Si hay una comunidad autónoma en la que el PP ha centrado sus críticas para arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esa ha sido Cataluña. Todas las autonomías -algunas de ellas con especial virulencia como es el caso de Madrid- y Génova han arremetido sin paliativos contra Moncloa por la financiación singular planteada para el territorio catalán, unas críticas que ahora quedan más en entredicho después de las últimas informaciones que han visto la luz y que encuentran el epicentro en Galicia cuando Alberto Núñez Feijóo gobernaba la Xunta.
ElPlural.com desvelaba esta semana en exclusiva el plan que el líder del principal partido de la oposición tenía para su comunidad, en sintonía -con matices a tener en cuenta- con lo que el Ejecutivo plantea para Cataluña de un tiempo a esta parte.
La principal y más destacada diferencia es que el equipo del gallego pagó al despacho del que formó parte el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una suculenta cantidad para analizar la posibilidad de crear una agencia tributaria regional. El entorno del expresidente de la Xunta contrató al bufete al que perteneció el que fuera miembro del Ejecutivo de Mariano Rajoy para la realización de “un informe sobre las cuestiones a valorar de cara a la creación de una agencia tributaria en Galicia”.
El importe de este contrato fue de 10.440 euros y el órgano contratante fue la secretaría general de patrimonio y Hacienda del Gobierno autonómico. La fecha en la que se entregó la consultora fue el 21 de abril de 2010, cuando la Xunta abonó el importe mencionado; el día 22 de junio del mismo año.
Este periódico accedió a infinidad de contratos que el Ejecutivo entonces de Feijóo cerró con Equipo Económico. Hasta 13 fueron los conceptos por los que las partes cerraron acuerdos, cuyo montante total ascendió hasta los 172.838 euros. Las consejerías que solicitaron los servicios del departamento de Montoro fueron los de Hacienda y la de Presidencia, en diez y tres ocasiones respectivamente.
Financiación singular de Cataluña
El PP ha repetido hasta la saciedad su rechazo a la financiación singular de Cataluña a través de distintos miembros de su partido. Fue en julio cuando los ‘populares’ redoblaron una ofensiva que mantienen con el inicio del nuevo curso político en el horizonte.
Por poner un ejemplo, Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras de los ‘populares’ era uno de los que expresaba con más ahínco su preocupación por el acuerdo alcanzado a la espera de que llegara la firma entre Gobierno y Generalitat. A ojos de los ‘populares’, el acuerdo podría permitir a que Cataluña disminuyera las contribuciones destinadas a las autonomías de menor riqueza.
El asunto está de inmediata actualidad después de que en las últimas horas ERC urgiera al Gobierno a aplicar “pronto” y “en su totalidad” el convenio establecido por los socialistas catalanes que incluye una reducción de deuda y la creación de una agencia fiscal propia.
La formación independentista ha solicitado de manera urgente la comparecencia de María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, para concretar el modelo de financiación. La formación acusa lo injusto de la deuda acumulada con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que, en su opinión, perjudicó gravemente el desarrollo autonómico catalán y habla de un “buen acuerdo”.
Equipo Económico y la influencia de Montoro
Equipo Económico es la firma que se sitúa como epicentro del bautizado como ‘Caso Montoro’, que afecta no solamente al que fuera ministro de Hacienda, sino también a un nutrido montante de nombres propios tanto de políticos, del propio PP, como empresarios, entre otros.
Fundado en 2006 por el que fuera responsable del departamento de Hacienda, éste conectó a empresas privadas con decisiones ministeriales y leyes a medida que resultaron claves. El bufete aglutinó nombres propios del momento y de sobra conocidos entre las filas de los ‘populares’ como Luis de Guindos o Rafael Catalá, después ministro de Justicia también con Rajoy.
Montoro explicaba que se había desvinculado de Equipo Económico en 2008, pero varios de sus colaboradores ocuparon puestos de calado durante su mandato, lo que, según la acusación, favoreció que la firma actuara como consultora paralela con acceso privilegiado a la administración.
Los Mossos d’Esquadra revelaron que el bufete actuó en favor de compañías privadas a cambio de pagos millonarios en sectores como el gasístico o el juego. En este maremágnum se aprecian nombres como el de Madrid Network, financiada por Esperanza Aguirre y donde trabajó Isabel Dia Ayuso, o de Codere, empresa reconocida por las apuestas.
