Denuncias sin pruebas, audios sin contexto y titulares convertidos en querellas. Así actúa Manos Limpias, el sindicato afín a la ultraderecha que vuelve a toparse con un muro judicial. El Tribunal Supremo ha archivado otra de sus denuncias, esta vez contra el expresidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, a quien acusaban de filtrar el sentido de la sentencia que absolvió al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. La denuncia no pasó del umbral inicial: fue inadmitida directamente por no existir aforamiento ni indicios de delito. No hubo siquiera apertura de diligencias.
No es un caso aislado. El archivo de la denuncia contra Navarro se suma a una larga serie de intentos fallidos de judicializar titulares y construir causas penales con base en informaciones de prensa, comentarios políticos o audios que circulan por redes sociales. Desde abril de 2024, Manos Limpias ha presentado querellas contra Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno—, contra su hermano, David Sánchez, contra el expresidente del TEAC, contra jueces y fiscales, contra AEMET, la Confederación del Júcar y hasta contra responsables de emergencias en la Comunidad Valenciana. La mayoría de esas denuncias no han pasado del primer filtro judicial. Algunas han sido archivadas de inmediato. Otras han derivado en investigaciones sin resultados. Ninguna ha terminado en una acusación formal con base probatoria sólida.
Uno de los casos más notorios fue la denuncia presentada contra Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción. La denuncia se basaba exclusivamente en informaciones publicadas en medios afines a la derecha. No había documentación, ni peritajes, ni hechos contrastados. A pesar de ello, un juzgado de Madrid abrió diligencias preliminares. La Fiscalía pidió el archivo inmediato por falta total de indicios. El Tribunal Supremo, en un auto especialmente duro, reprochó el uso de "recortes de prensa" como sustento de una acusación penal y advirtió que la justicia no puede ser “juzgado de guardia de cualquier controversia mediática”.
Otro ejemplo es la querella presentada tras la devastadora DANA de octubre de 2024, que provocó 224 fallecidos. Manos Limpias acusó a la AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Valenciana de Emergencias de no prever adecuadamente el temporal. El Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia archivó la denuncia por falta de indicios delictivos. Según el auto judicial, las acusaciones carecían de base técnica, jurídica y probatoria. La jueza llegó a calificar el relato de Manos Limpias como "una construcción sin anclaje en la realidad".
La organización también denunció al economista Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central, por haber recibido supuestamente una comisión de 100.000 euros para archivar deudas tributarias. La denuncia se basó en unos audios filtrados, sin identificar a los interlocutores ni verificar su contenido. La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar, pero hasta la fecha no se ha incoado causa penal alguna ni se ha formulado imputación. El caso, como otros muchos, permanece en punto muerto.
Una de las ofensivas más persistentes de Manos Limpias ha sido contra el entorno familiar del presidente del Gobierno. En 2024 y 2025, la organización presentó diversas denuncias contra su hermano, David Sánchez, a quien acusaban de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y creación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz. Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil desmintió buena parte de las acusaciones. No existía fortuna oculta, ni tenencia de acciones, ni delito fiscal alguno. El propio fiscal del caso pidió el archivo, al considerar que los indicios eran “meras conjeturas”. Aun así, el proceso derivó en una denuncia adicional contra una exmilitante del PSOE, Leire Díez, a la que Manos Limpias acusó de maniobrar para influir en la jueza del caso. Un juzgado de Badajoz aceptó investigar esa vía, aunque impuso una fianza de 8.000 euros al sindicato y limitó el alcance de las diligencias a cuestiones administrativas.
Los casos no terminan ahí. Manos Limpias también intentó, hace más de una década, llevar a los tribunales a Pablo Iglesias, por delitos como desobediencia o cohecho. El Supremo inadmitió la querella directamente. También lo intentaron con Baltasar Garzón, por investigar los crímenes del franquismo. No prosperaron. Ni entonces ni ahora.
Una estrategia judicial al servicio del ruido mediático
El patrón se repite: una denuncia, un titular, una denuncia ampliada en medios afines, y finalmente el archivo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha reiterado su preocupación por el uso espurio de la acción popular. En sus autos más recientes, ha señalado que las querellas que presentan ciertos colectivos afines a la extrema derecha tienen como objetivo generar ruido mediático, presionar a las instituciones y desgastar al Gobierno. No se busca justicia, sino impacto. Y, en muchas ocasiones, el coste lo paga la administración judicial, que debe dedicar recursos a comprobar acusaciones infundadas.
Manos Limpias se define como sindicato de funcionarios, pero su fundador y secretario general, Miguel Bernad, procede del entorno de Blas Piñar y Fuerza Nueva. La organización ha estado históricamente vinculada a causas de la ultraderecha política y mediática. En 2016, Bernad fue detenido en el marco de una investigación conjunta con Ausbanc por presunta extorsión, aunque resultó absuelto en 2024. En el juicio, la Fiscalía calificó algunas de sus prácticas como “éticamente reprobables”, aunque no delictivas.
Pese a los fracasos judiciales, el sindicato mantiene influencia. Su estrategia no consiste tanto en ganar causas como en colocarlas en la agenda pública. En convertir a la justicia en un terreno de batalla política. Pero los archivos, los sobreseimientos y las advertencias del Supremo marcan una línea cada vez más clara: el Estado de derecho no puede ser secuestrado por titulares sin pruebas.
