La Junta de Andalucía no quiere incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional pero tampoco quiere comerse una de las medidas estrella de esta legislatura: la reducción de la jornada semanal de los empleados públicos de 37,5 a 35 horas, con el consiguiente incremento de las contrataciones para cubrir esas horas de menos de jornada semanal.

Los sindicatos, desde luego, lo tienen claro. Y esta vez, además, lo tienen claro todos los sindicatos, no solo los llamados de clase. CSIF Andalucía recuerda que la recuperación en enero pasado de la jornada de 35 horas en el sector público ha propiciado la contratación de más de 8.000 personas, contribuyendo a estimular el consumo y a mejorar la prestación de los servicios.

El tardío recurso

Como se sabe, la semana pasada el Tribunal Constitucional (TC) estimó el tardío recurso –nueve meses después de entrar en vigor la medida– presentado por el Gobierno central, anulando así el decreto-ley de la Junta de Andalucía por el que se rebajaba en dos horas y media la jornada de trabajo de los empleados. Para buscarle un arreglo a la situación creada, este lunes se reúne la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

La propuesta de Montero, que el ministro de Justicia, Rafael Catalán, no parece ver con malos ojos, para evitar los destrozos que supondría la aplicación automática de la decisión del TC consiste en computar como jornada laboral, hasta llegar a las 37,5 horas, una serie de tareas y actividades que los empleados públicos de la Junta ya venían desarrollando fuera de su puesto de trabajo, en el ámbito doméstico, para mejorar la calidad de los servicios.

En realidad, la propuesta no es completamente novedosa ya que ese cómputo se viene aplicando desde hace tiempo en el ámbito universitario, aunque no en la sanidad o en los servicios generales. El tiempo de presencia efectiva en el puesto de trabajo se mantendría en las 35 horas instauradas desde enero pasado.

La propuesta estaba en el horno

Obviamente, la Junta de Andalucía no ha improvisado su propuesta, que ya está muy desarrollada: tanto que el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobarla en su reunión de mañana.

Montero está convencida de la legalidad de la medida, ya que "la organización de la jornada es competencia plena y exclusiva de la Junta". ¿Pero teme que el Gobierno recurra la propuesta? Montero contesta que no: “Sería absolutamente incoherente". Es conocido que en los planes del Gobierno figura la recuperación de la jornada de 35 horas, pero no para 2018, como en un principio había planeado.

La consejera también ha dejado claro que la sentencia del TC no afectará a los planes de la Junta de aprobar la semana que viene la prevista oferta públcia de empleo de 36.000 plazas para los próximos años. Tampoco serán revisados ni anulados los contratos formalizados a raíz de la reducción de la jornada.

Las tareas de casa

¿Y qué trabajos hacen en casa los empleados públicos susceptibles de computarse como jornada laboral? Montero pone estos ejemplos: preparar casos clínicos, preparar las clases, descarga de vídeos para mejorar su actividad, consultar bibliografía… "todo aquello que se desarrolla habitualmente fuera del puesto por el empleado público y que sirve para mejorar la calidad de los servicios". La idea de Montero es "que compute como jornada ese esfuerzo personal que no requiere presencia en el puesto de trabajo".

Los tres sindicatos presentes en la Mesa General de la Función Pública consideran irrenunciable la reconquista de las 35 horas. UGT Andalucía recordaba que hay comunidades como Castilla-La Mancha o Valencia que ya vienen aplicando ese criterio de cómputo a la jornada laboral. CCOO lega incluso más lejos: "Ahora mismo, muchos empleados públicos echan voluntariamente más de 38 horas semanales”.