La jugada de la Comunidad de Madrid (CAM) para comprar un ático de 6,3 millones de euros en una de las mejores zonas de la ciudad, y conseguir que no se enterara nadie era maestra. Un plan sin casi fisuras que se fue al traste gracias, como siempre pasa con estas cosas, al periodismo, en este caso gracias a un periodista de El País.
Y es que, desde la CAM, se había realizado una compra que, al tener un contrato de confidencialidad por 10 años con la expropietaria, les daba la posibilidad de no hacer pública esa compra gracias a la Ley de Protección de Datos. Pero, es más, y por si acaso, se firmó un contrato de alquiler entre Planifica Madrid, la empresa pública que compró el ático, y Presidencia de la comunidad.
Un contrato de alquiler que dejaba en manos de Presidencia el uso del inmueble para lo que ellos creyesen oportuno, pero que tampoco es obligado que se haga público. Así, y de no haber sido descubiertos, podrían haber utilizado el ático de lujo para lo que hubieran querido sin dar ningún tipo de explicación a la oposición, algo más que habitual en la CAM incluso cuando sí tienen que dar esas explicaciones.
A todo ello hay que sumar una tercera pata al banco, y es el hecho de que en el expediente no consta ni informe de necesidad de la compra del ático ni memoria justificativa de dicha operación. Esto significa que la Comunidad de Madrid no explica en ningún momento por qué se produjo esta adquisición ni quién la ordenó.
Orden verbal de compra
Según ha explicado el periodista David Fernández en el programa Mañaneros 360, esto es así porque la orden de compra habría sido verbal por parte del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, al consejero delegado de planifica Madrid, Pedro Corbalán, quien desde 2023 tiene un poder ilimitado para comprar lo que quiera sin límite de crédito y, lo que es mejor todavía, sin tener que justificarse.
Sin embargo, al hacerse público todo el cambalache, la tortilla se da la vuelta, puesto que al judicializarse el asunto, sí deberán dar explicaciones del porqué ante la juez y el fiscal ya que, pese a ser una orden verbal, no cumplieron con lo establecido en la ley y se hizo ni informe de necesidad de la compra del ático ni memoria justificativa.
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