Además de esperada, pocas veces una sentencia judicial habrá sido tan provisional como lo será la que este martes día 19 dicte la Audiencia de Sevilla. Y pocas veces habrá sido también tan incierta: pocos se atreven a adelantar un pronóstico sobre el fallo que ha de absolver o condenar a cada uno de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo.

A lo más que llegan los augurios de los más atrevidos es a conjeturar que habrá casi con toda seguridad condenas severas para todos o algunos de los procesados del área de Empleo, que era el departamento que decidía las ayudas y también quien las pagaba, aunque no directamente sino mediante transferencias de financiación al ente conocido primero como IFA y luego como IDEA, que era el que hacía efectivos los pagos.

La acusación

Enfrentados a peticiones que oscilan entre 6 y 8 años de cárcel y 10 a 30 años de inhabilitación, los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 ex altos cargos están acusados de implantar y mantener durante diez años un procedimiento cuyo objeto habría sido eludir el control previo de la Intervención General de la Junta para así poder llevar a cabo “un reparto discrecional o incluso arbitrario” de “partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.338.243 euros”.

Este era argumento nuclear del auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado Álvaro Martín Gómez el 31 de mayo de 2016, aunque la Fiscalía rebajó la cantidad supuestamente defraudada primero a 741 millones y finalmente a 680.

Las reiteradas advertencias de la Intervención General sobre lo irregular de tal procedimiento no fueron escuchadas por las Consejerías de Economía y Empleo, pero tampoco parece que la misma Intervención diera a sus propios reproches la importancia que sí les daría la instructora y las acusaciones y de ahí que quien firmaba los informes de alerta acabara también procesado.

El enigma de los 6.000

El mayor enigma de este juicio para las personas legas en derecho, pero también para no pocos de los acusados, es este: ¿por qué la misma justicia que sostiene que se defraudaron en torno a 700 millones de euros no exige su devolución a los algo más de 6.000 prejubilados que cobraron o siguen cobrando ayudas, dado que estas habrían sido otorgadas ilegalmente?

Aunque la ciencia jurídica tenga respuesta a ello, al sentido común le cuesta entender por qué esas 6.000 personas no han sido incluidas en la causa como partícipes a título lucrativo, que el artículo 122 del Código Penal identifica como aquellos que “hubieren participado de los efectos” aunque no en la actividad delictiva y que, por tanto, están “obligados a la restitución del beneficio obtenido”.

Otra cosa bien distinta y que a estas alturas pocos discuten, es que el modo descontrolado y arbitrario en que se hacían las cosas en la Consejería de Empleo merece un severísimo reproche político, extensible no solo a la nomenclatura del departamento sino, al menos por omisión, a la propia Presidencia de la Junta.

Ayudas 'buenas' ayudas 'malas'

El grueso de los beneficiarios fueron, como se sabe, mineros de la faja pirítica de Huelva, operarios de Delphi u obreros de Santana Motor. Pero entre los destinatarios de las ayudas también figuraban al menos varias decenas de personas del entorno del director general de Empleo Javier Guerrero, intrusos vinculados a líderes sindicales o políticos socialistas, empresas de pequeño tamaño para las que las ayudas no estaban justificadas o ayuntamientos y otras instituciones.

Así pareció, de hecho, entenderlo el propio juez instructor del Tribunal Supremo que vio la causa de los imputados que tenían condición de aforados por el Congreso o el Senado.

En el apartado de su Exposición Razonada dedicado al menoscabo de fondos públicos, subrayaba el juez Alberto Jorge Barreiro que “concurren supuestos de concesiones claramente fraudulentas que nunca se debieron conceder y otras de las que sí tendría que hacerse cargo el erario público “. No es esa, desde luego, la tesis de las acusaciones, para las cuales no cabe diferenciar entre ‘ayudas buenas’ y ‘ayudas malas’.

El decreto

Como se sabe, el Parlamento andaluz aprobó hace siete años el denominado ‘Decreto Ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección socio-laboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis’.

La Exposición de Motivos del decreto gubernamental subrayaba que se trataba de una actualización del sistema normativo que había venido dando amparo a las ayudas socio-laborales y prescribía que se habían de novar las pólizas pero excluyendo comisiones, con cual desaparecían las que, eventualmente, pudiera haber habido.

El decreto fue convalidado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 15 de noviembre de 2012, sin ningún voto en contra, ni siquiera del PP, que se abstuvo.

Es decir, a pesar de que en esas fechas la instrucción estaba ya muy avanzada, ningún diputado de la Cámara alegó entonces que el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas era flagrantemente ilegal y que, por tanto, el Parlamento no debía aprobar un decreto que permitía seguir pagando a los trabajadores unas ayudas que la justicia –y casi todos los diputados de la oposición– consideraba ilegales.

El móvil

Otro de los enigmas del macroproceso es que ninguno de los 21 procesados tiene cuentas en Suiza o un patrimonio oculto. Ninguno está acusado de haberse lucrado personalmente. Y ninguno tampoco de haber utilizado el dinero de los ERE para financiar al Partido Socialista.

De ahí la dificultad de las acusaciones para hallar un móvil verosímil que explique tal conducta supuestamente delictiva. El más socorrido es que durante diez años, no solo los políticos sino también funcionarios de alto rango como el Interventor General o el Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, habrían estado prevaricando, es decir, delinquiendo consciente y deliberadamente con el único fin de engrasar una gigantesca red clientelar que permitiría al PSOE ganar una y otra vez las elecciones.

El grado de inverosimilitud aumenta todavía más si se considera que los procesados habrían ejecutado su plan concertadamente y a la vista de todo el mundo, pues las partidas para ayudar a empresas en crisis estaban en la Ley de Presupuestos y la financiación de los ERE y las prejubilaciones en grandes corporaciones como Santana o Delphi eran del dominio público.