El ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco no logra desembarazarse de las pesquisas de la justicia a propósito de las ayudas para cursos de formación recibidas por empresas vinculadas a su esposa: unas ayudas cuya difusión pública desencadenó la dimisión del político cordobés como dirigente orgánico y parlamentario andaluz en octubre de 2010.

El juez de Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto una investigación contra él después de que la juez Núñez Bolaños archivara en octubre la investigación relativa a cuatro de estas ayudas y se inhibiera en favor de los juzgados de Córdoba en relación a otras nueve.

En octubre de 2016, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y en un auto muy duro que echaba por tierra la tesis de la red clientelar socialista sostenida en su día por la juez Mercedes Alaya, Núñez archivaba la pieza política de los cursos de formación, en la que había acusados 24 ex altos cargos del PSOE.
 En aquel auto, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla coincidía con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la causa, así como con su afirmación de que no existía la red de clientelismo político, en contra de lo que sostuvo la juez Mercedes Alaya, que abrió la causa en 2014.


No todo era delito

Ahora, el juez de Córdoba José Luis Rodríguez Lainz interpreta en relación a Rafael Velasco, y en coincidencia con el auto dictado el 13 de octubre por Núñez, que existen indicios “que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, en concreto supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones". El juez ha pedido a la Junta toda la documentación sobre los cursos adjudicados a las empresas de Velasco.

Sobre las cuatro ayudas a Velasco cuya investigación sí archivó la juez Núñez, esta sostenía que "el mero hecho de que determinadas empresas se dediquen a realizar cursos de formación, subvencionados, no induce a pensar en ilícito penal alguno (…) indicio que no debió dar lugar a investigación penal alguna”, sino que “debió residenciarse en el ámbito administrativo, como muy acertadamente señala el Ministerio Público".

En cuanto a las ayudas sobre las que Núñez se inhibió, deberá ser el juez de Córdoba quien decida, ya que “su gestión y posterior liquidación y justificación se desarrollaron en los servicios provinciales del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba".