El Supremo declara el juicio del fiscal general visto para sentencia tras sostener la defensa que "no hay pruebas"

Tras dos semanas de juicio frenético en el Tribunal Supremo, este jueves ha llegado a su fin con las conclusiones del tribunal sobre la presunta revelación de secretos con motivo de la filtración del correo del letrado de Alberto González Amador al Ministerio Público, escenario que ahora queda visto para sentencia. De ellas, habiéndose escuchado todas las partes -tanto las acusaciones populares del novio de Isabel Díaz Ayuso como el ICAM, hasta la defensa de parte de la Abogacía del Estado-, la última fase ha recaído en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien no ha hecho uso de su derecho a la última palabra, lo que ha declinado en que el juicio haya sido declarado visto para sentencia.

La sede del Alto Tribunal ha sido escenario estos últimos días de un desfile de personalidades conocidas del ámbito judicial, político y mediático: desde el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez; pasando por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y periodistas de distintos medios, hasta figuras políticas como el exlíder del PSOE-M, Juan Lobato.

Sobre el fiscal general, tal y como reclaman las acusaciones de González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid, podría caer una condena de hasta seis años de prisión, otros 12 años de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.

"Juicio paralelo basado en conjeturas", según la Abogacía del Estado

Bajo esta premisa, en la última parte de la sesión de este jueves en el Supremo, el turno de palabra ha recaído sobre la Abogacía del Estado, representada por el letrado José Ignacio Ocio, quien ha hecho hincapié en la existencia de un “juicio paralelo basado en conjeturas”: "Se ha podido generar, sin ningún género de dudas, un auténtico juicio paralelo -basado en conjeturas, en filtraciones y lecturas parciales- que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del fiscal general del Estado", ha afirmado.

Con respecto a la filtración del correo, Ocio ha insistido en que centenares de personas pudieron acceder al email entre la defensa de González Amador y la Fiscalía, por lo que considera que “existió una voluntad de no investigar a todas estas personas” para poder redirigir finalmente la causa contra el fiscal general. A su vez, ha reiterado que la única filtración “acreditada” fue la impulsada por el correo del fiscal de delitos económicos, Julián Salto, al abogado del novio de Ayuso el 12 de marzo. Por esta exposición de motivos, la Abogacía del Estado ve “razonable pensar” que fue Miguel Ángel Rodríguez quien tenía el correo del 2 de febrero -desde el que parte la razón de la investigación-, también el de Salto, del día 12.

De la misma manera, ha ahondado en que en la querella "no se hace referencia a que Neira mandó ese correo a la Abogacía del Estado", reiterando que, la defensa de González Amador "ocultó una interacción interesante, la que mantuvo con un periodista de 'El Mundo'": “¿Cuántas cosas más ignoramos por la mala fe del querellante que ha omitido datos relevantes?”, ha ahondado; un gesto que, considera, "que el secreto pierda ese carácter".

En estos términos, la Abogacía del Estado ha insistido en que “no hay ninguna prueba de que ese correo de 2 de febrero llegase porque así lo ordenase el fiscal general del Estado”, ha defendido. Tras haber concluido su exposición, García Ortiz ha declinado hacer uso de su derecho a la última palabra, por lo que el tribunal del Supremo ha declarado el juicio visto para sentencia, dando así por concluida la sesión.

La Fiscalía incide en el relato de los periodistas

Por su parte, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado dar orden a la UCO para devolver o destruir la copia de la información que obtuvo en los registros del despacho del fiscal general y la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en referencia así a las informaciones obtenidas el 30 de octubre de 2024.

"Esta Fiscalía está muy preocupada por el uso de la información que se ha obtenido, sobre todo del despacho de la fiscal jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la que se hizo una segunda copia, que está en posesión de la UCO", ha defendido. Cabe recordar que los agentes sólo se llevaron una copia, aunque declararon este miércoles que recogieron más información de la autorizada judicialmente, y que volcaron en su totalidad lo ha encontrado -pese no haber respetado los tiempos del magistrado-.

En cuanto al papel de García Ortiz, la teniente fiscal ha defendido que, si el investigado hubiera “filtrado” el correo que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía reconociendo el doble delito fiscal y proponiendo un pacto de conformidad, “en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida” por distintos medios de comunicación.

En estos términos, entiende que no hay indicios suficientes para condenar al fiscal general por la presunta revelación de secretos, recalcando así que los periodistas de distintos medios –‘Cadena SER’, 'elDiario.es', 'El País', ‘LaSexta’ y ‘ElPlural’- tuvieron acceso al correo del abogado del novio de Ayuso antes que el propio García Ortiz, quien lo recibió en la noche del 13 de marzo de 2024. Por ello, ha defendido que, sobre el borrado de WhastApp del investigado, “aparte de legítimo no ha tenido ninguna trascendencia”.

El novio de Ayuso insiste en la culpabilidad del fiscal general

Por último, de parte de las acusaciones, en este último tramo del juicio, han persistido sus acusaciones hacia García Ortiz. Por un lado, González Amador, en voz del abogado Gabriel Ramos, ha vuelto a sostener que la filtración de su correo al Ministerio Público destrozó su presunción de inocencia al transmitir que es “un delincuente confeso”, a lo que ha añadido que le impuso una "sentencia popular" a nivel mediático que declinó en "moneda política".

"No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena", ha esgrimido. Al tiempo, ha añadido que la trascendencia política del caso convirtió al novio de Ayuso en objetivo bajo un “relato institucional”, situando así el foco en Moncloa: “Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente. Una maquinaria de comunicación", ha agregado.

En la misma dirección se ha pronunciado la segunda acusación popular defendida por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que, en voz del abogado Ignacio de Luis, se ha postulado en la causa en defensa del “sacro” secreto profesional, y que lo habría hecho de la misma manera si en vez del "novio de" fuera la "esposa de", en clara referencia a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. "Precisamente eso es lo que justifica que entendamos que este deber es sacro (...) No se puede sacrificar en ningún altar de la oportunidad política", ha declarado.