Una veintena de familiares de residentes en centros de mayores van a presentar una querella criminal colectiva en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y directores de 10 residencias.

Los denunciantes les acusan de un delito de homicidio imprudente y trato vejatorio, y según el citado medio, esta querella no es sino el principio, ya que se extenderá a otros municipios de la Comunidad de Madrid. Conviene recordar que ya son 5.846 el número de decesos en residencias de Madrid.

En las próximas semanas, según anuncia el colectivo Marea Residencias, se presentarán "otras dos querellas colectivas" de familiares y también trabajadoras de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Domus-Vi y Ballesol son los grupos que encabezan las querellas contra las residencias que afectan a DomusVi-Mirasierra, Aralia Ensanche de Vallecas, Domus-Vi Usera, Aralia Isabel la Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras, y Amavir Ciudad Lineal.

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En una entrevista publicada este domingo en El Mundo y cuya portada ha generado polémica, Ayuso reconoció que hubo contagiados en residencias que no fueron trasladados a ningún hospital por la certeza de que fallecerían: "Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado”.

Los centros de mayores son el foco de riesgo y contagio más acusado desde el inicio de la pandemia. Al comienzo de la crisis del coronavirus, la gestión de las residencias correspondía a Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos). Pero Ayuso le apartó, decreto mediante, y puso al mando a las consejerías de Sanidad (PP) e Interior (PP), bajo un "mando único”.

Reyero criticó públicamente que no se hubiesen medicalizado todavía las residencias, a pesar de que se estaba realizando el repliegue en hospitales. Ruiz Escudero le acusó de “desconocimiento”.

Alberto Reyeró también denunció que “no entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice para reforzar nuestro personal sanitario en las residencias”, haciendo referencia a los efectivos que la Comunidad de Madrid enviaba a otras regiones.

La oposición no ha hecho sino insistir en que se debían medicalizar, pero el asunto no ha hecho sino avivar el cisma entre socios de Gobierno en la Comunidad de Madrid a cuenta de discrepancias sobre qué es medicalizar una residencia.