La polémica sigue rodeando a Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. A las diferentes exclusivas que ha ido sacando ElPlural.com se suma ahora la presunta negativa de la responsable de la ciudad malagueña a demoler un edificio ilegal de la época de Jesús Gil. Según adelanta elDiario.es, la edil primera se habría saltado una sentencia -dictada en 2009- que obliga a su ayuntamiento a restablecer la legalidad urbanística tumbando uno de los edificios ilegales que se levantaron entonces.

La investigación se encuentra en estos momentos en la Fiscalía del Tribunal Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le impusiera una multa de 1.000 euros y derivara la investigación al otro órgano, habida cuenta de que Muñoz continúa siendo senadora y, en consecuencia, aforada. “Tras el estudio de la numerosa documentación remitida, que dio lugar a la incoación de las presentes Diligencias de Investigación, ha podido concretarse los hechos denunciados, que ciertamente podrían ser constitutivos de delito del art. 410 o 556 ambos del CP, al parecer, cometidos por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Marbella, en el ejercicio de sus funciones como tal”, subraya el escrito.

El artículo 410 del Código Penal se refiere al delito de desobediencia de autoridades o funcionarios públicos que se nieguen “abiertamente” a cumplir las resoluciones judiciales y está penado con multa de tres a doce meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público en un tiempo estimado de entre medio año y dos años. Mientras tanto, el artículo 556 hace alusión a quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes y queda tipificado con penas de prisión de entre tres meses y un año o con multa de 18 meses.

En estos momentos la investigación ya tiene asignado un número de diligencias en la Fiscalía del Tribunal Supremo, quien aún no ha decidido si a la vista de los indicios presentará una querella contra la protagonista de estas líneas o firmará un decreto de archivo. Por su parte, el consistorio apunta que ya han tomado las “acciones pertinentes con la sentencia de nulidad”, según el medio mencionado.

En época de Jesús Gil

La apertura de la nueva investigación tiene lugar a petición de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía, quienes llevan mucho tiempo intentando que se cumpla la sentencia que dictaron hace casi 14 años y que por aquel entones anuló la licencia de obras de una vivienda construida en una parcela destinada a equipamiento comunitario en la planificación urbanística municipal, en la urbanización Artola.

La licencia fue una de las al menos 600 que fueron concedidas durante los años de Gil y que fueron después revocadas por los tribunales por ir contra la legalidad urbanística. En 2007, Ecologistas en Acción ya denunció a Muñoz, entonces recién nombrada alcaldesa, porque supuestamente se resistía a revisar de oficio las licencias aún a sabiendas de que eran ilegales. El hecho fue a más hasta el punto de que la responsable marbellí amagó en 2010 con una amnistía general mediante un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que quedó anulado en 2015 por el Tribunal Supremo.

De esta manera, todas las construcciones llevadas a cabo con licencia nula-incluida la de Artola y por la cual fueron condenado Julián Muñoz y otros cuatro concejales- volvieron a ser ilegales, pero el Ayuntamiento se negó a acatar la orden hasta que la comunidad de Artola logró que se dictara un auto de ejecución forzosa en mayo de 2017 y el juzgado ordenó la demolición.

La vivienda a la que hacen alusión estas líneas obedece a un chalet de 416 metros cuadrados repartidos por tres planas y situada sobre una parcela de 854 metros cuadrados que incluye piscina y jardín. El titular de la edificación es Brisas e Ventos Investimentos, S.L. y se podría vender “entre 945.000 y 1.279.000 euros”, según el portal Idealista.

El Ayuntamiento emplaza a que se trata de un tema “complejo” y “heredado” al que hay que aplicársele la “mediación judicial y la aplicación de medidas sustitutorias para cumplir con la ejecución de la sentencia”, mientras que el Tribunal Andaluz se refiere de manera clara a la demolición tanto de este inmueble como del resto de los aproximadamente 600 mencionados.

Nueva investigación para Ángeles Muñoz

La alcaldesa de Marbella se mantiene en el ojo del huracán, en este episodio concreto nuevamente por una cuestión de obras ilegales como las que el ElPlural.com reveló que habría llevado a cabo en una de sus viviendas. Una información que ella negó, pese a que después se la vio salir de uno del inmueble y de que en 2019 técnicos del Ayuntamiento ordenaron la “inmediata suspensión de las obras consistentes en reforma interior de vivienda, construcción de pilares y viga de manera para cubrición para adosarlo” por ir contra la “legalidad urbanística”.

Además, se requirió que se derribase lo construido y se impuso una sanción económica. Ni una cosa ni la otra se llevó a cabo, de manera que la obra seguía construida a finales de 2022 -cuando este medio publicó la información- sin cumplir el expediente de reposición al estado inicial y sin pagar la sanción económica.

En la misma línea, María del Carmen Díaz García, directora general de Cultura, Educación y Patrimonio de Marbella a propuesta de Muñoz y con una retribución anual de 60.000 euros, también realizó otra obra ilegal cuando era concejala del PP a cuyos expedientes tuvo acceso ElPlural.com y con el que se le impuso una multa de 3.113,25 euros que no fue abonada.

Estas son solo algunas de las controversias que se mantienen en torno a Muñoz, a quien rodean varios escándalos en los últimos meses. El pasado mes de octubre se desveló que su hijastro había sido procesado por la Audiencia Nacional por presuntamente liderar una red de narcotráfico y blanqueo internacional, procesamiento por el que su marido -fallecido recientemente- se libró debido a su estado de salud. Además, se informó también de que el ayuntamiento de Marbella habría contratado al menos en cinco ocasiones por valor de 642.000 euros a una empresa que el juez considera una tapadera de la trama mientras que los contratos no aparecen.

A ello hay que añadirle otras cuestiones reveladas por este medio como que Muñoz mintió en su declaración de intereses en el Senado al no inscribirse en 2021 que había recibido una donación millonaria pese a que ella misma reconoció lo contrario. También que fue condenada en Suecia por no pagar a su carpintero 8.000 euros que le debía por la reforma de mansión de lujo.

Contratos a dedo, una sociedad en el extranjero que recibió de su marido cuando éste era investigado que nunca ha aparecido en los registros públicos de bienes y que se creó para manejar patrimonio en España o una querella por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el medio ambiente vinculados a la actividad de la discoteca Opium son otros de los puntos polémicos de su gestión, pese a la cual y a falta de que aclare el incremento de su patrimonio será candidata a la reelección como alcaldesa de Marbella, tal y como ha adelantado en los últimos meses el presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.