Audita Sanidad, organismo encargado de fiscalizar la contratación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, presentará el próximo jueves una denuncia por el abuso en la utilización de la contratación menor por parte de la región que lidera Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria, tal y como ha podido saber en exclusiva ElPlural.com.
La entidad ciudadana depositará el texto en las siguientes horas de la semana ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIResCon). El objetivo del documento, al que ha tenido acceso este periódico, pretende alertar de la utilización “abusiva y posiblemente fraudulenta” de esta figura de contratación.
Durante el Covid
El escrito se centra en el año 2020, el de la pandemia, especialmente polémico para la lideresa regional por los bautizados como protocolos de la vergüenza, que impidieron la derivación a hospitales de mayores que se encontraban en residencias, o las comisiones de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, a través de la compra de material sanitario, hecho que denunció el otrora líder del PP, Pablo Casado y que terminó con su carrera política al frente del partido.
Las líneas vienen acompañadas de un informe que también ha podido leer este medio de comunicación y que no deja lugar a dudas: la administración de Sol llevó al extremo el troceado de contratos durante el Covid. Según las cifras que maneja Audita Sanidad, la Consejería de Sanidad formalizó 408.133 contratos menores por un importe superior a los 900 millones de euros con IVA, lo que se traduce en el 99,5% sobre el total.
Vicente Losada, portavoz de la plataforma y economista de profesión, arroja números demoledores en conversaciones con este periódico: “Con ese sobrecoste podrían haberse levantado 82 centros de salud y contratado 14.600 médicos de Atención Primaria”. “Se habla mucho de que no hay médicos porque se jubilan, de la tasa de reposición, o de que se marchan por las condiciones de trabajo, cuando hay una realidad que es que, si se gestionara mejor la contratación menor, todos estos actores serían más”.
Podrían haberse levantado 82 centros de salud y contratado 14.600 médicos
En este sentido, Losada deja claro que recurrir a esta figura no incide en sí en una ilegalidad, el problema es cuando se hace de manera “sistémica” como ocurre en la región capital. Además, detalla que, en aquella época, por motivos obvios, el Gobierno de España flexibilizó las condiciones en los acuerdos con compañías y para cubrir determinadas necesidades, pese a lo cual el Ejecutivo de Ayuso mantuvo su modus operandi.
“El Ministerio permitió la contratación sin licitación previa, lo que nos hiso suponer que bajaría sustancialmente el número de contratos menores, pero nos equivocamos (…) Fue un despilfarro -otro- de recursos y dinero público, y los organismos competentes tienen que tomar cartas en el asunto”, dicta.
La presente denuncia, que también firma la Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en defensa de la sanidad pública, se centra en las competencias que, defiende, mantiene OIResCon para investigar el asunto rigiéndose por el artículo 332.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en sus apartados b) y e) (“Velar por la correcta aplicación de la legislación de la contratación pública a los efectos de detectar incumplimiento específicos o problemas sistémicos” y “Verificar que se apliquen con la máxima amplitud las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en particular las relativas a los conflictos de interés, y detectar las irregularidades que se produzcan en materia de contratación”).
"Posible corrupción"
Las conclusiones del informe deslizan que la contratación menor es “la norma” en los Centros de Gasto de la Consejería de Sanidad de la Autonomía, que “no parece haber control alguno por parte de los gestores de compras de estos centros y la no publicación en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid de los informes de necesidad que justifiquen estos contratos menores” o que “las instituciones que tienen la responsabilidad del control de la contratación no están llevando a cabo su función”.
Asimismo, el documento lamenta que “no parece existir planificación en la compra de insumos” ni “funcionar adecuadamente la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)” e insiste en que el “uso indebido y reiterado de los contratos menores conculca el derecho a la competencia”.
“La falta de competencia genera sobrecostes que suponen un despilfarro e impiden que se puedan dedicar esos recursos a la mejora de sanidad pública (…) Podríamos inferir que el uso ‘indebido’ de dinero público no es ‘despilfarro’, sino ‘malversación”, acentúan las firmas, que llegan a hablar de “posible corrupción”.
Quinquenio 2016-2020
Más allá de la gravedad que supone el año reflejado, no supone un caso aislado. Según el quinquenio analizado por Audita Sanidad (2016-2020), esta forma de proceder no obedece a una “excepción”, sino a la “norma”. En 2016, todavía bajo la batuta de Cristina Cifuentes, se contabilizan, en números redondos, 485.000 contratos menores; en 2017, 570.000; en 2018, 456.000; y en 2019, 428.000 lo que, sumado a los de 2020 hacen un total de 2.300.000.
Y a la hora de denunciarlo, los organismos lamentan los obstáculos burocráticos a los que se enfrentan. “Se nos piden competencias que no tenemos porque no somos una administración (…) Nosotros dejamos los datos para que otros puedan seguir trabajando”, concreta Losada. En ese sentido, nos explica que, además de otras denuncias similares ante Hacienda, han acudido a los gerentes de seis hospitales y la Intervención General de la CAM, ya en 2024, y que la respuesta siempre ha sido la misma: el silencio.
“Cuando alguna intervención intenta actuar como pasó el año pasado en Andalucía la cesan (…) El mensaje que dio el PP, en este caso Juanma Moreno Bonilla, fue claro y todo un aviso para navegantes: el que se mueve no sale en la foto”, concluye.
