El juez del 'caso Brugal' ha solicitado la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi por beneficiar supuestamente al constructor y presidente del Hércules, Enrique Ortiz, a quien habrían facilitado información privilegiada sobre el Plan General de Ordenación Urbanística. Anticorrupción cree que los dos dirigentes populares han podido cometer los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.

El juez instructor traslada la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que, dada la condición de aforados de Castedo y Alperi, es a quien le corresponde continuar con la causa.

Según la Fiscalía, la alcedesa y su antecesor ambos habrían beneficiado a Ortiz, también imputado en la causa, a cambio de dádivas.  Sospecha, además, de que la información privile pudo haberse pasado a través del despacho de abogados del hermano de Castedo. Según el fiscal, la alcaldesa y Alperi condicionaron la redacción del plan urbanístico a los intereses de Ortiz a cambio de dádivas y que lo filtraron a través de José Luis Castedo, que también ha sido imputado.

Durante la investigación, quedó de manifiesto la estrecha relación de Castedo con Ortiz, a quien recurrió en reiteradas ocasiones para pedir trabajo para conocidos o amigos, según consta en las grabaciones realizadas por la Policía en el marco del ‘caso Brugal’. Las conversaciones revelan, además, que la dirigente ‘popular’ intentó implicar al portavoz socialista en las Corts y azote contra Camps, Angel Luna, en alguna irregularidad.

En otra grabación, Enrique Ortiz y su mujer hablan de que le había regalado un Mini Cooper a la alcaldesa pero que ella había querido ponerlo a nombre de su niñera.