“El presidente del Gobierno tienen que convocar elecciones” y “el defraudador confeso con el que convive Isabel Díaz Ayuso es un ciudadano particular perseguido”. Estas son las dos tesis por las que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, activó el generador de bulos, sus medios afines funcionaron como altavoces y el Poder Judicial ha hecho lo que podía hacer, como le mandataba José María Aznar. El fiscal general del Estado ha caído y la derecha jalea. A la izquierda, contención y desazón.
“Abuso de poder y ataque a la independencia judicial”, ha bramado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al conocer el fallo sin sentencia. Es “un peón en la estrategia del Gobierno” para “atacar a una presidenta de comunidad”, ha añadido, casi con miedo a defender abiertamente a Ayuso. Y una vez más, a coro conservador, ha reclamado la “devolución de la voz a los españoles para decidir qué futuro político deseamos”. Porque al final la Justicia en Génova nunca ha sido lo más importante, sino ostentar el poder para repartir juego.
La pasarela de vestiduras rasgadas no se ha detenido en el mandamás. “El fiscal de Sánchez es un delincuente”, ha corrido Miguel Tellado a demostrar que se merece el ascenso a número dos del PP. Y, por si no había quedado claro, ha repetido que “la inhabilitación de García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir”. “La izquierda abonando el guerracivilismo porque no soporta que no haya impunidad para sus delincuentes”, ha añadido otra de las personalidades ascendidas, Ester Muñoz. “La reconstrucción de la convivencia y el respeto a la ley, seas quien seas, van a ser prioridad en cuanto este gobierno caiga”, ha apuntalado la portavoz.
¿Estarán pidiendo elecciones? Sea como fuere, en Cibeles el desfile de opinadores ha tomado otros derroteros. “No se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular”, ha defendido Ayuso a su novio, que se ha atrevido hasta con el inglés. “Inhabilitados políticamente quedan también el presidente y los ministros”, ha completado su portavoz, Miguel Ángel García. “El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro”, ha añadido el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, exclusivamente en castellano.
Gran día para los Ayuso: condena para el fiscal por combatir un bulo de MAR que buscaba defender al novio de la presidenta y ático nuevo en Chamberí comprado a un amigo a precio de ganga. A la par, llueve a mares en Moncloa, donde las principales personalidades del Ejecutivo se refugian a la espera de que pase el temporal o de que un golpe de aire desplace las nubes de nuevo hasta la Puerta del Sol (Génova hace tiempo que perdió la relevancia).
El Gobierno se contiene
“Viendo lo que está pasando en el mundo, en nuestras sociedades, creo que más que nunca seguimos necesitando coraje. Porque la democracia no es un estado que se conquista de forma permanente, es un privilegio que debemos defender cada día. ¿Y de qué debemos defenderlo? Debemos defenderlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación, y también abusos de poder”. La valoración del jefe del Ejecutivo se ha producido en abstracto, pero con claras alusiones a la sentencia.
“La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece”, ha añadido, trasladando el “firme deseo” de su Gobierno “de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla”. Una de las voces de las que esperábamos quizá una reacción más directa, la de Óscar Puente, tampoco ha aparecido. “Los del plan se olvidan de que algún día habrá que volver a votar”, se ha limitado a escribir el ministro de Transportes, que minutos antes garantizaba silencio con una publicación en redes.
Por su parte, el ministro de Justicia ha replicado el argumentario oficial de Moncloa. “El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero el moral de decir que no lo compartimos. El Ejecutivo siempre ha creído y defendido la inocencia del fiscal general”, ha expuesto Félix Bolaños. “El Poder Judicial ha hablado”, pero eso no significa que haya que coincidir. Desacuerdo con la sentencia y apoyo a García Ortiz, esa es la valoración oficial del Gobierno y, en consecuencia, del máximo responsable de la judicatura.
El más duro de los de dentro del Ejecutivo ha sido Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Pero lo ha sido más en su faceta de secretario general del PSOE de Madrid, rivalizando con Ayuso. "No puede ser. A mí este fallo me parece que lanza un mensaje demoledor y es 'no te atrevas a tocar a Ayuso, no te atrevas, como te atrevas, va pa'lante', como dice Miguel Ángel Rodríguez", ha denunciado. "Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?", ha zanjado.
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