Las cifras de la sanidad bajo la lupa: lo que el caso del Ramón y Cajal dice sobre las listas de espera

Hablar de una lista de espera parece sencillo. Cuántos pacientes hay, cuánto tiempo llevan esperando y cuánto tarda el sistema en atenderlos. Pero detrás de esas cifras hay muchas más decisiones de las que parece. Importa cuándo empieza a contar la espera, qué prioridad recibe cada paciente, en qué categoría aparece y en qué momento deja de formar parte del registro.

La polémica abierta en el Hospital Ramón y Cajal ha puesto el foco precisamente ahí. El País publicó esta semana documentación interna según la cual 57 pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología cambiaron de prioridad entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. Fueron clasificados como prioridad 2, una categoría para la que se recomienda una intervención antes de 90 días, y pasaron a prioridad 3, reservada para casos en los que se admite una demora mayor. Cuatro médicos consultados por el periódico sostienen que esos cambios se hicieron sin contar con los especialistas que habían fijado inicialmente la prioridad.

La versión de la Comunidad de Madrid es, por supuesto, bien distinta. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, sostiene que fue el propio cirujano que hizo pública la denuncia, Luis Alberto Martos, quien alteró de forma irregular la gravedad de los pacientes y asegura que lo hizo en beneficio propio. El Ejecutivo regional ha abierto una investigación interna y vincula el episodio a un conflicto dentro del servicio. Martos niega esa acusación. El País, por su parte, asegura que los correos y documentos que ha consultado apuntan al jefe de Traumatología y a la dirección médica como origen de las órdenes de modificación.

De momento, las responsabilidades no están aclaradas. Y esa cautela es importante, porque una cosa es que existan documentos y testimonios sobre cambios en las prioridades y otra distinta atribuir intenciones o responsabilidades definitivas mientras la investigación sigue abierta.

La lista empieza antes del quirófano

El caso del Ramón y Cajal sirve para entender algo que muchas veces queda fuera del debate público. Las listas de espera no son una simple relación de pacientes pendientes de operación. También son un sistema de clasificación.

El Real Decreto 605/2003 establece que un paciente entra en lista quirúrgica cuando el especialista prescribe la intervención. A partir de ahí empieza a contar el tiempo. La norma distingue además tres niveles de prioridad. La primera corresponde a procesos que no admiten una demora superior a 30 días; la segunda, a aquellos en los que se recomienda intervenir antes de 90; y la tercera, a casos en los que la espera puede prolongarse más sin que, en principio, se prevean secuelas importantes.

La Comunidad de Madrid aplica esa estructura en su Registro Unificado de Pacientes en Lista de Espera Quirúrgica. La prioridad clínica pesa además más que la antigüedad. Es decir, una persona que lleva menos tiempo esperando puede ser operada antes si su situación médica es más urgente.

Eso explica por qué cambiar una prioridad no es un simple trámite. Puede modificar el plazo considerado razonable para intervenir a un paciente y también la manera en la que después se evalúa el funcionamiento del hospital.

Ese es uno de los puntos que están bajo discusión en el Ramón y Cajal. Según la documentación publicada por El País, muchos de los 57 pacientes afectados llevaban tiempos de espera próximos a los límites previstos para su categoría. Al pasar de prioridad 2 a prioridad 3 dejaban de estar sujetos a la referencia de los 90 días. El periódico relaciona esos cambios con los indicadores de productividad del centro y señala que el contrato programa del hospital tiene en cuenta el cumplimiento de los plazos quirúrgicos. El Ramón y Cajal, sin embargo, niega que la dirección o la gerencia modificaran directamente las listas.

No todos los pacientes aparecen igual

A esto se suma otra cuestión menos visible. Cuando se habla de “la lista de espera” se mezclan situaciones distintas.

Madrid diferencia entre pacientes en espera estructural, aquellos cuya operación se retrasa por problemas de organización o disponibilidad de recursos; pacientes que han rechazado ser intervenidos en otro centro; y pacientes que temporalmente no pueden ser programados, por ejemplo porque existe una circunstancia clínica que aconseja esperar o porque han pedido aplazar la operación.

También cambian los indicadores. La “demora media estructural” mide cuánto tiempo llevan esperando los pacientes que siguen pendientes de una intervención por causas atribuibles al sistema. La “espera media”, en cambio, calcula cuánto tardaron quienes ya salieron del registro.

Puede parecer una diferencia menor, pero no lo es. Dependiendo del indicador utilizado, la fotografía puede cambiar bastante.

Además, salir de una lista no siempre significa haber sido operado. Un paciente puede desaparecer del registro porque renuncie a la intervención, porque deje de necesitarla, porque exista una contraindicación definitiva, porque no pueda ser localizado o porque no se presente a una operación ya programada. Cada una de esas salidas debe quedar registrada con su motivo correspondiente.

Por eso, cuando se comparan cifras de listas de espera, no siempre se está comparando exactamente lo mismo.

Madrid ya tuvo otra batalla por cómo contar

La discusión sobre cómo se construye este dato no es nueva en la sanidad madrileña.

En 2005 ya hubo controversia porque la Comunidad empezaba a contar la demora quirúrgica desde un momento posterior a la indicación de la operación, una vez que el paciente había pasado por anestesia. El sistema estatal, sin embargo, tomaba como referencia la fecha en la que el especialista prescribía la intervención.

La diferencia no era menor. Si el reloj empieza más tarde, el tiempo contabilizado también es menor, aunque el paciente haya esperado exactamente lo mismo desde que le dijeron que necesitaba operarse.

Durante años, esa discrepancia dejó los datos de Madrid fuera de la comparación homogénea del Sistema Nacional de Salud.

Lo ocurrido ahora en el Ramón y Cajal es diferente. Aquí no se discute cuándo empezó la espera, sino si las prioridades clínicas se modificaron correctamente. Pero ambos casos comparten una misma idea de fondo: las cifras dependen también de cómo se registra lo que ocurre antes de entrar en quirófano.

El total de pacientes tampoco lo cuenta todo

La Comunidad de Madrid publica datos de lista de espera por hospitales, especialidades y tramos temporales. Esa información permite seguir la evolución general, pero no muestra todas las decisiones que se toman dentro del registro.

Según El País, los cambios conocidos en el Ramón y Cajal no significaban necesariamente que esos 57 pacientes desaparecieran de la lista. Seguían esperando. Lo que cambiaba era la categoría en la que figuraban y, con ella, el plazo considerado adecuado para intervenirlos.

Ese matiz es importante. El número total de personas pendientes puede mantenerse igual mientras cambia la distribución por prioridades o la forma en la que se mide si un hospital está cumpliendo sus objetivos.

La propia Comunidad establece que la prioridad debe fijarla el especialista quirúrgico y que esa prioridad tiene que pesar más que la antigüedad a la hora de programar una operación. La gestión administrativa del registro corresponde, además, al Servicio de Admisión de cada hospital.

La investigación abierta por la Consejería tendrá que aclarar qué ocurrió exactamente con los 57 pacientes y quién tomó las decisiones cuestionadas. Hasta entonces, el caso deja una pregunta mucho más amplia sobre la mesa: no solo cuántas personas esperan una operación, sino qué hay detrás del número con el que después se mide esa espera.