“Que un dictador tenga una tumba de Estado no es compatible con una democracia”. Con estas palabras anunciaba hoy hace un año la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el Real Decreto que el Ejecutivo había aprobado y que pretendía exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una medida que posteriormente convalidaba el Congreso de los Diputados con 172 síes, dos noes y 164 abstenciones, presumiblemente las del Partido Popular y Ciudadanos.

Sin embargo, 365 días después de que el Gobierno sacara adelante dicho decreto, los restos de Franco siguen exactamente en el mismo lugar en el que llevan los últimos 44 años. 

Cronología de una exhumación fallida

Desde Moncloa fueron conscientes en todo momento de que el desentierro no sería tarea fácil, pero se mostraban seguros de poder llevar la medida a cabo. "El ordenamiento jurídico español tiene instrumentos más que suficientes para en su relación institucional con la Iglesia católica proceder a la exhumación", afirmaba tajantemente Calvo. De hecho, fueron aún más lejos y apuntaron que la exhumación se produciría "antes de final de año". 

Así las cosas, el 31 de agosto de 2018, el Ministerio de Justicia iniciaba la tramitación del procedimiento administrativo para sacar al dictador. Prácticamente un mes después, la vicepresidenta del Gobierno se reunía en el Vaticano con el Secretario de Estado de Su Santidad, el cardenal Pietro Parolin. Este le expresa que la Iglesia no se opondría "a la exhumación de Franco si así los han decidido las autoridades competentes". 

Sin embargo, con el paso de los días el Ejecutivo socialista iba asumiendo que el desentierro no se produciría en 2018. No obstante, apuntaban que la fecha límite para sacar a Franco sería en febrero. El 15 de ese mes, el Consejo de Ministros acuerde el traslados de los restos del dictador, pese a que no contaban ni con la autorización eclesiástica, ni con el permiso de la familia Franco. 

El 22 de febrero, la ministra portavoz, Isabel Celaá no garantizaba que el traslado de los restos se podría realizar antes del 28 de abril, fecha en la que se iban a celebrar las elecciones generales. Afirmaba que se haría "si tiene tiempo" el Gobierno. 

Tres días después, un nuevo revés llegaba. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid acuerda suspender, como medida cautelar, la retirada de la lápida del dictador. Y el 8 de marzo la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitía a trámite el recuso presentado por la Familia Franco que solicitaba la suspensión cautelar del proceso. El Gobierno contraataca y el 15 del mismo mes fija una nueva fecha para llevar a cabo la exhumación: el 10 de junio. 

Y llegamos así a la, de momento, última casilla de este puzzle: el 4 de junio, cuando la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decide, por unanimidad, suspender cautelarmente la exhumación de los restos de Franco. El Alto Tribunal justificaba esta decisión arguyendo que la tomaban para evitar el perjuicio que supondría a los recurrentes y al Estado que Franco tuviera que volver al Valle de los Caídos si la sentencia finalmente le terminaba dando la razón a la familia del dictador.