Las actas han quedado depositadas en un armario acorazado con vigilancia personal y de cámaras permanente, en un acto al que han asistido la juez instructora, Mercedes Alaya, el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, y el comandante de la Guardia Civil encargado de la vigilancia de los edificios judiciales sevillanos. El juez decano ha dicho que las 480 actas se conservarán en un lugar "absolutamente seguro, con custodia permanente de medios materiales y personales".
Un responsable de la Junta de Andalucía en Sevilla se entrevistó este jueves con la juez que investiga los ERE irregulares y con el juez decano para acordar un lugar de custodia de las actas que va a entregar la Administración.
Caja fuerte vigilada
El coordinador del área de justicia de la delegación de la Junta en Sevilla acordó con ambos jueces buscar una caja fuerte que esté fuera de uso en alguno de los juzgados penales recientemente desalojados en el edificio del Prado de San Sebastián. Una vez decidida la ubicación, la Junta entregó las 480 actas de consejos de gobierno reclamadas por la juez de instrucción 6.
Delito de desobediencia
Mercedes Alaya advirtió a la Junta de que si no entrega copia compulsada o testimonio de las actas en 72 horas cometería un delito de desobediencia, a lo que el Gobierno autonómico respondió que está dispuesto a cumplir con el nuevo requerimiento y que mañana lo hará efectivo. La jueza quiere conocer si los consejos de Gobierno adoptaron algún acuerdo o conocieron alguna decisión relativa al fondo con el que se financiaron los expedientes de regulación irregulares.
183 irregularidades
En su investigación interna, la Junta ha identificado un total de 183 irregularidades, de los que 111 los define como "discordancias administrativas" y 72 intrusos o personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas, lo que ha evaluado en una cifra superior a los 9 millones de euros.
