El amanecer del 7 de octubre de 2023 no fue un accidente en la historia, sino una línea de quiebre que puso al descubierto, con crudeza, la fragilidad de décadas de acuerdos, promesas y simulacros diplomáticos. Lo que ese día desencadenó —y lo que vino después— no fueron hechos aislados ni episodios inéditos: fueron la culminación de patrones recurrentes y decisiones políticas sostenidas en el tiempo. En estas líneas se trata de responder a una compleja pregunta que empaña Oriente Medio desde hace décadas: ¿sigue siendo posible la solución de los dos Estados? La brutalidad del Estado sionista contra un pueblo que ve a través de unos ojos deshumanizadores junto con la complicidad de Estados Unidos y la pasividad de la Unión Europea hacen que esta solución haya navegado un largo tiempo en una tormenta que parece que hará naufragar el navío antes de escampar.
Pocos acontecimientos han mostrado tan nítidamente la conversión de política en tragedia como lo ocurrido en Gaza y en las zonas limítrofes. La violencia de Hamas el 7 de octubre fue atroz y rompió con parámetros que muchos creían inmutables. Pero el carácter extremo de esa embestida no anula —ni explica por sí solo— lo que vino después: una respuesta militar israelí que, por su escala y su indiferencia a la población civil, reabrió debates sobre la legalidad, la proporcionalidad y la moral de una guerra conducida sin límites claros. En el terreno narrativo, la historia se bifurca: hay un episodio desencadenante y hay, detrás, una larga secuencia de políticas que facilitaron el desastre.
Relatar lo ocurrido exige, antes que nada, nombrar los fenómenos que lo hicieron posible. La ocupación sostenida, la expansión de asentamientos en Cisjordania, la fragmentación territorial de Gaza y la militarización de la vida cotidiana palestina no son accidentes: son decisiones políticas, a veces blandidas como seguridad y otras comercializadas como necesidad histórica. Cuando un Estado administra la vida y la muerte de millones sin otorgarles derechos equivalentes, la estabilidad que anuncia su discurso puede ser apenas un barniz sobre un cuerpo social sometido. Y cuando ese Estado recibe apoyo diplomático, financiero y militar de potencias externas, la cuestión ya no es solo interna: se convierte en un asunto de responsabilidad internacional.
La complicidad internacional de Washington y Bruselas
En ese contexto, la postura de Washington merece una lectura crítica y cuidadosa. Estados Unidos ha sido el patrocinador más persistente del statu quo: suministró armamento, aprobación política y coberturas diplomáticas a gobiernos israelíes de diversa extracción. A veces lo hizo en nombre de la alianza estratégica; otras, por cálculos electorales o por el peso de una narrativa histórica que presenta a Israel como un socio indispensable. El resultado fue una asimetría notable: una potencia regional capaz de desplegar su fuerza contra una población controlada y carente de soberanía, y un aliado global que, con sus acciones y omisiones, contribuyó a normalizar dicha asimetría. El documento base lo señala e invita a preguntarse cuánto del deterioro actual es también fruto de esa complicidad sostenida.
La Unión Europea, por su parte, ha jugado un papel más ambiguo y, en los hechos, muchas veces inefectivo. Los discursos de condena en los parlamentos, las declaraciones de preocupación y algunas sanciones simbólicas no bastan cuando la diplomacia real se mide en medidas coercitivas y presión política efectiva. Frente a la catástrofe humanitaria, la UE ha mostrado con frecuencia una mezcla de retórica y parálisis: palabras duras, gestos protocolarios y poca capacidad para imponer condiciones que alteren la ecuación del poder sobre el terreno. Esa inacción no es inocua; alimenta la percepción, extendida entre los palestinos, de un Occidente que reclama principios pero practica indulgencia.
La narrativa que colonizó la política internacional durante décadas sostuvo que el camino hacia la paz pasaba por el reparto del territorio: la consagrada solución de dos Estados. Fue un relato atractivo —fácil de vender en conferencias y comunicados— porque prometía una salida ordenada y legal a un conflicto que, en lo real, era una madeja de contradicciones históricas y desigualdades materiales. Sin embargo, ese relato no resistió la prueba del tiempo porque su implementación exigía decisiones que ningún actor poderoso quiso imponer con la dureza necesaria. En la práctica, los instrumentos que podían transformar la geografía política —presión diplomática sostenida, condicionalidad en la ayuda, sanciones sobre políticas de asentamiento— rara vez se activaron con determinación.
Hay que distinguir entre deseo retórico y política efectiva. Declarar que uno apoya la solución de dos Estados mientras simultáneamente se facilitan las condiciones materiales que la hacen imposible —crecimiento de asentamientos, control exclusivo del espacio aéreo y fronteras, restricciones económicas— es un acto de hipocresía con efectos concretos. Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores internacionales repitieron durante décadas la fórmula del reconocimiento, la mediación y la amenaza implícita de "condiciones", sin nunca sostenerlas hasta sus últimas consecuencias. El resultado fue una erosión gradual de la viabilidad de la partición: la línea sobre el mapa se fue llenando de hechos consumados que acabaron por convertirla en letra muerta.
Cuando la política internacional falla en ejercer contrapesos, la violencia encuentra explicaciones y, con frecuencia, justificantes. No se trata de disculpar actos atroces, sino de comprender causas. Personas que viven bajo bloqueo, sin movilidad, sin posibilidad real de ciudadanía plena y sometidas a la amenaza constante de desalojo o bombardeo, desarrollan formas de resistencia, algunas militares, otras políticas, muchas desesperadas. Esa desesperación puede ser manipulada o instrumentalizada por actores políticos con agendas propias; pero también constituye un termómetro de condiciones estructurales que nadie quiso remediar cuando había aún oportunidad de hacerlo de manera ordenada y con menos sangre.
La prensa, en tanto, ha tenido un papel doble: por un lado, ha documentado atrocidades y ha puesto rostros a las víctimas; por otro, a veces ha normalizado lecturas que simplifican culpabilidades y silencian procesos más complejos. En muchas coberturas, el foco sobre el episodio puntual —el ataque, la reacción militar, el intercambio de cifras— difumina la mirada histórica necesaria para apreciar cómo se construyó el escenario de hoy. Un periodismo que pretende explicar, no solo narrar, debe recuperar esa larga duración: las leyes, las decisiones administrativas, las ayudas militares, los vetos diplomáticos, los silencios políticos. Solo así se puede trazar con honestidad quiénes construyeron y sostuvieron las condiciones que hicieron la solución de dos Estados cada vez más inviable.
Hay otra pregunta incómoda: ¿quién se benefició del fracaso de la paz? La respuesta no es simple, porque intereses múltiples convergieron. Para parte del espectro político israelí, mantener el control sobre Cisjordania y la seguridad total sobre sus fronteras es una garantía de superioridad estratégica. Para actores internacionales, sobre todo aquellos con intereses geopolíticos en la región, la instrumentalización del conflicto ha sido útil como palanca: mantener en tensión el tablero regional para justificar presencia militar, alianzas y venta de armamento. Y para la derecha política en múltiples países, la elección de un socio incondicional en la región ha resultado políticamente rentable. De nuevo, este no es solo un relato local: es un entramado internacional que se alimenta a sí mismo.
El uso de la narrativa del "único camino posible" también jugó en contra de cualquier alternativa. Repetir que no existe alternativa a una solución de dos Estados cuando, en la práctica, esa solución se ha vuelto estructuralmente imposible, equivale a un acto de inmovilismo intelectual. Los líderes y diplomáticos que insistieron en esa línea parecieron, con el paso de los años, preferir la repetición ritual de una idea a la exploración creativa de soluciones intermedias. Esa ortodoxia sirvió como cortina para evitar debates incómodos: confederaciones, arreglos federales, formas híbridas de soberanía compartida, mayor autonomía municipal, modelos de ciudadanía que mezclaran derechos individuales con mecanismos de seguridad colectiva. Ninguna de estas vías era fácil; ninguna garantizaba la justicia plena; pero todas merecían ser debatidas con honestidad en vez de ser descartadas por fe en fórmulas inoperantes.
Las potencias que proclaman la defensa de los derechos y la legalidad internacional enfrentan, así, un dilema de credibilidad. Si la comunidad internacional insiste en el principio de autodeterminación pero no actúa cuando este principio se ve socavado por ocupación prolongada y violaciones sistemáticas de derechos, entonces sus palabras pierden contenido. El genocidio de Gaza y las fracturas en Cisjordania no son solo fallas locales: son pruebas públicas sobre la capacidad de la comunidad internacional para traducir principios en praxis. Y cuando esa praxis brilla por su ausencia, el efecto es doble: agrava las heridas en el terreno y erosiona la confianza global en la idea misma de orden internacional basado en normas.
En la geografía de la culpa, no todo se puede reducir a una condena moral del actor dominante. La reflexión exige matices: identificar responsabilidades sin convertir el análisis en simple moralina. Eso significa reconocer que la política israelí no es monolítica; que hubo gobiernos que afirmaron buscar soluciones y otros que explícitamente consolidaron la ocupación. Significa, también, reconocer que la dirigencia palestina ha contribuido con sus propias fallas —fragmentación, corrupción, aparatos represivos— a la pérdida de legitimidad y a la dificultad de construir un interlocutor coherente. Pero reconocer estos factores no exime a las potencias externas de la suya: haber sostenido un sistema que privilegia la fuerza sobre el derecho y que protege impunidad, es una responsabilidad que pesa.
En ese paisaje político, Benjamin Netanyahu se recorta como el villano perfecto —no en la clave de un cliché, sino como figura que cristaliza una política concreta. Su gestión convirtió la dureza en estrategia y la estrategia en marca: desde la promoción y blindaje de asentamientos hasta la producción de una retórica que estigmatiza la concesión como traición. Netanyahu ha sabido explotar los vacíos institucionales y las divisiones internas para imponer una agenda que ha reducido las alternativas políticas, y, al mismo tiempo, ha logrado capitalizar apoyos internacionales que amortiguaron críticas y consecuencias. El resultado ha sido una correlación de fuerzas donde la prudencia diplomática se ha vuelto indulgencia y la previsión geopolítica, complicidad. No es el único actor en la escena —ni el origen único del desastre—, pero su figura ha personificado durante años la confluencia entre poder interno y tolerancia externa que ha hecho particularmente difícil cualquier reavivamiento serio de la partición.
Las cifras, cuando se anuncian en titulares, pulverizan rostros. Los miles de muertos, heridos y desplazados quedan reducidos a datos fríos que no alcanzan a expresar la dimensión humana de las pérdidas. Un periodismo narrativo debe rescatar esas voces: la madre que busca a su hijo entre los escombros, la familia que vela a sus muertos en un hospital sin recursos, el joven que perdió años de vida bajo un bloqueo que lo privó de educación y expectativas. Esas historias son las que, más que la retórica diplomática, revelan por qué la esperanza en la partición se fue agotando: porque las políticas diarias hicieron imposible la vida digna, y la historia colectiva, con sus traumas, generó reacciones que ninguna fórmula política supo contener.
Los líderes occidentales que claman por prioridad de la diplomacia mientras evitan sanciones concretas o condicionamientos reales se enfrentan a un dilema moral y estratégico. El argumento habitual —que presionar demasiado podría ser contraproducente y aislar aún más a quienes se quiere influir— suena plausible hasta que se examina la acumulación de hechos que muestran que la falta de consecuencias funciona como incentivo para políticas de control y expansión. ¿Qué vale la diplomacia si no puede reclamar costos a quien la desoye? La respuesta hasta ahora ha sido trágicamente obvia: poca cosa. Y esa debilidad de la diplomacia es materia de examen cuando se pregunta por qué la solución de dos Estados se volvió inviable.
No se trata únicamente de imponer costos; se trata de reequilibrar la relación de fuerzas que hace hoy imposible una salida justa. Eso exige medidas concretas: desde condicionamiento de la ayuda militar a compromisos verificables sobre asentamientos y bloqueos, hasta la apertura de canales de justicia internacional para investigar violaciones. Medidas de este tipo no son simples castigos: son intentos de reconstruir un marco mínimamente creíble donde las reglas cuenten. Sin esos instrumentos, la tónica seguirá siendo la de un sistema donde la fuerza y la impunidad deciden sobre la vida de millones.
La política exterior estadounidense, en particular, opera muchas veces bajo la presión de lobbies, cálculos geoestratégicos y dinámicas internas que complican su coherencia. Pero estos factores no eximen al gobierno de responsabilidad. Cuando la asistencia militar se convierte en vía libre para operaciones que causan daños colaterales masivos, cuando el veto diplomático protege a un aliado de reproches internacionales, la complicidad se transforma en pieza clave del tablero. Podrá discutirse la intención, pero el efecto —consolidación de prácticas que erosionan derechos humanos y normas internacionales— es claro. En la arena pública, esa complicidad merma la legitimidad de cualquier Estado que pretende proyectar valores universales.
Es importante subrayar que la crítica aquí planteada no es una invitación a la simplificación maniquea: no todo lo que hace Israel es ilegítimo, ni toda acción palestina carece de responsabilidad política. Hay legítimas inquietudes de seguridad para cualquier Estado; hay también demandas de reconocimiento y justicia que exigen respuesta. Lo que cuestionamos es la asimetría en la que esos argumentos se han desplegado: la seguridad de unos se ha asegurado a costa de la negación del otro; el reconocimiento de un derecho colectivo se ha vuelto exclusivo cuando las políticas lo convierten en privilegio. Esa asimetría es la claudicación a la que las potencias aliadas han asistido sin corregir.
El relato internacional después del 7 de octubre también mostró un patrón de reescritura: algunos líderes y gobiernos buscaron reconstruir la narrativa para presentarla como éxito de contención o restauración del orden. Pero reescribir la historia no borra las huellas del fracaso. Cuando la diplomacia se transforma en una pieza de marketing —anuncios de intenciones sin seguimiento—, se desgasta la confianza ciudadana en la capacidad de la comunidad internacional para mediar con justicia. El efecto práctico es devastador: menos herramientas de mediación, más resortes militares como solución primaria.
En la era de Joe Biden, la relación entre Washington e Israel no se limitó a una diplomacia de palabras; tomó la forma decisiva de respaldo operativo y político cuando más importaba. La Administración Biden aprobó y facilitó entregas masivas de armamento y logística a Israel desde el estallido de la guerra, incluso tras episodios que suscitaron alarmas por el número de víctimas civiles y por el uso de sistemas que habrían causado daños no selectivos. Esa lluvia de equipamiento no fue siempre incondicional en los papeles —hubo pausas puntuales y matices retóricos—, pero en la práctica la asistencia continuó y permitió la capacidad bélica con la que se ha llevado a cabo la campaña en Gaza. Esa política de respaldo se tradujo también en protección diplomática en foros internacionales. Cuando la comunidad global buscó imponer frenos, Estados Unidos actuó con reservas: vetos puntuales a resoluciones o el anuncio explícito de que no permitiría determinadas medidas en el Consejo de Seguridad acabaron neutralizando mecanismos de presión colectiva. La combinación —armas sobre el terreno y escudo diplomático en Naciones Unidas— no solo mitiga costos políticos para el aliado; crea además un incentivo para mantener políticas que, día a día, erosionan las condiciones mínimas para una solución negociada.
En paralelo, la política regional evolucionó en direcciones contradictorias. Algunos Estados árabes optaron por normalizar relaciones con Israel —presionados por la administración de Donald Trump a la firma de los Acuerdos de Abraham—, buscando beneficios económicos o estratégicos, mientras otros mantuvieron una postura de reclamo por la causa palestina. Estas dinámicas no son neutras: normalización sin acuerdos concretos de justicia para los palestinos puede interpretarse como abandona de solidaridad y resignación a la perpetuación del statu quo. Eso, a su vez, refuerza la idea de que la causa palestina es un elemento negociable del juego geopolítico, no un asunto de derechos fundamentales.
Hacia alternativas y responsabilidades
Un punto que merece una mayor reflexión es cómo la historia, la memoria colectiva y el trauma influyen en la persistencia del conflicto. Para muchos israelíes, la memoria del Holocausto y de amenazas reales alimenta una lógica de supervivencia que se traduce en estrictas políticas de seguridad. Para los palestinos, la experiencia de la Nakba, las expulsiones sucesivas y las restricciones cotidianas constituyen un trauma que demanda reconocimiento y reparación. Ignorar estas memorias, o instrumentalizarlas, sólo profundiza la distancia entre narrativas y obstaculiza cualquier esfuerzo serio por diseñar soluciones que contemplen dignidad y seguridad para ambos pueblos.
Si algo revela la ruina de la solución de los dos Estados, es la necesidad de repensar marcos políticos más flexibles y creativos. No se proponen soluciones simples ni recetas milagrosas; se proponen desalentar la repetición de fórmulas que han fracasado y abrir espacio para iniciativas que mezclen pragmatismo con justicia. Podría tratarse de acuerdos de soberanía compartida en zonas sensibles, mecanismos internacionales de supervisión de fronteras, arreglos confederales con terceros Estados, o modelos de ciudadanía que garanticen derechos plenos independientemente de la pertenencia territorial. Lo esencial es romper la inercia: dejar de repetir un mantra mientras se hacen exactamente las mismas cosas que lo desmienten.
La presión pública bien informada puede inclinar a gobiernos reticentes a actuar. Las cadenas de responsabilidad no son sólo bilaterales; las democracias que financian, venden armas o prestan apoyo diplomático también deben asumir consecuencias políticas por las medidas que facilitan estas violaciones. La rendición de cuentas internacional no es castigo punitivo, es un paso para restituir condiciones mínimas de justicia.
Hablar de complicidad es delicado, pero necesario. No se trata de una acusación indocumentada, sino de hechos acumulados ―paquetes de ayuda militar, vetos en foros internacionales, declaraciones públicas que eximen penalidades― los que conforman un patrón especialmente desempeñado por la administración Trump y sus epígonos de la derecha internacional. Ese patrón revela que mientras que algunos actores gastaron energía en discursos, otros operaron para sostener un orden que permitió que el conflicto persistiera y escalara. Reconocer esa complicidad no busca demonizar, sino comprender las responsabilidades y, con ello, abrir la puerta a políticas correctivas.
El relato que queremos proponer, finalmente, no es de desesperanza sino de lucidez. Sólo comprendiendo con precisión las causas —incluidas las externas— será posible imaginar salidas distintas. Eso exige valentía política: renunciar a atajos de realpolitik que priorizan intereses coyunturales sobre principios, aceptar costos políticos por sostener los derechos humanos, y asumir que la paz exige compromisos difíciles en ambos bandos. Sin ese tipo de liderazgo, cualquier plan será, otra vez, un eslogan bonito en ruedas de prensa.
En el relato que cierra estas líneas, las imágenes importan: los campos arrasados, los hospitales desbordados, las manos abiertas pidiendo por refugiados que no encuentran retorno seguro. Pero la imagen más relevante es la que no se ve en las televisiones: la estructura política que permitió que esas escenas fueran posibles. Allí reside la responsabilidad internacional que, hasta hoy, ha brillado por su ausencia efectiva. Reconocerlo es, por doloroso que sea, el primer paso para buscar alternativas que devuelvan la posibilidad de una vida con derechos.
Si algo demostró la caída de la solución de los dos Estados es que las fórmulas sin restauración de la justicia y sin límites a la impunidad no sobreviven al menor sacudón. Las palabras de apoyo, las declaraciones solemnemente repetidas, no bastan. Lo que se necesita son medidas concretas: mecanismos de control internacional, condicionalidades claras a la ayuda, investigaciones independientes y, sobre todo, una voluntad política que esté dispuesta a poner en riesgo beneficios inmediatos en pos de una solución que permita dignidad para ambos pueblos. Hasta ahora, esa voluntad ha sido escasa.
El proyecto de reescritura de la política hacia Israel y Palestina que aquí se sugiere no es utópico: parte de la premisa de que la diplomacia efectiva combina presión y protección, sanción y respaldo, límites y acompañamiento. Se trata de diseñar incentivos para cambiar comportamientos y, simultáneamente, estructuras que garanticen seguridad y derechos. Esa mezcla es incómoda, exige riesgo político, pero es más responsable que la sucesión de gestos tibios que hemos visto hasta hoy.
Concluir es difícil cuando el futuro parece tan incierto, pero no podemos renunciar a la imaginación pública. La ruina de la solución de los dos Estados no debería ser una excusa para la resignación sino una llamada a la creatividad política. Es hora de que las grandes potencias, empezando por Estados Unidos y la Unión Europea, asuman que su influencia conlleva responsabilidades. Si no están dispuestas a usarlas para corregir injusticias, estarán, por omisión, contribuyendo a un ciclo de violencia que seguirá cobrando inocentes y enterrando cualquier posibilidad de soberanía compartida.
Para finalizar estas líneas, me veo en la obligación de citar las palabras del poeta palestino Mahmud Darwish: “La guerra terminará. Los líderes estrecharan sus manos. La anciana continuará esperando el regreso de su hijo martirizado. La joven seguirá esperando a su amado esposo. Y los niños ansiaran el regreso de su heroico padre. No sé quién vendió nuestra patria. Pero pude ver quien pagó el precio”.
