Los tentáculos del caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegan esta semana a uno de sus momentos más delicados. Este viernes, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que redactaron el informe clave en la causa declararán como peritos ante el Tribunal Supremo. Lo harán tras ser citados por el juez instructor Ángel Hurtado, y a petición -en contra de la voluntad inicial del propio Hurtado- del fiscal general, que buscaba que los autores del informe ratificaran o matizaran su contenido.
El informe de la UCO, piedra angular de la investigación, analiza los datos obtenidos del teléfono móvil de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid e imputada en esta causa junto a García Ortiz. Fue intervenido en un registro ordenado por el magistrado el pasado 30 de octubre. Con ese material, los agentes concluyeron que el fiscal general tuvo una “participación preeminente” en la presunta filtración de datos que habría perjudicado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de uno de los frentes abiertos más sensibles para el Gobierno, no sólo por el cargo que ocupa el investigado -máxima autoridad del Ministerio Fiscal-, sino porque el caso se sitúa en la intersección entre la lucha jurídica y la batalla política que desde hace meses mantiene Madrid contra el Ejecutivo central. Y esta vez, el escenario no es otro que el Tribunal Supremo.
La investigación gira en torno a tres posibles filtraciones: la revelación a la prensa de que González Amador estaba siendo investigado por delitos fiscales; el contenido de un correo electrónico fechado el 2 de febrero en el que la defensa del empresario se ofrecía a pactar un reconocimiento de los delitos; y la nota de prensa que la Fiscalía difundió el 14 de marzo para intentar desmentir lo publicado por El Mundo el día anterior, donde se sugería que había sido el fiscal quien ofreció el pacto.
Los agentes de la UCO, en su informe, trazaron un relato minucioso de lo ocurrido entre el 8 y el 14 de marzo, el intervalo de tiempo que marcó el juez Hurtado como marco de investigación. En ese lapso, aseguran que “desde las 21:59, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51, hay tan solo un número muy reducido de personas” que tienen acceso a toda la información relevante. Entre ellas, destacan a personal de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid.
“Estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en ésta y, dentro de la misma, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”, especifica el informe. Los agentes no dejan lugar a muchas interpretaciones cuando añaden que “la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es sostenida por el fiscal general del Estado, quien imparte de forma directa las órdenes para llevar a cabo la pretendida contestación a la información publicada en prensa por el diario El Mundo”.
Uno de los detalles más comprometidos tiene que ver con el cauce por el que, presuntamente, se habría enviado la información: una cuenta personal de Gmail. Según la UCO, Pilar Rodríguez preguntó a García Ortiz a qué correo enviar los emails cruzados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y la defensa de González Amador. “El fiscal general le dio una cuenta de Gmail, a la que ésta se los remitió cuando, a su vez, los recibió del propio Salto”, recoge el documento.
Este canal de comunicación, ajeno al institucional, ha generado inquietud en el Supremo, más aún después de que se confirmara que el contenido del teléfono del fiscal general ya no es accesible: García Ortiz borró tanto los mensajes como la cuenta vinculada. La UCO intentó recuperar datos a través de WhatsApp y Google, pero lo que llegó al juez no contenía nada de relevancia para el caso.
Los investigadores también apuntan a una tercera filtración: la revelación a medios de la denuncia que la Fiscalía presentó contra González Amador por delitos fiscales. “La noticia sobre dicha denuncia se publicó en prensa el 12 de marzo, es decir, tan solo cuatro días después de que la Fiscalía General del Estado la recibiera de manera completa desde la Fiscalía Provincial de Madrid”, se remarca.
El juez Hurtado, que inicialmente se había negado a permitir la comparecencia de los peritos alegando que “nada aporta” una simple ratificación, tuvo que ceder después de que la Sala de Apelación le corrigiera y le recordara que la ley permite a los jueces solicitar aclaraciones en fase de instrucción, si así lo piden las defensas. Lo que en principio parecía una causa políticamente tóxica para el bloque conservador por girar en torno al entorno personal de Ayuso, ha pasado a centrarse ahora en el propio aparato del Estado. Y a la cabeza, su fiscal general.
Mientras tanto, el próximo 23 de mayo está previsto que declare el propio González Amador, también a instancias de la defensa. Todo apunta a que esta instrucción continuará alimentando no sólo los titulares, sino también el fuego cruzado entre los defensores de la independencia judicial y quienes ven en esta causa otra derivada del ya habitual “lawfare” con epicentro en Madrid.
