El Partido Popular (PP) sufría un nuevo despiste este martes. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, volvía a señalar al Gobierno en la gestión de la crisis de incendios y proponía 50 medidas contra los fuegos en un documento en el que olvidaba borrar las anotaciones. Entre ellas, un registro de pirómanos. Horas más tarde, María Carmen Da Silva, senadora del BNG, recordaba que el gallego, siendo presidente de la Xunta, realizó esta misma propuesta en 2012 a través de una Ley, pero nunca la puso en marcha.
“Hemos trabajado en una respuesta integral con 50 medidas para las zonas afectadas que comprenden la ayuda inmediata a las personas, la reparación de pueblos, la recuperación del patrimonio forestal y de empleos, y la preparación ante futuros eventos”, apuntaba Feijóo. Entre las medidas más destacadas, la creación de “un Registro Nacional de Pirómanos en el que formen parte todas las personas condenadas, mediante sentencia firme, que hayan producido un incendio en cualquier lugar de España”. Cabe destacar que este registró conllevaría la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.
Este martes, Margarita Robles, ministra de Defensa, comparecía en el Senado a petición del PP. Precisamente, desde la Cámara Alta, María Carmen Da Silva, senadora del BNG, recordaba que Núñez Feijóo, siendo titular del Ejecutivo gallego, nunca puso en marcha el registro de pirómanos pese a estar contemplado en leyes de la Xunta.
"Registro nacional de pirómanos. Esa medida, el registro de infractores, lo creó Feijóo en la Ley del 2012 cuando era presidente de la Xunta. Aparece claramente recogido en el capítulo 147. Pero el Gobierno gallego nunca llegó a crearlo, y está la ley aprobada en 2012. Feijóo anunció, en 2021, que en el 2022 entraría en vigor una nueva Ley de Prevención de Incendios, que no se llegó a aprobar y quedó metida en un cajón. Y que también contemplaba en el artículo 107 el mismo registro", apuntaba Da Silva. La senadora recordaba que estas "ocurrencias del señor Feijóo" las "tenía metidas en la ley del 2012, la que aprobó él".
Por otro lado, la del BNG también puntualizaba que "tenemos, desde el 2018, aprobadas en el Parlamento gallego las recomendaciones ejecutivas y de los expertos que se aprobaron en la comisión como consecuencia de la gran vaga de incendios de 2017 y no las ejecutaron. Y las aprobaron en un Parlamento donde el PP tenía mayoría absoluta".
Las medidas que propone el Partido Popular
Al margen del registro de pirómanos, el PP también propone “establecer criterios objetivos, transparentes y vinculantes, para el abordaje automático de las emergencias, bajo el liderazgo de profesionales de acreditada experiencia”. Entre el groso de medidas económicas se encuetran: alojamiento temporal de los damnificados, garantía de que nadie se quede sin su vivienda habitual o segunda residencia por los fuegos, exención temporal de impuestos para localidades, empresas y particulares afectados, y ayudas a la alimentación del ganado. Además, proponen la declaración expresamente Zona de Actuación Especial para la Restauración Forestal y Medioambiental las zonas afectadas, aprobándose líneas de financiación y avales sin coste financiero, y “ayudas del 100% para municipios y CCAA para gastos urgentes”.
Por otro lado, los de Feijóo también incluyen la solicitud inmediata del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, con anticipo íntegro para municipios afectados, y una Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation orientada a la lucha contra incendios. Y, además, incentivar las prácticas que contribuyan al mantenimiento de los montes como “remunerar a los agricultores, ganaderos y trabajadores del monte que lleven a cabo prácticas sostenibles de captura de CO2, prevención de incendios y mitigación del cambio climático” en el Plan Estratégico de la PAC.
Sin embargo, el anuncio de estas propuestas ha quedado marcado por la vergüenza tras olvidar borrar anotaciones internas. En algunas de ellas se admite que algunas propuestas “ya se hacen”, y se recomienda dar la impresión de que son iniciativas excepcionales. Así, es evidente que el documento fue escrito como un manual de comunicación política más que un plan de emergencia.
