El abogado y secretario de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha vuelto a situarse al frente de la palestra con motivo de la entrega de los premios de Hazte Oír y las declaraciones que ha emitido en el acto que señalan de manera directa a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
A modo de una nueva predicción como la que ya lanzó sobre el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Bernad adelantaba en la entrega de galardones que el próximo 18 de junio, durante su intervención en El Gato al Agua, de Javier Esparza, anunciará y dará detalles “de otro bombazo de corrupción que afecta a la ministra de Hacienda del Gobierno de España”. Un vaticinio que ha ido un paso más allá implicando también a Leire Díez, sobre quien ha pronosticado una imputación. “Sed optimistas ante la adversidad, estamos a punto de recuperar nuestras libertades, nuestra dignidad en el concierto internacional. El monstruo de la Moncloa, con todo su aparato, con todas sus cloacas, y hago un inciso, Leire y sus compinches, la próxima semana serán también imputados”, ha añadido.
Los anuncios previos de Bernad
Al margen de estas dos nuevas predicciones por parte del secretario de Manos Limpias, lo cierto es que todas las que ha hecho en anteriores ocasiones se han acabado materializando. El pasado 20 de mayo, Bernad lanzó en una entrevista en Toro TV un anuncio que implicaba al fiscal general: “Os puedo adelantar que seguramente, si no es esta semana, a más tardar la semana que viene habrá un auto de transformación a juicio oral del fiscal general del Estado”. Y remató: “Sabía que iba a caer”.
Pocas semanas después, concretamente el 9 de junio, el juez Ángel Hurtado, instructor del Tribunal Supremo, dictó un auto de transformación en procedimiento abreviado contra el Álvaro García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos, causa de la que Manos Limpias actúa como acusación popular. Así, se le acusa de ser autor de la difusión de un correo electrónico con información confidencial relacionada con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y es que precisamente es en este proceso donde el pseudosindicato ha adquirido un papel relevante, no solo por su personación como acusación popular, sino por las numerosas querellas dirigidas al entorno del presidente del Gobierno. Desde hace meses, ha presentado denuncias contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y contra su hermano, David Sánchez, basándose en informaciones aparecidas en medios de comunicación y artículos de opinión.
Caso Cerdán y otras filtraciones
Las actuaciones de la organización presidida por Bernad no se han limitado únicamente a la causa que investiga al fiscal general. El 5 de junio, la Guardia Civil remitió al Tribunal Supremo un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), en el que se vincula al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con posibles comisiones relacionadas con adjudicaciones públicas durante el mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Uno de los aspectos que más malestar ha generado en las filas socialistas no ha sido el propio contenido del informe, que llevó a la dimisión de Santos Cerdán, sino más bien la difusión de este entre medios de comunicación de línea conservadora. Previo a que la Guardia Civil diera conocimiento del informe al Alto Tribunal, diferentes medios llevaban ya semanas publicando fragmentos del informe, incluidas grabaciones y transcripciones de conversaciones, a pesar de que el documento estaba bajo secreto de sumario hasta este jueves 12 de junio. Por ello, desde el entorno de Ferraz acusan directamente a sectores de la judicatura y a medios afines a la derecha de ser los responsables de una operación de desgaste mediático planificada, basada en filtraciones selectivas que violan la legalidad procesal.
Un argumento que también ha sido sostenido incluso por destacadas figuras en la justicia española. El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha pronunciado al respecto advirtiendo de que la operación contra García Ortiz podría ser solo la antesala de una causa penal dirigida directamente contra el presidente Pedro Sánchez. Así, según señala, el escenario que abarca ahora los tribunales responde a una lógica de lawfare: el uso del sistema judicial con fines políticos, un fenómeno que ha sido denunciado también en América Latina y Estados Unidos. “Cuando la justicia huele a pólvora, casi siempre hay fuego político detrás”, sentenció recientemente. Y añadió que “la instrucción de Hurtado apunta a culminar en una denuncia contra el presidente”.
