El discurso del PP sobre el caso de los ERE, antes y después de la sentencia condenatoria conocida el martes 19, es fácil de resumir: basta recuperar las palabras de hace dos días del secretario general del partido, Teodoro García Egea, para quien lo ocurrido es “el mayor saqueo de las arcas públicas en la historia de España” y la confirmación de que “expresidentes del PSOE y exministros han robado dinero de los parados, que ha ido a parar a los bolsillos de dirigentes andaluces”.

Tras el procesamiento de 21 y la condena de 19 ex altos cargos socialistas por la Audiencia de Sevilla, la cantidad de ‘dinero-robado-a-los-parados-andaluces’ ha bajado algo con respecto a la que venía manejando el PP, pero la argumentación es hoy idéntica a la de, pongamos por caso, casi siete años atrás. Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, el 7 de febrero de 2013: “Se ha robado hasta 1.000 millones a los parados”.

Años de plomo judicial

Mientras la derecha ha venido repitiendo machaconamente esa gruesa acusación durante años, ¿con qué argumentario ha replicado en todo ese tiempo el Partido Socialista, tanto desde la dirección federal como desde la federación andaluza? La respuesta es: con ninguno.

En el hoy devastado el campo socialista todo ha sido silencio. Grado cero de la argumentación en la calle Ferraz y en la calle San Vicente.

Durante todos estos años de plomo judicial, el PSOE ha guardado un silencio que dejaba en la más absoluta orfandad argumental a quienes no podían creer que personas como Chaves, Griñán y la mayoría de quienes se sentarían finalmente en el banquillo hubieran delinquido deliberadamente durante años. Cuanto mayor era la mudez socialista, mayor era la verosimilitud conservadora.

En rigor, lo único que la masa de votantes, simpatizantes y afiliados socialistas han podido escuchar durante todo ese tiempo a sus líderes ha sido que los expresidentes eran personas honorables que no se habían llevado ni un céntimo.

Anatomía del silencio

Tan extrema reserva es bastante fácil de explicar en términos tácticos y aun orgánicos, pero no tanto de justificar en términos políticos: silencio fácil de explicar porque todos, líderes locales y líderes federales, tenían sobrados motivos para pensar que durante demasiados años demasiadas cosas no se hicieron bien en la Junta de Andalucía –demasiada discrecionalidad, demasiada arbitrariedad, demasiado descontrol–.

Pero silencio difícil de justificar políticamente porque, primero, la deserción socialista dejaba el campo mediático y político libre a la tesis de los ‘mil-millones-de-euros-robados-a-los-parados-andaluces’ y, segundo, porque fueron algo más de 6.000 los trabajadores de empresas en crisis que percibieron o están percibiendo ayudas, la mayoría de ellos legítimamente al haber trabajado en grandes empresas en crisis o en sectores social y económicamente estratégicos para las comarcas donde se desenvolvían: la cuenca minera de Huelva y Sevilla, la bahía de Cádiz o la comarca de Linares-La Carolina.

Tan culpable silencio y huidiza actitud del partido hacía muy difícil a la militancia socialista de a pie, por ejemplo, replicar a los postuladores del saqueo millonario que, si tan convencidos estaban del mismo, tendrían que haber explicado por qué no tenían la coherencia, el decoro o el coraje de reclamar a los miles de trabajadores que lo estaban percibiendo un dinero que, según aquellos, había sido producto del saqueo.

Humano, demasiado humano

Además de culpabilizar implícitamente a esos miles de extrabajadores cuyas percepciones, sin embargo, el propio Tribunal Supremo encontró justificadas, la –humana, demasiado humana– renuncia de la dirigencia socialista a esgrimir estos y otros datos de la causa ha agravado el sufrimiento personal y la soledad política de los encausados.

Y todavía peor: dicha retirada del campo de batalla ha posibilitado que durante años se difundieran, incluso por observadores de buena fe, multitud de análisis errados, informaciones inexactas y acusaciones ofensivas, al tiempo que quedaban sin respuesta las mentiras contra personas honorables: honorables, aun habiendo sido condenados, porque pierden el honor quienes roban, no quienes se equivocan.

Por no defender, desde la Junta socialista que dirigía Susana Díaz apenas se defendió políticamente su decisión –fundamentada en un bien armado recurso de 70 folios elaborado por los letrados del Gabinete Jurídico– de no personarse como acusación en la pieza política ahora sentenciada.

Decisión que, a su vez en fin, ahora le está sirviendo a Teresa Rodríguez, por Podemos, o a Juan Marín, por Ciudadanos, para proclamar al unísono un ’¡váyase, señora Díaz!’ acogido con explícita fruición por los muchos enemigos exteriores y con secreto regocijo por los no pocos interiores de la secretaria general de los socialistas andaluces.

 A propósito de los 6.000

Aquel escrito, por cierto, con el que el Gabinete Jurídico de la Junta recurría en octubre de 2016 el auto del juez Álvaro Martín de apertura de juicio oral, hacía una reflexión de sumo interés ahora, a la vista de que, por coherencia procesal, prudencia jurídica o cautela política, la sentencia de los ERE dicta duras condenas de prisión por malversación, pero no personaliza quién malversó cuánto ni quiénes fueron los beneficiarios del dinero malversado: el fallo judicial parece dar por sobreentendido que todos los condenados a penas de prisión son responsables de haber malversado los 680 millones en su integridad.

El escrito de la Junta, que la Audiencia de Sevilla desestimó en su día, decía lo siguiente al respecto: 

“El hecho de que el mismo auto de 26 de septiembre de 2016 no considere que deban comparecer en dicho procedimiento como partícipes a título lucrativo (ex art. 122 CP) los perceptores de ayudas sociolaborales [es decir, los 6.000 trabajadores] que no tienen la consideración de ‘intrusos’, permite presumir que el ámbito de la malversación (tal y como ya apuntaba la Exposición Razonada del Magistrado Instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo) se contraería a los pagos efectuados a los denominados ‘intrusos’ y no a todos los ex trabajadores beneficiados, y sólo en lo que respecta a los aspectos relativos a la concesión de cada subvención o ayuda”.

Pálpitos, intuiciones, hechos

Asunto tan crucial del caso merecería haber sido objeto de alguna mención en una sentencia de 1.821 folios y altísimo impacto social. Tal vez el Supremo, al analizar los recursos, sí entre en ello y deje de situarse, como en opinión de uno de los letrados de la defensa se sitúa la sentencia de Sevilla, “más en el terreno de las intuiciones y pálpitos que en el de la prueba de los hechos”.

Por lo demás y a expensas de lo que vaya precisando la justicia en los más de 150 juicios pendientes por cada una de las ayudas concedidas, las grandes cifras del caso difundidas a lo largo de la instrucción son bien conocidas: 12 millones habrían ido a parar a los bolsillos de unos 120 intrusos; 66 millones, a sobrecomisiones a mediadoras o aseguradoras; alrededor de 75, a ayudas directas a empresas o instituciones, no a trabajadores; y el grueso del dinero: 525 millones, a rentas y cuotas de Seguridad Social de los 6.000 trabajadores prejubilados de empresas que habrían tramitado su preceptivo Expediente de Regulación de Empleo.

En total, 680 millones. Los mismos 680 millones que la propaganda de unos, el silencio de otros y la pereza del resto han traducido en el tristemente célebre ‘dinero-robado-por-los-socialistas-a-los-parados-andaluces’.