Alberto Martínez Escribano, ingeniero geólogo, ha sido el primer perito en declarar ante la juez de Catarroja que investiga la gestión de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, y sobre su testimonio ha dejado constatado que la alerta enviada por la Generalitat Valenciana el 29 de octubre a las 20:11 horas de la tarde fue "tardía y de contenido confuso". A su vez, en sede judicial, ha puntualizado su sorpresa al ver que aquel día las clases no se suspendieron con los sendos avisos de las fuertes lluvias que estaban por venir: "La lluvia peligrosa es la que viene de las montañas”, ha manifestado.
En este sentido, el ingeniero ha añadido que la tragedia “se podía haber evitado” enviando antes el mensaje del sistema Es-alert a la población valenciana, además de “mediante la educación enseñando a la gente que vive en una zona inundable que no tienen que bajar al garaje”.
Martínez Escribano ha dicho en estos términos a la magistrada instructora que se ha fallado “en la planificación urbana, se han urbanizado zonas inundables y no se ha construido adaptando a las inundaciones” pero, en lo que concierne al fatídico 29 de octubre, el perito ha reiterado que “se tenían que haber suspendido las clases como mínimo, cuando se activaron los avisos rojos se tenía que haber mandado a los trabajadores a su casa y algunas empresas lo hicieron: la Diputación y la Universidad”, ha recalcado.
Lamentando las circunstancias que derivaron en tragedia, ha añadido que se pudo haber avisado a los valencianos de estas zonas “de muchas formas, llamando a ayuntamientos y haciéndolo con bandos, como se hizo en 1957, por eso hubo pocas víctimas”.
En su relato, el experto geólogo ha añadido que la situación de riesgo era evidente: “Sabiendo lo que llovía a mediodía en Buñol o Chiva, no tendría mucha dificultad en saber que toda esa agua iba a producir un desbordamiento del barranco del Poyo, era obvio y fácil de esperar. (…) Una veza que en Chiva el barranco va desbordado, esa agua seguro que va a bajar y se sabe por dónde”, ha añadido.
Continúa la investigación judicial
Desde que comenzó la instrucción judicial de la gestión de la DANA del 29 de octubre hace meses atrás, la magistrada ha ido recabando todos los detalles posibles de la cronología de aquel día, desde testimonios hasta pruebas irrefutables, pasando por llamar a declarar a decenas de testigos y a otros cargos en calidad de imputados -siendo este último caso el de la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso-.
El punto en el que se encuentra actualmente la investigación radica en que la juez ha pedido una lista completa de todos los trabajadores del Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI), desde el que se gestionó la catástrofe y se envió la alerta masiva, y saber cuáles de ellos estuvieron presentes en los momentos críticos. Una información requerida al Gobierno de Carlos Mazón, a través de su Conselleria de Emergencias, y un informe de las instalaciones del centro a la Guardia Civil para recabar los contenidos de las videograbaciones de seguridad.
Estos trabajadores del CECOPI deberán especificar en la mencionada lista las tareas que desempeñan, su formación y datos personales, siendo más importantes todos aquellos que estuvieron allí desde las 06:00 hasta las 23:59 horas del 29 de octubre.
