Las millonarias indemnizaciones que preceden a las reclamaciones a las que se enfrenta Moreno Bonilla con el cribado del cáncer

Andalucía venía alzando la voz en los últimos tiempos por su Sanidad pública. Las extensas listas de espera, la falta de personas en muchos centros sanitarios de la comunidad autónoma, el cierre de especialidades en distintos hospitales de Alta Resolución y los recursos cada vez más limitados con los que se cuenta en muchos lugares ha provocado un clima de tensión en esta región española, donde muchos se ven obligados a hacer un esfuerzo económico y acudir a la alternativa privada para que sus problemas de salud sean tratados. No obstante, a pesar de todo esto, lejos quedaba concebir que pudieran darse situaciones muy preocupantes como la que se ha conocido en relación al cribado de cáncer de mama.

El descontento por el funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba ya presente en la mayoría del territorio; sin embargo, a ello se ha sumado ahora una sensación de desconfianza sobre si realmente se efectúa una protección y cuidado del ciudadano, provocando temor en muchos que se encuentran esperando resultados de pruebas diagnósticas y que viven en este momento con una incertidumbre de si no llega por el estado del sistema o si podrían estar padeciendo un cáncer sin saberlo al no habérselo comunicado.

A continuación, se hace un recorrido a cómo han transcurrido, hasta el momento, los hechos de uno de los mayores escándalos de la Sanidad pública en los últimos años y se muestran ocasiones en las que el SAS debió de indemnizar a pacientes y familiares. Una indagación que se realiza para establecer un marco con el que observar a qué tipo de compensaciones económicas se enfrentaría la Junta de Andalucía ahora que varias entidades y organismos han anunciado denuncias. Las que son expuestas a continuación van desde los 100.000 euros a más de 200.000, siendo algunas de ellas por retrasos en los diagnósticos o comunicación de resultados.

El caos del cribado del cáncer de mama

La pasada semana estallaba la noticia al conocerse la historia de Lola, quien narraba en la Cadena SER a Angels Barceló la experiencia que está viviendo como paciente, al explicarle que su cirujano le decía que no sabía cuándo iba a poder operarla, pero que "no se preocupara que ya estaba diagnosticada". Así, con la intención de tranquilizarla ante el tiempo que podría tener que esperar para ser intervenida, el médico le confesó que "había casos de mujeres cuyo cribado había dejado pruebas sospechosas o, incluso, casi contundentes de que padecían cáncer y que, todavía, no se les había informado".

Un testimonio llamativo que secundó las palabras de María, quien tras hacerse una mamografía en marzo de 2023 no recibió ningún tipo de información sobre los resultados de la misma hasta abril de 2025. Al pasar tanto tiempo, María supuso que no habría problema y que, por ello, no había recibido notificación; sin embargo, dos años más tarde de aquella mamografía recibió una carta en la que le informaban de que se habían analizado los resultados, dejando estos indicios de un posible cáncer y, por ello, la citaban para hacerle una ecografía en mayo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

A los de Lola y María se sumaron algunos testimonios más que, desde la Junta de Andalucía, fueron acusados de intento de manipulación de la imagen del SAS. No obstante, escasos días más tarde sería la propia Administración autonómica la que reconocería un fallo en el sistema que habría afectado, al menos, a 2.000 mujeres.

El Ejecutivo de Moreno Bonilla da cuatro versiones en menos de una semana

Como se hacía mención, era la propia consejera de Salud, Rocío Hernández, la que, tras conocerse estos primeros testimonios, salía para asegurar que esta situación se daba solo en “dos o tres casos aislados” y que había una intención de atacar a la reputación de SAS. Si bien, poco tardó en cambiar la Junta de Andalucía esta posición pasando a apuntar que serían, al menos, 2.000 las mujeres andaluzas cuyas mamografías presentan "alguna duda" y que aún no habían sido informadas.

Escasas jornadas después aparecería también el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien, en un intento de justificar lo ocurrido, alegaba que los médicos ante pruebas no concluyentes pero con posibles indicios, decidían no comunicar los resultados y esperar a pruebas posteriores, con la intención de no provocar incomodidad. Todo ello, buscando no provocar un estado de ansiedad a la afectada y, de ahí, que las pacientes no dispusieran de información tras sus pruebas diagnósticas.

A Moreno Bonilla le seguía Antonio Sanz, que resultaba contradictorio al presidente autonómico, pues mientras Moreno Bonilla hablaba de una situación “normal”, el consejero de Presidencia pedía disculpas a las afectadas y alegaba que “esto no puede volver a ocurrir", señalando tanto al cribado de cáncer de mama como a cualquier otro protocolo relacionado con pruebas diagnósticas oncológicas.

Una serie de declaraciones que sigue sin dar respuestas a los andaluces sobre lo verdaderamente acontecido o explicar los cambios a aplicar en los protocolos. Unos protocolos que no son públicos; sin embargo, en los últimos días ha habido distintas declaraciones que indicaba que tanto por resultados positivos, negativos o no concluyentes, estos deben ser comunicados.

Temor por la posibilidad de que el sistema haya fallado en otros tipos de cáncer

Ante esto, además del miedo generado a numerosas mujeres, ha comenzado a darse una desconfianza y preocupación cada vez mayor en personas que se encuentran esperando resultados de otras pruebas oncológicas. Parece que el temor estaba fundamentado pues desde la asociación Amama han comunicado ya que hay grupos de afectados por el cáncer de colon que ya les han trasladado su preocupación, explicando que muchos llevan meses esperando conocer el diagnóstico.

No solo eso, sino que el secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, aseguraba en una entrevista reciente que hasta 3.000 personas estarían pendientes de conocer los resultados de unas biopsias que les realizaron en Málaga y que habrían caducado. Se trata de una cifra que, tal y como exponía, les ha llegado directamente de profesionales del SAS y que, ahora, se encuentran analizando mientras, según aseguraba, siguen recibiendo informaciones sobre casos de diferentes puntos de Andalucía que los propios sanitarios les trasladan para denunciar la situación.

“Nos están llegando de muchos puntos de Andalucía, no es algo puntual, es un fallo estructural del sistema”, sentenciaba.

Camino de los tribunales

En la tarde del 6 de octubre se pudo conocer que la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación por posibles negligencias en los cribados de cáncer de mama. Lo hacía tras la denuncia presentada por la asociación ‘El Defensor del Paciente’ sobre los errores en el programa de cribado de cáncer de mama en la comunidad autónoma.

Además, Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz anunció el viernes, 3 de octubre, que iniciará una investigación de oficio. Por su parte, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), colectivo que ha canalizado los testimonios de numerosas mujeres afectadas, tiene previsto reunirse este martes para conocer a las mujeres, identificarlas, saber cuántas son y, tras ello, adoptar las medidas oportunas.

A ello se suma la plataforma que FACUA ha puesto en marcha una plataforma y su equipo jurídico se encuentra recopilando información sobre los diferentes casos conocidos para estudiar las vías judiciales que pueden abrirse ante esta situación.

Por su parte, desde Izquierda Unida y Adelante Andalucía se ha denunciado ya ante la Fiscalía a la actual consejera de Salud, Rocío Hernández, y a sus antecesores, Catalina García y Jesús Aguirre, así como contra la viceconsejera de Salud, Luisa del Moral, y la gerente del SAS, Valle García. En el texto remitido se habla de presuntos delitos de “homicidio por imprudencia grave”, de “lesiones por imprudencia” y de “dejación de funciones del servicio público”, además del delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios. 

Ocasiones en las que el SAS ha debido indemnizar por negligencias

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, desvelaba este martes, 7 de octubre, que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes. "Esto es una catástrofe", denunciaba.

En una entrevista en Onda Local de Andalucía recogida por Europa Press, Claverol ha relatado el caso de un marido al que ha atendido este mismo martes en la sede de la entidad y cuya esposa falleció la semana pasada. "Nuestra realidad es ésta. Nuestra realidad son mujeres llorando todos los días. Nosotras sí tenemos empatía", ha señalado después de sostener que "los que están con ansiedad son ellos", en alusión al Gobierno andaluz.

En este punto, ha confirmado la presentación de una demanda colectiva sobre la que queda "fijar en qué términos" se hará. "Sólo les duele si les cuesta el dinero", ha manifestado la presidenta de Amama, que ha insistido en que "nuestro único enemigo es el cáncer de mama".

Ante este anuncio y los otros caminos judiciales que se están iniciando para aclarar tanto lo ocurrido como esclarecer a quien corresponde la responsabilidad de este caos, El Plural ha indagado en distintas ocasiones en las que el SAS ha debido compensar económicamente a familias o pacientes por las consecuencias de diferentes negligencias o las secuelas que han quedado fruto de ello. Unas indemnizaciones que podrían darse ahora y que, ante la cantidad de personas afectadas, que cada vez se extiende más, dibuja en el horizonte una posible cifra que alcanzaría una magnitud considerable.

Las que pasarán a mencionarse ahora se tratan solo de algunas sentencias impuestas al SAS en los dos últimos años por malas praxis llevadas a cabo por su profesionales o centros sanitarios; pero cuyas indemnizaciones muestran, aunque nunca se llegue a compensar lo suficiente a los afectados, el alto precio que se paga por fallos de este tipo, que adquieren tal gravedad en la vida de las personas.

Solo en este 2025, se han conocido distintas sentencias, como la que culminaba el proceso abierto por un suceso que tuvo lugar en el 2011 en el Hospital comarcal La Merced de Osuna (Sevilla), una demora asistencial hizo que un hombre perdiera una pierna, que se le debió amputar desde la rodilla diez después de una primera operación en el centro sanitario de Osuna donde no disponían de un servicio de cirugía especializado. Aquello hizo que una jueza condenara al SAS a indemnizarle con 180.000 euros.

También en este mismo año se condenó al Servicio Andaluz de Salud por la muerte de un paciente que falleció en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, donde ingresó en urgencias al presentar síntomas compatibles con una dolencia cardiaca. Un cuadro clínico grave; sin embargo, a pesar de que el hombre empeoraba mientras se encontraba en el centro sanitario, no era atendido y 19 horas de espera después sufrió un colapso que provocó su muerte, antes si quiera de que le viera un especialista. Una indemnización que debió pagar la Sanidad pública andaluza y que se enmarcó en cifras similares a una que se marcó por otro caso que fijó pagar al afectado 211.000 € tras diagnosticarse erróneamente un cuadro de ansiedad cuando había un infarto real, y otra de 259.000 € por un cáncer diagnosticado con excesiva tardanza.

El pasado mes de mayo se conocía otra sentencia relativa a un caso de julio de 2017. Hasta 200.000 euros marcó el juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla que tendría que pagar al SAS a una paciente por tardar más de un año en diagnosticarle el cáncer que padecía.

Entre otras tantas ocasiones en las que el SAS ha debido compensar económicamente a pacientes o familias, también se indicó en el 2024 que la Sanidad andaluza debía pagar 100.000 euros a los hijos de una mujer que murió olvidada en Urgencias.