En las últimas semanas se ha ido dejando al descubierto de forma progresiva la doble velocidad a la que actúa la Justicia. Con total vehemencia, celeridad y contundencia con algunas causas determinadas, y con absoluta mesura y tranquilidad en otras causas. Dos escenarios que se han visto reflejados estos últimos días con la actualidad política y judicial, cuando el Tribunal Supremo apenas tardó una semana en comunicar -aunque no lo ha presentado en forma legal- el fallo al fiscal general del Estado, mientras que, 160 días después, todavía no hay noticias sobre el informe que la justicia pidió a la UCO para investigar a Alberto González Amador. Sin embargo, a este retraso en el modus operandi se suman ahora las carencias y los fallos en la actuación de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil.
Con el caso Montoro como punto de partida, es ahora la Fiscalía Anticorrupción la que pone sobre la mesa el particular modo de actuar de la UCO. En el marco de la investigación abierta al ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos favores fiscales a empresas gasísticas en su etapa al frente del ministerio con la intermediación de Equipo Económico, Anticorrupción ha puesto de relieve que la unidad de la Benemérita no se ha mostrado tan dispuesta a la hora de seguir el rastro del dinero.
Así, en un informe, la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, sostiene que el informe de la UCO sobre esta causa tiene un “alcance reducido”. “Tras efectuar un análisis individualizado de los productos bancarios, se ha constatado que una mayoría significativa de estos carecen de relevancia para la investigación, razón por la cual no han sido incorporados al cuerpo del presente informe”. Sin embargo, Anticorrupción no solo pone el foco en el carácter limitado del informe, sino que subraya que, de las más de 200 cuentas que se entregaron, tan solo diez han sido analizadas, por lo que “ninguna conclusión puede extraerse del mismo”, defiende la Fiscalía en su informe.
Asimismo, con esto sobre la mesa, Anticorrupción no ve probatorio las afirmaciones que han sostenido las defensas de los investigados quienes sostienen que Equipo Económico no pagó en ningún momento retribuciones, comisiones o dádivas a ningún funcionario. En su contra, la Fiscalía afirma que sí que hubo pagos desde Equipo Económico a funcionarios, tal y como se desprende del modelo tributario 190 que ha sido incorporado a la causa. Además, de este modelo también se refleja que el despacho de Montoro pagó al secretario de Estado con Montoro, Miguel Ferré, durante 2008 y 2009 y también a Santiago Menéndez, ex director de la Agencia Tributaria, entre 2010 y 2011.
El encargo de Anticorrupción a la AEAT
A razón de todo ello, desde la Fiscalía han solicitado a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía de la Agencia Tributaria (AEAT) que amplíe el análisis sobre las cuentas bancarias. Así, en su escrito la fiscal ha adelantado a los investigados que, fruto del carácter incompleto del informe, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha trasladado el estudio del informe a la AEAT. Asimismo, ha reclamado tanto a la UCO como a los Mossos d’Esquadra que emitan un informe “sobre la existencia o no en la causa de determinados datos bancarios que la Fiscalía ha considerado relevante conocer”.
Al margen de ello, la fiscal ha señalado el complicado entramado que hubo a la hora de analizar los correos requeridos a Hacienda, Agencia Tributaria y DGT como la razón por la que la causa ha permanecido durante siete años bajo secreto. “Los informes de los Mossos y de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la AEAT constatan la indiciaria existencia de una organización y los pagos efectuados por las empresas gasistas a Equipo Económico, previos a cada actuación administrativa de favor”, agrega la fiscal, a la vez que sostiene que el reglamento de la Ley de Impuestos Especiales se llevó a cabo “eliminado los funcionarios intervinientes en la fase administrativa la exigencia, por aquel reglamento, de acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener el beneficio fiscal, introducido en la reforma legislativa concertada”.
La Fiscalía seguirá adelante con la investigación
"No hay ideología política alguna", esta ha sido una de las afirmaciones con las que la Fiscalía ha comunicado que seguirá investigando el caso Montoro, argumento con el que ha respondido a las defensas de algunos de los investigados y ante las que también sentencia que los hechos que se analizan son "actuaciones graves de corrupción". De esta manera, la fiscal Carmen García ha remitido un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, al juez de Tarragona que investiga la causa y en el que le comunica su oposición a los recursos de varias defensas que reclaman declarar la nulidad de la causa o que se instruya en los juzgados de Madrid.
"Es necesario dejar claro y sentado, desde este momento, que determinados correos electrónicos intervenidos en las diligencias que se tramitaban en Tarragona contra empresas gasistas que tenían en este municipio su sede, lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna", subraya en el escrito.
A lo expuesto, la Fiscalía añade que los informes preparados por los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria constatan la "indiciaria existencia" de una organización, los pagos de las gasísticas a Equipo Económico "previos a cada actuación administrativa a favor" y la elaboración "a la carta de aquellas mercantiles" de impuestos. En esta causa, el juez investiga precisamente presuntos favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro con la intermediación de Equipo Económico.
