Cuatro directivas del SAS, las primeras denunciadas por el cribado del cáncer de mama: "Negligencia estructural"

El caso de los fallos en el cribado del cáncer de mama entra de lleno en la arena judicial. Tras la asunción de las primeras responsabilidades políticas, con la dimisión de la consejera Rocío Hernández. Adelante Andalucía ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Andalucía a cuatro responsables del Gobierno de Juanma Moreno, entre ellas la actual consejera de Salud, por lo que considera una “cadena de negligencias” en la detección de posibles tumores en mujeres andaluzas. La coalición reclama que se depuren responsabilidades más allá de lo político.

Las denunciadas: cuatro altas responsables del sistema sanitario andaluz

La denuncia, registrada este martes por la portavoz de Adelante, Maribel Mora, señala directamente a Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo hasta este mismo miércoles; Catalina García, su predecesora en el cargo; María Luisa del Moral, viceconsejera de Salud; y Valle García, gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Todas ellas, según el escrito remitido a la Fiscalía, habrían tenido conocimiento o responsabilidad directa sobre los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama y no habrían actuado “con la diligencia debida” para evitarlos.

Desde Adelante Andalucía se acusa a las denunciadas de lesiones por imprudencia grave, homicidio imprudente y omisión del deber de prestar servicios sanitarios, entre otros posibles delitos. Según la formación, el caso no se limita a un problema técnico o de gestión, sino que refleja una “negligencia estructural” dentro del sistema de salud andaluz.

Un fallo que afecta a miles de mujeres

El escándalo estalló tras conocerse que miles de mujeres andaluzas podrían haber recibido un seguimiento incompleto o erróneo en sus mamografías dentro del programa de cribado. Diversos informes internos del SAS revelaron que un número indeterminado de casos con resultados “no concluyentes” no fueron citados para pruebas complementarias durante años, lo que habría retrasado diagnósticos e incluso agravado enfermedades ya detectadas.

La asociación Amama, que agrupa a mujeres afectadas por cáncer de mama, asegura que estos fallos no son aislados: “Hay varias mujeres muertas ya por retrasos en los diagnósticos”, denunció su presidenta, Ángela Claverol, quien exige responsabilidades a la Junta de Andalucía y reclama que “no se puede jugar con la vida de las mujeres”.

La consejera de Salud, Rocío Hernández, reconoció públicamente “errores en la comunicación de resultados”, aunque los atribuyó a problemas informáticos y a una “descoordinación administrativa heredada”. La Junta ha anunciado un plan de choque para contactar a las mujeres afectadas y revisar al menos 2.000 mamografías dudosas.

Pese a ello, la denuncia de Adelante insiste en que las irregularidades no se pueden explicar únicamente por fallos técnicos. “Aquí no estamos hablando de un error informático, sino de una cadena de negligencias humanas que podría haber costado vidas”, declaró Mora, que pide que la Fiscalía determine si hubo omisión consciente de protocolos médicos.

El caso ha provocado una fuerte sacudida política en Andalucía. Izquierda Unida ya había presentado otra denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los mismos hechos, mientras que el PSOE-A ha pedido una comisión parlamentaria para esclarecer cuántas mujeres se han visto afectadas. Desde el PP andaluz, se defiende que el Gobierno “actuó con rapidez” una vez detectado el problema, y que el plan de revisión garantizará que “ninguna mujer quede sin seguimiento”.

Las asociaciones feministas y de pacientes, sin embargo, consideran insuficiente la respuesta institucional. “No basta con revisar mamografías; hace falta una auditoría completa del sistema”, reclama la Federación Andaluza de Mujeres por la Salud, que ha anunciado concentraciones ante las sedes del SAS en Sevilla y Málaga.

La Fiscalía abre diligencias informativas

La Fiscalía Superior de Andalucía ha confirmado que estudia las denuncias recibidas tanto de Adelante como de colectivos sanitarios. En paralelo, el Defensor del Paciente ha aportado documentación que apunta a una posible vulneración del derecho a la salud y a la vida de las afectadas.

Fuentes judiciales indican que, de acreditarse indicios suficientes, se podrían abrir diligencias penales contra las responsables políticas y técnicas mencionadas en el escrito. De momento, se están recabando informes del SAS y de los distritos sanitarios implicados.

Para Adelante Andalucía, el caso representa “una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años en la comunidad”. La coalición sostiene que no basta con asumir responsabilidades administrativas, sino que debe investigarse si la gestión del programa de cribado incurrió en negligencia criminal. “Esto no va de colores políticos, va de justicia, de mujeres que confiaron en un sistema que debía protegerlas”, concluyó Maribel Mora ante los medios tras registrar la denuncia.