La continuidad de Álvaro García Ortiz para con sus funciones como fiscal general del Estado pende de un hilo. Sin embargo, el tiempo y los argumentos esgrimidos por quien debe tomar la decisión, Ángel Hurtado, corren a su favor.
Agosto, mes inhábil para prácticamente todo, ha dejado en stand by la decisión final del magistrado respecto a que García Ortiz siga o no en su cargo, pero el juez debe tomar una decisión más pronto que tarde. De esta manera, tiene que pronunciarse sobre la petición formulada por la acusación que ejerce la Asocaición Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
La organización presentó el pasado mes de julio su solicitud a finales del mes de julio después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara el procesamiento de García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En sus intenciones, la asociación considera que la suspensión es “imperativa en términos legales” e “imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso”.
A su juicio, “si Álvaro García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral, él sería superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes”, argumenta APIF, según recoge el diario El Confidencial.
No puede ser la persona que decida
Sin embargo, más allá del paso de los días, existe otro aspecto a tener en cuenta y que tiene que ver únicamente con el modus operandi jurídico. Así las cosas, el juez lleva meses diciendo que él no puede ser la persona que resuelva el caso debido a la particularidad de éste.
Él decidió recabar el criterio de las partes antes de tomar una decisión, pero los argumentos esgrimidos por aquel entones se repiten ahora y, básicamente, pasan porque la ley “establece, sin distinción, que, cuando se trate de adoptar una suspensión cautelar (de un fiscal), esta decisión corresponde al fiscal general del Estado, y ha de ser el procedimiento establecido”. Dicho de otro modo, que no compete al Alto Tribunal.
El magistrado se refiere asimismo al “conflicto” que pudiera derivar de que la persona investigada ocupe a la vez un puesto de relevancia institucional como el que ocupa a tenor de su condición de fiscal general del Estado. Por ese hecho, prefirió no operar para con María Ángeles Sánchez Conde, ‘segunda’ persona de la Fiscalía.
Sea como fuere, deja claro que atendiendo a ese “compromiso de abstención” que viene de la Fiscalía, opta por no acceder a la suspensión cautelar. En esta línea, el magistrado emplaza a que la vía administrativa prevista para continuar con el camino de la investigación -no ser él quien decida sobre la suspensión de Ortiz- es la adecuada.
Debate más reciente
Los nombres de Álvaro García Ortiz y de Ángel Hurtado llevan sonando durante meses, y ahora, con el inicio del nuevo curso jurídico, vuelven a saltar a la palestra.
El PP mantiene la guerra abierta contra al fiscal, de manera que en las últimas horas el partido de Alberto Núñez Feijóo afirmaba que se encuentra “incapacitado” para participar en el acto de apertura, precisamente, del año judicial. Sus declaraciones, en boca de la vicesecretaria de Sanidad y Política Social de los 'populares', Carmen Fúnez, contrastan con la opinión de Félix Bolaños.
El ministro de Presidencia y Relación con las Cortes defiende la presencia del fiscal general en el acto solemne del que intervendrá el rey Felipe VI y que se celebra el próximo 5 de septiembre. “Está en plenitud de sus facultades”, emitía el político socialista.
El responsable gubernamental recordó cuál es la opinión del Ejecutivo central respecto de este miembro jurídico, y que esta es “muy conocida”. “(Tiene garantizado) el apoyo (…) Su magnífica labor que está llevando en la persecución del delito -en relación a la situación que mantiene contra las cuerdas a la pareja de Ayuso- y en contar la verdad”.
En otro orden de cosas, Bolaños destacó que en septiembre se va a facilitar también el acceso de notarios al registro civil a través también de expedientes electrónicos después de que el pasado miércoles se reuniera con la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio.
Los ‘populares’, por su parte, indica que “todos los españoles entendemos que el fiscal general del Estado está incapacitado para cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene”. “Decía Bolaños que estaba en pleno uso de sus facultades… Y también está pleno en la imputación que lo sienta en el banquillo. Por lo tanto, creemos que una cosa pesa mucho más que la otra y entendemos que las capacidades del fiscal general están inhabilitadas mientras que esa imputación siga”.
