En el 'día D' para la Infanta, se cumple el guión previsto, y asistimos a la negación de la evidencia

Con la presencia de muchas banderas republicanas, sin sorpresas, con un despliegue policial inaudito y desproporcionado, que nos costará a los contribuyentes muchos miles de euros, la imputada Infanta Cristina ha accedido al Juzgado de Palma en coche, privilegio del que se encuentran privados el resto de los mortales. Se trata de brindarla y esconderla para impedir que pueda ser legítimamente reprochada por quienes dudan de su inocencia, que no son otros que muchos de los sufridos ciudadanos que se sienten escandalizados por la corrupción generalizada, y que afecta de forma especial a la Familia Real. Muy pronto tuvo lugar su segundo privilegio, al no pasar por el arco de seguridad, como es de obligado cumplimiento para todos los que acceden al interior de un Juzgado.

Pero no acaban aquí las concesiones especiales porque, al margen de los exhaustivos registros para impedir la existencia tabletas y teléfonos móviles en el interior de la Sala, se ha decidido que su declaración solo pueda ser grabada en audio, impidiendo que el vídeo, que se utiliza habitualmente en este tipo de actuaciones judiciales, pueda reflejar el lenguaje del rostro, que tanto puede delatar a quién miente con la palabra pero es incapaz de disimularlo con sus gestos. Precisamente para dar más autenticidad a las declaraciones, la que fuera Ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, introdujo hace años en la justicia la grabación en vídeo, de la que inexplicablemente se libra ahora la Infanta Cristina.

No hemos podido ver a la Infanta más de cinco segundos, pero ha sido capaz de saludar a los periodistas con una sonrisa forzada y nerviosa, impropia de quien se siente inocente. Eso sí, a los ciudadanos se les ha impedido acercarse a menos de 100 metros de la puerta del Juzgado, lo que resulta inaudito en un estado democrático, aunque sí se han podido escuchar los gritos de indignación en la lejanía. Y no es bueno, sino todo lo contrario, que una miembro de la Familia Real esquive la presencia de sus súbditos, o lacayos, porque eso es en lo que nos han convertido, que han alimentado durante años sus caprichos y alto nivel económico. El único detalle de normalidad que se ha visto es la llegada del Juez Castro, que ha acudido al Juzgado en moto, como en él es habitual.

La Infanta, siguiendo el guión, ante el exahustivo interrogatorio de 400 preguntas al que fue sometida por el juez Castro durante más de dos horas y media, se ha limitado a negar su participación en Nóos y Aizoon con respuestas evasivas, asumiendo el papel de esposa tonta y sumisa, que no se enteraba de nada, y que nunca se preguntaba cómo era posible mantener un nivel de vida incompatible con los ingresos del matrimonio. Eso sí, ha sido explícita a la hora de insistir en que “yo confiaba en mi marido“, lo que resulta contradictorio con el hecho de no haber interpretado el papel de esposa engañada y defraudada por su esposo, con el que convive dentro de la normalidad y mantiene una evidente complicidad. Tampoco se ha comprometido a devolver el dinero, que ahora ya sabe era de procedencia ilícita, lo que demuestra que no tiene un pelo de tonta.

Dando por supuesto que se negará a contestar a las preguntas de las acusaciones, que el Fiscal se limitará a ocupar un papel testimonial, y que las respuestas a las preguntas de su abogado en modo alguno la comprometerán, ni tan siquiera es necesario esperar al final de su declaración para extraer las conclusiones finales.

En resumen, hoy la Infanta Cristina, acogiéndose a su derecho a no declarar contra sí misma, nos ha tomado el pelo a todos, y ha confirmado que la Familia Real no es de fiar. Durante años se ha invertido mucho dinero público en su preparación, que se supone es superior a la ignorancia demostrada esta misma mañana, por lo que los ciudadanos nos sentidos engañados una vez más por una familia que vive a costa de nuestros impuestos. Parece evidente que, sea cual sea la decisión judicial final, la monarquia está hoy aún más desprestigiada y tiene los días contados en este país, por el bien de la decencia colectiva.

Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA