mercado laboral y elevados índices de inserción profesional.
El plan de 30 millones de euros destinado a la UNED busca reforzar su papel como institución de referencia en la educación a distancia y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Este esfuerzo se enmarca en la apuesta del Gobierno por fortalecer las universidades públicas y asegurar su capacidad para seguir siendo motores de investigación, innovación y cohesión social.
Estas medidas han generado un intenso debate en el ámbito político y educativo. Mientras algunos sectores consideran que la limitación de la creación de universidades privadas es necesaria para garantizar la calidad y equidad del sistema educativo, otros argumentan que podría restringir la libertad de elección y la competencia en el sector universitario.
El Gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a avanzar en la implementación de estas reformas, con el objetivo de fortalecer el sistema universitario público y garantizar que la educación superior en España siga siendo un instrumento efectivo de movilidad social y desarrollo económico.
