Incertidumbres y excepcionalidades del fallo del Supremo contra el fiscal: "Es incuestionable la división"

Este jueves, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado, por un Tribunal Supremo dividido, a dos años de inhabilitación para el cargo y a una multa de 7.200 euros (20 euros diarios durante 12 meses) por el delito de revelación de secretos. El fallo se ha hecho público, pero no la sentencia, que todavía está pendiente de redacción y que ha puesto en vilo a una buena parte de la sociedad española que, viendo cómo ha trascurrido el devenir del juicio, confiaba en la inocencia de García Ortiz. Del caso han llamado la atención varias cosas: su celeridad, ya que el fallo ha tardado tan solo una semana en emitirse; las discrepancias; ya que incorporará dos votos particulares emitidos por las magistradas de la Sala II Ana María Ferrer García y Susana Polo García que disienten de la misma; y la filtración de la condena sin que se conozcan todavía los motivos que el Supremo encuentra para sancionarle.

El juicio al fiscal general del Estado ha durado dos semanas en el Tribunal Supremo. El pasado jueves llegaba a su fin con las conclusiones del tribunal sobre la revelación de secretos, ya con condena, con motivo de la filtración del correo del letrado de Alberto González Amador al Ministerio Público. De ellas, habiéndose escuchado todas las partes -tanto las acusaciones populares del novio de Isabel Díaz Ayuso como el ICAM, hasta la defensa de parte de la Abogacía del Estado-, la última fase recayó en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien no hizo uso de su derecho a la última palabra, lo que declinó en que el juicio fuera declarado visto para sentencia. La sede del Alto Tribunal fue escenario esos días de un desfile de personalidades conocidas del ámbito judicial, político y mediático: desde el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez; pasando por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y periodistas de distintos medios que aseguraron que la fuente no fue el propio García Ortiz, hasta figuras políticas como el exlíder del PSOE-M, Juan Lobato. Ahora, tan solo 7 días después, los magistrados han llegado a un acuerdo por el que cinco de ellos han condenado a García Ortiz, mientras que otras dos magistradas han emitido el citado voto particular, ya que creen que el fiscal general debería haber sido absuelto.

Un Tribunal Supremo dividido

ElPlural.com se ha puesto en contacto con Juezas y Jueces para la Democracia, y ha sido atendido por su portavoz, Edmundo Rodríguez, que valora esta situación con cautela pero destaca la no unanimidad del tribunal. "Es difícil opinar porque no tenemos la motivación de la sentencia. Lo que tenemos es un dato incuestionable, y es que sabemos es que el Tribunal Supremo está dividido, ya que hay dos votos particulares y ya se produjo otro en la apertura del juicio oral. Es un tema complicado porque al menos tres magistrados del Supremo consideraban que no era procedente condenarle", arranca el portavoz.

"No se conoce la fundamentación jurídica de la condena. Solo se conoce el fallo. No se conocen ni las razones de la mayoría para condenarle ni las de los discrepantes para defender su inocencia. Con ello, por el momento, solo se puede constatar la profunda división del Supremo. Tres magistrados entienden que no debería haber sido condenado. Veremos, cuando salga la sentencia, cuáles son las razones que se dan para justificarla", explica Rodríguez.

"Hay que ver los términos de la fundamentación jurídica de la sentencia. Igual hubiera sido conveniente esperar a tener la totalidad de la sentencia antes de hacer público el fallo, porque ahora hay una condena pero no sabemos los motivos, y una buena parte de la sociedad que está perpleja. Esperemos que se den prisa en esa redacción y que sean convincentes, porque hay una buena parte de la sociedad convencida de la inocencia del fiscal general del Estado", ha lamentado también.

"Y esa parte de la sociedad, que no es poca, cree que el fiscal es inocente después de haber visto los términos en los que discurrió el juicio. Si no lo es, habrá que demostrarlo con los motivos de la condena, porque de lo contrario el prestigio de la justicia puede quedar en entredicho", ha sentenciado Rodríguez a este medio.

"Con esta sentencia, todos perdemos"

En otras consideraciones más generales, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia considera que la sentencia que la condena al Fiscal General del Estado no supone la victoria de nadie, sino que "todos perdemos". Rodríguez entiende que "la sentencia evidencia la división en el Tribunal Supremo, como la ha habido también la propia fiscalía o en la abogacía institucional".

"Ya se constató tal división con el voto particular del magistrado Andrés Palomo al acordarse la apertura del juicio oral, y ahora se reitera con los votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo. Esto no es una buena noticia para el Estado de Derecho, no sólo por la condena al fiscal general, sino porque muestra una fractura clara del máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo", lamenta. El magistrado considera que "precisamente la división en el Tribunal Supremo puede propiciar que todo el proceso continúe con peticiones de amparo".

 En una última consideración personal, Rodríguez valora que es un tema espinoso socialmente, en tanto que "la sentencia no va ser comprendida por buena parte de la sociedad, convencida de la inocencia del Fiscal General".