El Tribunal Supremo será epicentro esta semana de dos acontecimientos clave de la actualidad judicial. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrentará en la recta final de enero dos citas que dictaminarán su carrera: por un lado, su declaración en calidad de investigado ante el juez Ángel Hurtado por las presuntas filtraciones sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso; por otro, la continuidad sobre su cargo al frente del Ministerio Público.
Será este martes 28 de enero cuando los jueces de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal decidan si anularán o no el nombramiento de García Ortiz al frente de la Fiscalía General por estas presuntas filtraciones y, tan sólo un día más tarde, el miércoles 29, éste deberá comparecer ante el magistrado instructor en la causa penal por la supuesta filtración de la confesión de Alberto González Amador, investigado por presunto doble fraude fiscal a la Agencia Tributaria.
Horizonte al frente de la Fiscalía General, en manos de mayoría conservadora
Esta primera cita de calado radicará en una de las secciones de lo contencioso-administrativo del Supremo, donde los magistrados de la misma deberán estudiar y fallar sobre el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) por el que se exige anular el nombramiento de García Ortiz. Misma sala que, allá por el pasado mes de noviembre, ya le acusó de “desviación de poder” por el nombramiento de Dolores Delgado, a quien posteriormente se le anuló su nombramiento como fiscal de la sala de Memoria Democrática.
La sala del Supremo considera que la sentencia de Delgado hace “imposible” que siga siendo considerado adecuado para continuar al frente del Ministerio Fiscal, además de que cuatro de los magistrados de esta sala que tomarán la decisión de este martes ya participaron en esta primera sentencia.
De esta manera, García Ortiz volverá a verse este martes frente a frente con esta sala del Supremo, de mayoría conservadora y entre los que se encuentran Pablo Lucas –candidato conservador a presidir el Poder Judicial en su última renovación-, Antonio Fonseca-Herrera, Luis Díez-Picazo –como ponente de esa sentencia- y el nuevo ponente José Luis Requero, entre otros.
A estas condiciones se suma a que la sala tercera a que la se enfrentará este martes García Ortiz ya acumula la suspensión de otros nombramientos del mismo calado, además del de Delgado, también el nombramiento de Eduardo Estaban como fiscal de la sala de menores en manos del Tribunal Constitucional. Reiterar que la decisión que se extraiga no está claro si se conocerá el mismo día aunque, teniendo en cuenta su declaración ante el juez Hurtado 24 horas más tarde, el fallo podría conocerse el martes para no retrasar el proceso.
Declaración como investigado ante el Supremo
El segundo de los frentes continúa radicando en el Alto Tribunal como escenario principal de este acontecimiento judicial. García Ortiz fue citado a declarar en calidad de imputado para este miércoles 29 de enero, cita a la que deberá acudir presencialmente a las 10:00 horas de la mañana. Un efecto por el que se ha constituido como el primer fiscal general en comparecer en una causa penal y por el que se le acusa presuntamente de haber filtrado información confidencial sobre el caso del novio de Ayuso en los tribunales.
Esta parte de la investigación comenzó el pasado mes de octubre, proceso por el que se registró su despacho en la Fiscalía, se volcó la información de su teléfono móvil y se interrogó a parte de su entorno profesional. Por el momento, con el registro de estos correos, no se ha hallado prueba concluyente de que él filtrase dicha información el 13 de marzo con la defensa de González Amador –en el que el abogado del novio de Ayuso proponía un pacto para que su cliente eludiese la cárcel y pagase una multa-, teniendo a su vez en cuenta que varios medios de comunicación tuvieron acceso previamente a dicho cruce de informaciones antes que el equipo del fiscal general. Pese a esto, la UCO le atribuye un “papel preeminente” en la filtración.
Fue de la mano del jefe de gabinete del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, por el que se difundió entre periodistas la información falsa de que fue la Fiscalía la que ofreció el pacto al abogado de González Amador, cuando las pruebas aportan la versión contraria. Por su parte, en la Fiscalía nadie supo que el investigado era la pareja sentimental de Ayuso hasta días más tarde de haber sido denunciando en los juzgados provinciales por el fraude de más de 350.000 euros.
Según el testimonio de García Ortiz, éste ordenó a su equipo recopilar dicha información en aras de desmentir falsedades, no para filtrar este contenido mediáticamente. Así, tanto la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez; el fiscal Julián Salto y los jefes de prensa del Ministerio Fiscal, declararon ante el juez Hurtado que la prioridad aquella noche de marzo era desmentir la información falsa difundida por el asesor del Ejecutivo de Ayuso y de la que se hicieron eco varios medios de comunicación.
García Ortiz, en su próxima declaración, se espera que niega dichas filtraciones, a su vez que dará cuenta de por qué la UCO no encontró mensajes que lo implicasen en el volcado de su móvil, un hecho que desde la Fiscalía explican que se debe a un borrado regular que realizan por cuestiones de seguridad.
Siguiendo a su vez los testimonios de los periodistas acerca de la publicación de estas informaciones, dieron cuenta ante el juez instructor que dicho contenido ya circulaba fuera de la Fiscalía, es decir, antes de que llegara a conocimiento de García Ortiz y su equipo. A su vez, teniendo en cuenta que, en su declaración, el fiscal Salto reiteró que esta información no estaba bajo secreto oficial ni era privada.
