La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha certificado ante el Tribunal Supremo (TS) que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de teléfono el pasado 23 de octubre, semanas después de que el tribunal abriera causa contra él por revelación de secretos y una semana antes de que el juez Ángel Hurtado enviara a los investigadores a la Fiscalía para requisar los teléfonos y correos electrónicos.

La Benemérita no encontró nada en esos terminales mientras que la Fiscalía alegó que el cambio de móvil se había producido en base a un procedimiento interno de seguridad y protección de datos.

Los agentes de la UCO acudieron al despacho de García Ortiz el pasado 30 de octubre por orden del juez Hurtado con el objetivo de buscar algún mensaje o correo de los últimos siete meses que hicierean referencia a la posible filtración de datos en el caso del fraude confeso de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Supremo sigue investigando si desde la Fiscalía se filtró un correo en el que el abogado reconocía ante la Fiscalía dos delitos fiscales.

Tras intervenir los teléfonos y las cuentas de correos del fiscal general, no encontraron nada relevante para la investigación. Ningún mensaje de Whatsapp que pudiera responder a la pregunta y, de medio centenar de mails, solo uno que hacía referencia al caso de González Amador, sin revelar los datos sobre la posible filtración. Fue entonces cuando el juez pidió más detalles a la UCO acerca de los teléfonos que usaba el fiscal general.

Hasta este momento la defensa de la Fiscalía se ha basado en el que García Ortiz cambió de terminal siguiendo un procedimiento habitual de protección de datos y de información confidencial. Ahora ha sido la UCO la que ha entregado un informe al juez en el que certifica el cambio de teléfono en tanto en cuenta aparecen dos números a la vez que apunta que “el inicio de la actividad” de los “IMSis aparejados a los IMEIs” es del 23 de octubre de 2024. Por lo tanto, se habría producido un “cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas”.

Estas siglas -en inglés-se refieren a la Identidad Internacional de Abonado Móvil. Obedecen a un número de 15 dígitos que figura en la tarjeta SMI y que sirve para identificar a un abonado de telefonóa móvil.

El pasado 16 de octubre el TS hizo público que había abierto una causa para investigar al fiscal general o la fiscal superior de Madrid, para tratar de dar respuesta a si alguno de ellos había participado en la filtración de la confesión del compañero sentimental de Ayuso. Una semana más tarde del cambio telefónico en el que se basan estas líneas, el juez Hurtado ponía la causa bajo secreto de sumario y enviaba a la Guardia Civil al despacho de los magistrados para tratar de encontrar pruebas de la filtración.