La fórmula de concurso para la provisión de altos cargos públicos, es una exigencia de modernidad, general en los países avanzados. No parece que haga mucha falta argumentar que es así porque nuestros vecinos y socios de la Unión Europea (UE) – y otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -  descubrieron hace mucho que la convocatoria pública de un puesto (o de varios) de alta dirección pública, primer momento de la fórmula de concurso, incrementa el número de profesionales que tienen noticia del proceso y por ello de candidatos al puesto. Ni que, si las personas encargadas del segundo momento,  la previa valoración de candidatos, son expertas en la materia de que se trate y/o en selección, se asegura mayor calidad en la fase posterior y decisiva. El momento de la verdad, la elección final, será, además, un éxito si el conjunto de quienes eligen, en el marco institucional que corresponda, garantizan que la prioridad se basará en el examen de las competencias y los valores de los aspirantes, fruto de su importante conocimiento y experiencia en el ámbito de actividad.

Nuestro país vecino, Portugal, ha sido el último en incorporarse a esta práctica, pero hace ya años que la utiliza a plena satisfacción. Siguiendo las indicaciones de la UE creó un organismo independiente, la CRESAP, que tras convocatoria y en concurso preselecciona para el gobierno luso tres candidatos por puesto. Y luego el gobierno elige entre los competentes.

Hay organismos públicos en los que, además de la profesionalidad,  la independencia de sus altos directivos, y la diversidad del conjunto de ellos, cuando son un órgano colegiado, son decisivos. Así lo entendió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando impulsó la Ley que sería la 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, un hito en la historia de la hoy Corporación. Aquella experiencia, de inicio prometedor – incluso hay quienes lo califican de brillante - ,  tuvo un largo – y generalmente oscuro - paréntesis en los últimos años – desde 2012 - que, hace unos meses, se intentó cerrar publicando otra ley, la 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la anterior, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

Esta ley, de amplio respaldo parlamentario, con un solo artículo, fija la composición del Consejo en 10 miembros “todos ellos personas con suficiente cualificación y experiencia profesional”, garantiza la presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición, y precisa que los miembros del Consejo de Administración “serán elegidos por las Cortes Generales, a razón de seis por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado” que previamente deberán comparecer en audiencia pública en ambas cámaras con el fin de que estas puedan informarse de su idoneidad. Finalmente, el Congreso de los Diputados designará, de entre los diez consejeros electos, y por una mayoría de dos tercios, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación y de su Consejo.

Cuando casi todo el mundo celebraba la recuperación de aquel espíritu de profesionalización e independencia, en los últimos días están apareciendo informaciones confusas sobre su posible incumplimiento. Es decir, que ni pasados 3 meses de la magnífica noticia, al parecer por un problema de calendarios, es posible que se vuelva a un proceso en el que se reduzcan las garantías de elección.

No merece la pena que nos enzarcemos en si fue Margarita Robles la que advirtió de que los plazos se estaban consumiendo, o no, si fue Ciudadanos el único partido que presentó un documento al respecto, o si es más importante “echar” al actual presidente cuanto antes o hacer las cosas bien.

Merece la pena, sí, para cerrar, recordar que hay varias claves que construyen la confiabilidad de un proceso de este tipo: una, que la elección del presidente se produzca por mayoría cualificada de entre los miembros previamente seleccionados;  dos, que quienes seleccionen a los candidatos a miembros del Consejo sean expertos en la materia y/o en procesos de selección de personas y tres, que el proceso incluya el mayor número posible de los elementos básicos del concurso: convocatoria abierta, proyecto, defensa pública, etc.

En el caso de RTVE, el concurso es fundamental para que tengamos una entidad pública de comunicación a la altura de nuestras necesidades, en unos momentos en los que la profesionalidad de los periodistas y la seriedad de los medios está especial y estrechamente vinculada a la calidad democrática.

* Fernando Monar.
Dr. en CC de la Información.
Experto en gestión y evaluación de políticas públicas