El tablero político en las distintas comunidades autónomas se está viendo cada vez más tensionado ante una de las principales cuestiones pendientes de gestionar: el reparto de menores migrantes. Después de que algunos mandatarios del Partido Popular, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso -que este miércoles ha anunciado que acudirá a los tribunales- o el valenciano Carlos Mazón -que ha extraído esta cuestión de sus presupuestos-, ahora cabe sumar el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre quien Vox ha puesto el foco con un órdago del que no se moverán.
El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha advertido al mandatario popular que su formación está dispuesta a negociar los presupuestos autonómicos, siempre y cuando su Gobierno realice una declaración institucional para rechazar la inmigración ilegal y no sumarse al plan estatal de reparto de menores entre los distintos territorios. "Le lanzo un órdago, señor Mañueco, salga mañana usted con una declaración institucional como la que hizo el señor Mazón, diciendo lo que ha dicho hoy aquí, que rechaza la inmigración ilegal y que no va a aceptar ni a un 'mena' más en Castilla y León", ha exigido este miércoles.
A modo de réplica, Mañueco ha contestado: “¿Me está diciendo a mí que lo que firma otro presidente autonómico lo tiene que firmar el presidente de Castilla y León si queremos contar con ustedes?”, ha planteado, en clara alusión al caso valenciano.
En este sentido, el presidente castellanoleonés ha pedido a Vox que “despierten de su letargo y pesadilla amarga” para regresar a la senda de la cordialidad para encauzar las negociaciones sobre los presupuestos autonómicos “sin amenazas ni chantajes”: “A este Gobierno no le amenaza ni chantajea nadie, ni su partido ni nadie”, ha zanjado.
Mazón y Ayuso marcan el paso
Lo cierto es que esta tónica ya venía desde otros puntos de la geografía española, concretamente, desde los gobiernos autonómicos al mando del PP y que precisan del apoyo de Vox para impulsar sus partidas presupuestarias. En palabras del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el que ha venido “marcando el paso” de esta postura, logrando acuerdos presupuestarios entre ambas formaciones de derechas para sacar adelante sus cuentas.
Los requisitos de los de Santiago Abascal son claros: "Una declaración contundente contra las políticas migratorias y el Pacto Verde", unas cuestiones que apuntan que “no pueden negociar”, instando así a la cúpula territorial de Alberto Núñez Feijóo a no caer en “declaraciones titubeantes” al respecto.
Fue el pasado 17 de marzo cuando Mazón anunció su pacto sellado con Vox para sacar adelante sus presupuestos. Un acuerdo que llegó in extremis bajo el marco de la gestión de la DANA y consecutivos retrasos del calendario parlamentario valenciano. Al detalle, las medidas de Vox quedaron impregnadas, pasando así, entre otras cuestiones, por defender la agenda antimigratoria.
“Coincidimos con Vox que ha manifestado su rechazo a la política migratoria del Gobierno central en todo momento. Es evidente que la inmigración ilegal masiva necesita nueva política a nivel nacional y europeo. Necesitamos acelerar con urgencia las expulsiones de los inmigrantes ilegales”, sostuvo entonces Mazón. En la misma línea, este miércoles defendió que sus cuentas públicas “son las de la recuperación y los de la sanidad”, situándolos como “los más importantes de la Comunitat Valenciana”.
En paralelo, fijando el foco en la Comunidad de Madrid, su presidenta, anunció una medida más allá, llevando este mismo reparto de menores al plano judicial. Isabel Díaz Ayuso presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto estatal que se acordó entre Gobierno y Junts y por el cual se modifica la Ley de Extranjería.
El Consejo del Ejecutivo de la Puerta del Sol acordó recurrir este decreto, el cual obliga a reubicar a 4.400 menores migrantes que vienen desde Canarias y Ceuta al considerar que es un reparto “discrecional”. A su vez, el Gobierno de Ayuso denunció que se encuentran “sobresaturaros por encima del 150%” de sus capacidades, cuando deberían acoger entre 700 y 800 menores según este modelo de reparto. Una postura que ha recibido la pronta réplica de la oposición, tanto que los socialistas madrileños han considerado que tiene “tintes racistas” porque “no tuvo ningún problema en acoger a ucranianos”.
Sin olvidar el resto del plano territorial, desde Vox, aún perciben como “complicados” los presupuestos en otras autonomías del PP, como son los casos de Aragón o Murcia; mientras que en Extremadura o Baleares ya los dan por perdidos.
El pacto migratorio, al detalle
Un día más tarde a la decisión de la Generalitat valenciana, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, por la cual se permitió la creación del sistema obligatorio del reparto de menores no acompañados en todo el territorio español. Un procedimiento que se vio estancado el pasado verano ante la negativa de Junts -que ahora lo ha avalado- y del PP.
Las primeras proyecciones apuntan a que Madrid acogería unos 800 menores migrantes, Andalucía 795 y Comunitat Valenciana unos 478. Mientras, otras autonomías como Cataluña, Baleares y País Vasco recibirían menor volumen de estos menores, entre 80 y 30. Actualmente, Canarias tutela a más de 5.500 niños y adolescentes repartidos por todo el Archipiélago, teniendo en cuenta las múltiples advertencias del Gobierno de Fernando Clavijo de la saturación de sus servicios.
