Desenterrar a las víctimas de la guerra civil de las fosas comunes y demás lugares más o menos conocidos donde yacen sin digno reposo estos restos que en otro tiempo respiraban vida es la tarea más triste que nuestro gobierno tiene que asumir, pero es un deber irrenunciable del estado español. La ley de memoria histórica es clara, pero la voluntad política no tanto, en esta cuestión se nota demasiado las dos españas. A pesar de todo, los gobiernos socialistas han hecho por avanzar en esta cuestión, apoyando algo tan esencial como el mapa de fosas, que permite ver la dimensión que tiene esto, y, en cumplimiento de la ley, este año exhumar los restos mortales de Franco.

De nuevo en campaña, un dirigente, en este caso Adolfo Suárez Illana, vuelve a la carga contra este deber del estado. Se opone y llega a afirmar que “la herida está cerrada”, y que “no hay ningún nieto legitimado para reabrir la herida”. Le invito a pensar lo siguiente: si tan cerrada está la herida ¿por qué tenemos necesidad de esta ley? ¿por qué tenemos esta discusión? Los que se oponen a estas actuaciones del estado aluden al falaz argumento de abrir heridas. Es tan antigua esta jerga de la apertura de las cicatrices que es ya como un cuento infantil, “que viene el coco”. Tanto tiempo con esta cruz encima, de herencia franquista, que se confunde el ser católico en España con la defensa de un genocida, el ser partidario de una opción no de izquierdas con el encubrimiento de asesinos.

Hay que hacer memoria y recordar que los delitos de los “izquierdosos” fueron juzgados por los ganadores, los franquistas, que tras la guerra no solo dieron carpetazo con la Causa General a muchos de los crímenes, sino que resolvieron fulminantemente otros tantos hechos que consideraron deleznables de su enemigo, con penas excesivas en muchísimos casos, pero penas igualmente. Los que se escaparon, porque huyeron, su nombre consta claramente al lado de su “crimen” en los archivos nacionales. La historia los tiene bien señalados.

En sentido contrario nada. Tenemos asesinos casi beatificados, glorificados por la gracia de Dios, ya fallecidos todos, enterrados con honores y con misas conmemorativas todos los años. Más de 80 años sin juicio, sin sentencia. Eso se tiene más o menos aceptado por todos, más daño no pueden hacer, pero ¿tratar de encontrar, identificar y enterrar dignamente a los muertos que provocaron estas personas es un ataque tan grande a su intachable memoria que hay que impedirlo? Pero si ya sabemos lo que son. Poner en su sitio a los muertos no cambia sustancialmente lo que ya se sabe de todos sus verdugos.

¿Cuándo será buen momento para ir a limpiar las cunetas? Los políticos que asumen esta tarea tienen poco que ganar de una batalla tan vieja, pues hay mucha distancia temporal con los hechos, y la cuestión está además intoxicada por distorsiones interesadas de las derechas. Siempre hay algo que perder a nivel político con esta cuestión y el desgaste que genera es terrible, sobre todo porque, a pesar de entender que hay que aplicar la ley de memoria histórica, después se ataca a todo aquel que trata de cumplirla. Es la ley, hay que acatarla.

Hacer esto es algo doloroso, nada más tienen que mirar las lágrimas de los familiares que desentierran por fin a sus caídos. Recuerdos de nuestro pasado más vergonzoso, lo peor de nuestra tierra, la sangre de nuestros conciudadanos, y podrá, y será, y es usado en contra de cualquier gobierno que lo acomete. Pero aquellos que asumen esta tarea son los que nos traerán verdadera dignidad a todos los españoles. Vamos tarde, pero vamos. Gracias.  

(*) Guillermo Casado Ariza es informático.