Ceuta, en la encrucijada de los grandes conflictos de nuestro tiempo

Los recientes acontecimientos de Ceuta, donde unos 70.000 inmigrantes cruzaron la frontera hacia territorio español, desbordando el operativo policial de control fronterizo, en un contexto en el que se ha denunciado, como mínimo, una actitud de pasividad, cuando no de permisividad, por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, han abierto un amplio debate que, como suele ocurrir, una parte de la oposición española intenta circunscribir única y exclusivamente al ámbito de la política doméstica.

Sin embargo, tras este acontecimiento (una tragedia humana que ya se ha cobrado más de setenta vidas) se esconden cuestiones que trascienden por completo la política de un solo Estado. No hace falta recurrir a interpretaciones conspirativas o sostener que existe un movimiento coordinado entre gobiernos hostiles al Ejecutivo español (como pueden ser la Administración Trump, el gobierno extremista de Netanyahu en Israel o el Reino de Marruecos) con el propósito de provocar la caída de la coalición progresista que gobierna España desde 2018, para comprender la dimensión de lo sucedido.

Basta detenerse en los grandes temas que plantea esta tragedia para comprobar que España, y especialmente Ceuta, como territorio español situado en el continente africano, se encuentra en una auténtica encrucijada donde confluyen algunos de las cuestiones más importante del mundo actual, y éstas afectan a la política internacional y a los valores que imperan en nuestras sociedades.

El primero de ellos es la inmigración. El movimiento de personas que abandonan sus países de origen marcados por la pobreza, la falta de oportunidades, las guerras o la persecución política, buscando simplemente dar a sus familias un proyecto de vida digno.

Debería preocuparnos que esos movimientos sean de cada vez más masivos. Sin embargo, con demasiada frecuencia únicamente nos preocupa que, precisamente por su dimensión, los mecanismos de control y las fronteras sean desbordados, cuestionando la falsa sensación de seguridad que nos proporcionan las fronteras, esas líneas dibujadas sobre un mapa con las que pretendemos dividir el mundo en compartimentos estancos.

La salida masiva de personas desde América Latina hacia Estados Unidos y Europa; la marcha constante desde el Magreb, el Sahel o el África subsahariana hacia el continente europeo, alcanzando enormes dimensiones debería hacernos comprender que existe un profundo desequilibrio en nuestro mundo. Por supuesto, la gestión migratoria exige cauces regulares y garantías jurídicas, tanto desde el punto de vista del país de acogida como para garantizar la dignidad de los migrantes, que aseguren un proceso ordenado, protegido y libre de las mafias del tráfico humano. Al mismo tiempo, las sociedades receptoras deben ser capaces de acoger a quien llega con la voluntad de construir un proyecto vital y contribuir al desarrollo del país que lo recibe.

Por otra parte, el efecto llamada clave del fenómeno migratorio que vivimos a escala global tiene un nombre: el capitalismo. Un sistema que concentra la riqueza en un número reducido de países y que, incluso dentro de ellos, acaba concentrándola en un puñado de grandes corporaciones (e incluso de personas) que acumulan un poder económico desmesurado. Demasiado poder y demasiada riqueza concentrados para que el progreso del conjunto del planeta pueda llegar a ser realmente sostenible.

Ese es el primer gran fenómeno que se hace visible en Ceuta. Pero hay un segundo tema que también converge en este caso y que tampoco pertenece en exclusiva a la política española. Se trata del avance de gobiernos con rasgos autoritarios que estamos observando en buena parte del mundo y que ha sido estudiado en los últimos años por autores como Anne Applebaum.

Son gobiernos que comparten una determinada concepción del poder y de las relaciones internacionales y que, en muchos casos, convergen en la defensa de un capitalismo sin apenas límites ni controles, donde las grandes corporaciones adquieren un protagonismo político como nunca habían tenido.

La verdadera novedad no reside en el hecho de que existan dirigentes que defiendan un capitalismo salvaje, un profundo conservadurismo social o políticas abiertamente racistas y neonacionalistas en determinados países, el cambio significativo en nuestro tiempo es que ese modelo haya acabado instalándose en la primera potencia mundial con la llegada de la segunda administración Trump, alterando el equilibrio de las relaciones internacionales.

La Administración Trump ha incorporado tics propios de los sistemas autoritarios al pretender ejercer el poder ejecutivo como si los límites y contrapesos propios de una democracia consolidada fueran simples obstáculos por superar. Una lógica que recuerda, salvando las enormes diferencias existentes entre ambos sistemas, a la forma de ejercer el poder que encontramos en regímenes como la Rusia de Putin, donde las decisiones del ejecutivo apenas tienen controles efectivos.

Esa misma concepción del poder se ha trasladado también a la política internacional. Las decisiones adoptadas unilateralmente por la Casa Blanca parecen presentarse no solo como obligatorias para la propia administración estadounidense, sino también para sus aliados, sin margen para el debate, la discrepancia o la negociación entre socios.

Esa forma de entender la política internacional la hemos visto en el apoyo al genocidio cometido por el Gobierno de Netanyahu en Gaza. Y en otras actuaciones, como la intervención en Venezuela, presentada como una operación destinada a restaurar la democracia, aunque el resultado no ha supuesto realmente un cambio de régimen ni ha respondido únicamente a la defensa de valores democráticos. O en la guerra contra Irán, iniciada contra un régimen claramente autoritario y teocrático, pero donde ni siquiera se ha invocado de forma consistente la defensa de la democracia como legitimación de la intervención. En estos casos, resulta difícil no concluir que los intereses estratégicos y económicos han pesado más que la defensa de los valores democráticos. En todos ellos aflora una misma lógica: los valores dejan de ser el fundamento de la acción política substituidos por intereses económicos y geoestratégicos.

En torno a esa visión del mundo confluyen partidos y movimientos políticos diversos, unidos por distintas combinaciones de nacionalismo excluyente, supremacismo, ultraconservadurismo o defensa de un capitalismo sin restricciones. Son expresiones nacionales de un mismo fenómeno político internacional que ha encontrado en el trumpismo un poderoso ejemplo que ejerce de cohesionador.

También es evidente que existe una creciente hostilidad hacia aquellos gobiernos que no aceptan someterse a esta lógica. La administración Trump no concibe las relaciones internacionales como un diálogo entre iguales, y mucho menos cuando el interlocutor es la Unión Europea.

Y he ahí el tercer gran elemento de esta reflexión. La Unión Europea nació del sueño de una generación que había conocido las dos guerras mundiales y que comprendió que la paz solo podía construirse mediante la cooperación entre los pueblos. Europa convirtió las fronteras en espacios de encuentro antes que de confrontación y levantó un proyecto político basado en el derecho, la negociación y la integración.

Ese proyecto europeo incorporó también una dimensión social decisiva, fruto del encuentro entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, las dos grandes corrientes políticas que han construido Europa durante más de setenta años. La creación de una amplia clase media, la reducción de las desigualdades y la construcción del Estado del bienestar respondían a razones de justicia social, pero constituían también una garantía de estabilidad democrática, un antídoto frente a las revoluciones y también frente a la reacción. Porque allí donde la desigualdad se convierte en desesperación siempre aparece quien promete soluciones simples, enemigos fáciles y líderes providenciales.

El autoritarismo contemporáneo representa precisamente esa reacción. Un modelo donde el beneficio inmediato prevalece sobre la igualdad de oportunidades, donde el poder económico condiciona cada vez más el poder político y donde la fuerza pretende sustituir al derecho.

Este modelo resulta incompatible con los valores fundacionales de la Unión Europea y explica la creciente confrontación entre el proyecto europeo y la visión del mundo que hoy representa la administración Trump.

España ha decidido situarse, con el actual Gobierno, entre aquellos países europeos que siguen defendiendo con claridad esos valores. Forma parte de una Europa que no renuncia a la cooperación internacional, al multilateralismo, a los derechos humanos y al Estado social. Una Europa que no teme discrepar de quienes consideran que las grandes fortunas y corporaciones deben situarse por encima de la voluntad democrática expresada por los ciudadanos. Y precisamente por ello se convierte también en objetivo de quienes pretenden debilitar el proyecto europeo.

Porque toda ideología, todo gobierno que contribuya a mantener una Europa fuerte, cohesionada e influyente estará contribuyendo al principal contrapeso internacional frente al avance del autoritarismo. Estará defendiendo un mundo basado en normas frente a otro donde impera la ley del más fuerte. Estará preservando los valores que han permitido que Europa haya vivido el periodo más largo de paz, prosperidad y cooperación de su historia.

Por eso la tragedia de Ceuta no puede entenderse únicamente como un episodio de política española. Habrá responsabilidades concretas que analizar en las relaciones con Marruecos, en la actuación de los servicios de inteligencia o en la gestión de la frontera. Pero, sobre todo, Ceuta constituye el punto donde confluyen algunas de las grandes cuestiones que están transformando el mundo: una desigualdad global que expulsa a millones de personas de sus hogares y un autoritarismo que pretende substituir el orden internacional basado en reglas por otro basado en la fuerza y en los intereses económicos.

Ese es el verdadero debate. Y es también el desafío al que las democracias y los demócratas deberemos responder si queremos evitar que la distopía deje de ser una amenaza para el futuro.

Cosme Bonet Bonet

Exsenador y politólogo.