Nuevo jarro de agua fría a la que iba a convertirse en una nueva macrocausa de envergadura judicial y gravedad política no menores a la de los ERE. La Fiscalía de Huelva también ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa de los cursos de formación para el empleo contra siete cargos públicos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva de la Junta de Andalucía que intervinieron en la ejecución, control y liquidación de las subvenciones que se concedieron a unas empresas de formación en la convocatoria de 2011.
Según informa la Fiscalía Superior de Andalucía, la petición de archivo de la Fiscalía de Huelva coincide, en forma y en argumentos semejantes, a lo acordado por otros Juzgados de Instrucción de distintas capitales andaluzas que han instruido procedimientos por los mismos hechos, todos derivados de la investigación policial conocida como “Caso Edu”.
Las detenciones de estas personas se llevaron a cabo en plena Semana Santa de 2016 tras el análisis de más de cerca de 12 millones de euros en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades.
Varapalo a la Policía
En su escrito, el Ministerio Fiscal señala que los hechos investigados en el informe, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación, “no son constitutivos de delito y no pueden considerarse ilícitos puesto que tienen su amparo en la norma de la convocatoria, las actividades llevadas a cabo no serían arbitrarias ni injustas y que no había una voluntad conjunta de los investigados para actuar al unísono”.
También indica que “no es ilícito el destino dado a los fondos que se emplearon para subvencionar los cursos, ni tampoco se puede equiparar menoscabo con malversación de fondos públicos”.
Deficiencias administrativas
En el procedimiento abreviado instruido contra el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, el secretario general de Empleo, el jefe del servicio de Formación para el Empleo, dos jefes de servicio, dos técnicos de la comisión de valoración y la funcionaria de justificación económica, la Fiscalía encuentra determinadas irregularidades o deficiencias que podrían tener una repercusión en el ámbito administrativo pero “sin llegar a alcanzar a integrar los delitos de prevaricación y malversación”.
Entre las deficiencias señala la escasez de personal para supervisar los cursos o en el sistema informático para homologar las entidades beneficiarias de los cursos al igual que el utilizado para la justificación contable “pero no imputable a los funcionarios que desarrollaron el trabajo, y mucho menos para imputarles la comisión de esos delitos”, indica el escrito fiscal.
No hubo menoscabo de fondos
Sobre la presunta malversación de caudales públicos, la Fiscalía afirma que la actuación de los investigados no ha supuesto una pérdida de fondos públicos, pues el destino dado a las subvenciones para los cursos de formación para el empleo “será legítimo por serlo el procedimiento seguido”. Tampoco aprecia ánimo de lucro propio o ajeno en los investigados.
Del mismo modo, también considera que no se ha acreditado que hubiera un plan conjunto en el que habrían participado los investigados o que actuaran de acuerdo con las empresas, que, supuestamente, fueron beneficiadas.
