Este 31 de marzo expira el plazo para que las comunidades autónomas certifiquen al Gobierno el número de menores migrantes no acompañados que tienen en acogida actualmente. Así se desprende del real decreto aprobado en el Consejo de Ministros de hace unas semanas, tras el acuerdo con Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Sin embargo, no todas las autonomías han remitido a Juventud e Infancia el dato. Las comunidades del Partido Popular exprimen el calendario y justifican sus retrasos, aunque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, abrió la puerta a darles más tiempo para aportar las cifras.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Senado, Torres defendió que la mejor manera de garantizar la transparencia en este aspecto es que los gobiernos regionales certifiquen “el número de menores migrantes no acompañados que tengan”. En este sentido, matizó que, en caso de que alguna de ellas tuviera dificultades para la recolección de datos, podría abrirse un resquicio para que “puedan tener el tiempo suficiente para que puedan certificarlo”.
Según los datos que ya están en manos del Ejecutivo, Canarias ya habría comunicado el pasado jueves al departamento dirigido por Sira Rego, que actualmente tiene bajo tutela a 5.485 menores. En las islas se atiene a 5.810 jóvenes extranjeros no acompañados, aunque tal cifra se reduce porque algunos de ellos cumplirían en breve la mayoría de edad o están inmersos en procesos de reagrupamiento.
Problemas en el recuento
Mientras tanto, algunas autonomías han decidido exprimir el calendario hasta sus últimas consecuencias. Baleares, Madrid, Galicia y Castilla y León, así como Valencia y Andalucía, componen este grupúsculo de comunidades que se han retrasado en la recolección de datos y, por supuesto, en su vía. Las dos últimas, explican que aún no disponen de las cifras solicitadas por Moncloa.
Murcia, por su parte, aseguraba el viernes que los menores migrantes no acompañados acogidos actualmente en la Región “exceden un 220%” la capacidad de los recursos de los que dispone la autonomía, aunque no ha aportado todavía una cifra exacta. El Gobierno de Fernando López-Miras se resiste a remitir los datos concretos y emplaza al Ejecutivo a “esperar” hasta que la Consejería tenga el documento “cerrado” y listo para enviar. Por el momento, aún están haciendo los cálculos requeridos por el departamento de Sira Rego. “Toda vez los tengamos, lo haremos público”, exponen.
Por su parte, Aragón se ciñe a su guerra judicial contra el Gobierno. La administración liderada por Jorge Azcón presentó un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento de Juventud e Infancia, reclamando a la Justicia que tome medidas cautelares.
10.000 menores tutelados por las autonomías
Sin embargo, antes de conocerse el plazo estipulado por el Ministerio para las Comunidades Autónomas, Europa Press trazó un recuento del que se desprende que las autonomías tienen en acogida a más de 10.000 menores migrantes no acompañados. En paralelo, el Tribunal Supremo (TS) ha otorgado al Gobierno de Pedro Sánchez un plazo de diez días para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a unos mil menores migrantes no acompañados en Canarias que han solicitado asilo o expresado su intención de hacerlo. La medida cautelar fue solicitada por el Ejecutivo canario debido a la situación de hacinamiento en la que se encuentran estos menores, lo que es incompatible con su interés superior. El TS subraya la necesidad urgente de corregir esta situación.
El ministro José Manuel Torres destacó que esta medida llega después de la aprobación de un real decreto-ley que aborda no solo a los solicitantes de asilo, sino a todos los menores en emergencia en las islas. En contraste, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, consideró que el fallo confirma la "dejación de funciones" del Estado y respalda las denuncias de su Gobierno sobre la vulneración del interés superior de los menores al no ser acogidos por la red estatal.
