¿Y ahora qué? Los siguientes pasos del fiscal general del Estado antes de llegar al Tribunal Constitucional

Este jueves el Tribunal Supremo ha emitido el fallo referente a la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con dicho fallo, el Alto Tribunal atribuye al fiscal general la autoría de la revelación del correo electrónico en el que el novio de la presidenta madrileña reconocía haber cometido dos delitos fiscales. 

La resolución, que todavía no se ha presentado por escrito y se notificará en legal forma en los próximos días, ha sido suscrita por cinco de los siete magistrados que formaban el tribunal. Así, incorporará dos votos particulares emitidos por las magistradas de la Sala II Ana María Ferrer García y Susana Polo García que mostraban su voluntad por la absolución del fiscal general. “La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma”, reza la providencia dictada este jueves. 

Ahora bien, con el fallo y la sentencia pendiente de rubricar -tarea que le compete al presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral y Carmen Lamela-, ¿cuáles son los próximos pasos a dar por parte del fiscal general? Una vez que la sentencia quede notificada, García Ortiz podrá presentar un incidente de nulidad ante el propio Supremo, una vía que no suele salir adelante en la mayoría de los casos, pero que resulta necesaria antes de recurrir al Tribunal Constitucional (TC). En ese caso, el fiscal general podría solicitar a la corte de garantías que suspenda de forma cautelar la condena hasta que se resolviera el recurso contra el fallo del Supremo exponiendo como motivos lo que considere necesario una vez se conozcan todos los puntos que desglosen los magistrados en la sentencia final. Cabe destacar en este punto que, no obstante, este recurso de amparo no es suspensivo, es decir, García Ortiz deberá seguir cumpliendo con la condena siempre y cuando los tribunales no le concedan algún tipo de medida cautelar. 

Dos votos progresistas respaldaban la absolución

Pese a que ahora el fiscal general deberá cumplir condena al margen de los recursos que pueda presentar, lo cierto es que esta sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no se ha emitido de forma unánime. Cinco de los siete magistrados del tribunal han votado por la condena pero dos de los miembros de este han rechazado firmar la condena de García Ortiz. Son las dos juezas progresistas Susana Polo García y Ana María Ferrer García las que han anunciado votos particulares con los que se oponen a la decisión de sus compañeros. 

Cabe señalar que Polo era, en un primer momento, la magistrada ponente pero al hacer pública su postura, ha cedido su cargo a Andrés Martínez Arrieta, presidenta de la Sala. Tanto esta última como Ferrer han sido conocidas en los últimos años por emitir votos particulares en contra de casos de amplio recorrido judicial y mediático como la causa contra Alberto Rodríguez por agredir a un antidisturbios, los ERE en Andalucía u otras causas vinculadas a la amnistía.

La sentencia, apenas una semana del final del juicio

Esta resolución del Supremo se ha comunicado después de un juicio que ha durado dos semanas. Su punto final se ponía el pasado jueves con las conclusiones del tribunal sobre revelación de secretos a razón de la filtración del correo por parte García Ortiz en el que González Amador reconocía haber incurrido en delitos fiscales. Tras recoger los testimonios de las acusaciones populares del novio de Ayuso, el ICAM y la defensa de parte de la Abogacía del Estado, el último turno recayó en el jefe del Ministerio Público, que, tras no hacer uso de su derecho a la última palabra, el juicio fue declarado visto para sentencia. 

Al hilo de ello, cierto es que la sede del Alto Tribunal fue escenario de un desfile de reconocidas figuras del ámbito judicial, político y mediático: desde el novio de la presidenta madrileña; el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez; agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, periodistas de múltiples medios y rostros políticos conocidos como el exlíder del PSOE-M, Juan Lobato.