El exalcalde de Alcalá de Guadaíra y ahora diputado socialista en el Congreso por Sevilla, Antonio Gutiérrez Limones, está a un paso de sentarse en el banquillo por el caso ACM, lo que probablemente lo obligará a renunciar a su escaño.

El Tribunal Supremo, competente en el caso al tratarse de una persona aforada, ha dado luz verde para proceder contra el político al respaldar la exposición razonada que el remitió en mayo pasado el juez instructor de Alcalá de Guadaíra, que apreciaba indicios de criminalidad en la conducta del exalcalde relativa a la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño.

Mirar hacia otro lado

En un auto del pasado día 3, el Alto Tribunal Supremo da por buena la exposición razonada del juez instructor Javier Francisco Alba, según el cual pudieron producirse una serie de "supuestas actuaciones irregulares de saqueo” de la empresa pública ya desaparecida ACM".

Según el juez, Gutiérrez Limones miró hacia otro lado, pues hubo reiteradas advertencias por parte de la Intervención municipal alertándolo de que no disponía de medios para controlar lo que estaba sucediendo en esa empresa: "Todas las irregularidades (…) fueron dadas a conocer a los órganos superiores de la empresa municipal y eran conocidas por Gutiérrez Limones, tal y como se recoge en la grabación".

Compras y regalos

El instructor recordaba en su escrito, ahora asumido por el Supremo, que un antiguo contable de dicha empresa municipal reconocía en una grabación clandestina “la realización en el seno de la entidad de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes, entre ellas gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio) Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas".

Varios viajes

Entre esos pagos figuraría un viaje privado del alcalde y su familia a un parque de atracciones de Madrid en 2007, que costó cerca de 1.000 euros.

También habría habido un viaje a Puerto Rico del gerente de ACM, José Luis Díaz, y la entonces teniente de alcalde y miembros del consejo de administración de ACM Miriam Burgos, junto a sus respectivas parejas que luego "se justificó contablemente como una imputación de la sociedad Grafisur", cuyo administrador habría admitido "la falsedad de la mencionada factura".

Advertencias del interventor

La investigación del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil confirmó en su día que el interventor en el Ayuntamiento alcalareño, Francisco de Asís Sánchez-Nieves Martínez, habría reconocido en su declaración como testigo que no se inspeccionaba la contabilidad de las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento, como es el caso de ACM, ni se efectuó el control financiero de la misma, por cuanto era necesario que el Pleno municipal hubiera concretado una norma para llevarlo a cabo, y porque no disponía de medios humanos suficientes. 

El informe policial decía que el interventor envió hasta seis escritos al Ayuntamiento reiterando las necesidades y, por ello, concluía que si el gobierno local hubiera facilitado los medios reclamados por la Intervención “nunca se hubiera llegado a la situación en la que se gestionó y desembocó ACM”.