Hace ya más de un año que Pablo Casado, entonces presidente del PP, se dispuso a denunciar públicamente por corrupción a la presidenta de la Comunidad de Madrid y miembro de su propio partido, Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse el pago de una comisión de casi 300.000 euros a su hermano Tomás por parte de una empresa contratista del mismo Gobierno regional. Fue un viernes 18 de febrero de 2022 cuando el líder popular ofreció una entrevista para señalar a la dirigente autonómica de su formación, declaraciones que esta semana ha revelado El País que fueron celebradas por la inmensa mayoría de los 11 altos cargos que se sentaban junto a él en el comité de dirección del PP, pero precisamente esta acusación de corrupción a una figura de su partido como ella fue lo que provocó su propio abandono bajo la presión de la mayor parte de sus dirigentes.

Aquel pronunciamiento público de Casado en un medio de comunicación se produjo para dar explicaciones sobre la apertura de un expediente a la presidenta del PP madrileño durante la tarde anterior. Génova decidió iniciar acciones a nivel interno para investigar el cobro de 280.000 euros por parte de su hermano a través de una sociedad cuyo propietario mantiene una amistad con la familia Díaz Ayuso y que, precisamente, fue a la que la Comunidad de Madrid, dirigida por la propia Isabel, adjudicó un contrato de 1.500.000 euros por la compra de mascarillas durante los inicios de la pandemia de coronavirus.

“Nuestro honor es nuestro activo más valioso y todos nuestros cargos tienen el deber de preservarlo. Se puede tener un buen resultado electoral, pero esto no exime del deber de rectitud. Esto es lo único que hemos pedido en los últimos meses a Isabel Díaz Ayuso”, manifestó Teodoro García Egea, todavía secretario general del PP en aquella tarde del 17 de febrero, a la hora de anunciar el expediente informativo a la mandataria regional.

Apenas cinco días después, el ‘número dos’ de Casado dimitiría bajo la presión del aparato del partido y tras la defensa que realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid de sí misma en una rueda de prensa tan solo unas horas después de las acusaciones de García Egea: “Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios, que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque, es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque me quiero presentar al Congreso, es insensato”.

Aquel 22 de febrero representó el peor día de la mano derecha de Casado después de una semana convulsa entre denuncias de espionaje a Díaz Ayuso utilizando a cargos públicos del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, e incluso empresas especializadas en este tipo de investigaciones de carácter privado. “He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles de mi vida política: dejar el cargo”, anunció García Egea, quien intentó redimirse alegando que, por el puesto que desempeña, su papel “es ser el malo”, pero en aquel momento ya adelantó la muerte política del expresidente popular asegurando que su marcha representaba una oportunidad para “que los afiliados voten” y “facilitar” un cambio de dirección en el PP: “Hemos hablado Casado y yo y hemos decidido que es lo mejor”.

“Se nos ha acusado falsamente de espionaje, que hemos desmentido”, mencionó el secretario general de la formación sobre las acusaciones recibidas por parte de la misma Díaz Ayuso, supuesto objetivo de estas acciones llevadas a cabo para comprobar si efectivamente existía un caso de corrupción alrededor del contrato de 1,5 millones de euros otorgado por el Gobierno madrileño a la empresa amiga de su familia y de la que su propio hermano Tomás cobró casi 300.000 euros en comisiones. “Nosotros ni somos jueces ni somos fiscales”, se excusó García Egea para finalmente echar balones fuera y hacer como si nada hubiera pasado, alegando que fue “una fuente anónima” quien proporcionó dicha información a la cúpula del PP e incluso cambiando de opinión para acabar defendiendo a la líder regional de su partido: “Yo me creo a la presidenta”.

La noche de la dimisión en diferido de Casado

Un día después, el 23 de febrero, se produciría la reunión definitiva en el número 13 de la calle Génova de Madrid, sede estatal del PP, donde Casado terminaría una intensa jornada a altas horas de la madrugada presentando su dimisión en diferido ante la plantilla de barones populares al completo. La llegada de todos los presidentes autonómicos de la formación fundada por el ministro franquista Manuel Fraga se sucedieron durante una noche en la que, todavía a las 23h, su entonces máximo dirigente solo se había reunido con poco más de la mitad de ellos.

En ese punto, la unanimidad de sus interlocutores para que Casado dejara el puesto en aquel mismo momento fue abrumadora. “Nadie apuesta por que siga después de hoy”, indicaron fuentes de Génova que también pusieron de relieve el absoluto apoyo interno a una futura candidatura de Alberto Núñez Feijóo que posteriormente acabó por proclamarse en la siguiente Junta Directiva Nacional.

Habiendo sido convocado a las 20h y aunque desde antes todo apuntaba a la destitución de Casado, el proceso de conversaciones en el PP se alargó más de lo esperado, además de haber comenzado con retraso debido a la charla privada de casi dos horas que mantuvieron el entonces presidente del partido con el que luego le sucedería en el puesto, Alberto Núñez Feijóo. Una decisión que miembros y cargos populares tenían tan clara al final no se comunicó de manera tan rápida como se preveía pese al evidente hundimiento de la figura de Casado, que ya no conservaba apenas ningún apoyo orgánico en su propia formación.

Por ello, pese a que la noticia final se hiciera esperar varias horas hasta bien entrada la madrugada, el líder del PP estatal cedió anunciando que la Junta Directiva Nacional que se reuniría en los siguientes días convocaría un congreso extraordinario para elegir a la persona que asumiría la presidencia a la que él sólamente renunciaría en dicho momento posterior, es decir, una dimisión en diferido con la que trataría de salvar su imagen para concluir su mandato con lo que consideró una salida más digna del partido que dirigió hasta el día de la votación de su sustituto.

Como remate final a toda esta situación, justo un día después de la promesa de abandono de Casado por el mencionado aquelarre, la Comunidad de Madrid admitió por primera vez que Tomás, hermano de Isabel Díaz Ayuso, sí que cobró 283.000 euros de la empresa de su amigo, a la que el Gobierno autonómico que ella preside adjudicó un contrato a dedo de 1,5 millones de euros, una acusación que quien fuera el propio presidente del PP hasta entonces había realizado una semana atrás entre sospechas de corrupción que había atribuido a una comisión y por las que le había costado el cargo un día antes.