La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que cite a declarar al abogado Carlos Neira, representante legal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El objetivo de esta diligencia es esclarecer si fue Neira quien remitió a la Fiscalía de Delitos Económicos y a la Abogacía del Estado un correo electrónico en el que su cliente reconocía haber cometido dos delitos fiscales a cambio de una rebaja de pena.
Esta petición se enmarca en la investigación que trata de determinar si el fiscal general fue quien filtró dicho correo a la prensa el 13 de marzo de 2024. La Abogacía del Estado sostiene que el correo fue enviado no solo a un buzón genérico de la Fiscalía, sino también a un abogado del Estado. Además, sostiene que su contenido ya era conocido por diversos periodistas, lo que, a su juicio, eliminaría su carácter confidencial.
En este contexto, la defensa de García Ortiz quiere saber si, el 12 de marzo, Neira recibió comunicaciones de periodistas de El País preguntando si “González Amador tenía voluntad de reconocer la comisión de los presuntos delitos contra Hacienda”. También se investiga si el abogado reenvió a su cliente un correo del fiscal del caso, Julián Salto, que incluía la denuncia por fraude fiscal y mencionaba que no había obstáculos para llegar a un acuerdo.
La Abogacía del Estado también pretende interrogar a Neira para determinar si autorizó o consintió que ese correo fuese posteriormente reenviado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a distintos medios de comunicación. Igualmente, se busca saber si compartió otros correos remitidos o recibidos de la Fiscalía con personas de su despacho o con terceros.
Como sustento de esta línea argumental, la defensa ha presentado actas notariales de declaraciones de varios periodistas, entre ellos José Manuel Romero, subdirector de El País. Romero afirmó que, a las 13:30 del 12 de marzo, conversó con un “interlocutor en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid” que le aseguró que el abogado de la pareja de Ayuso había reconocido los delitos fiscales y estaba dispuesto a pagar una multa para evitar la cárcel. Según Romero, esa fuente también le facilitó por WhatsApp el nombre del abogado: Carlos Neira.
La defensa del fiscal general también ha pedido que se tome declaración a los agentes que elaboraron dos informes sobre los mensajes y correos electrónicos analizados en el dispositivo de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada. La solicitud se fundamenta en la “contradicción existente” entre ambos documentos, elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En el primer informe, la UCO afirma que la primera publicación del contenido del correo de Neira se produjo a las 23:51 del 13 de marzo, en la web de la Cadena SER. Sin embargo, el segundo informe indica que ya a las 23:25, durante la emisión en directo del programa Hora 25, se estaban leyendo en antena “párrafos textuales” del correo. Esta diferencia de 26 minutos es crucial, ya que afecta al momento exacto en que pudo producirse la filtración.
La defensa subraya que García Ortiz no recibió acceso completo a los mensajes entre Neira y el fiscal hasta las 23:46 del 13 de marzo, lo que a su juicio descarta que pudiera haber sido el filtrador de la información.
Asimismo, se ha solicitado un nuevo informe pericial a la UCO para averiguar si es técnicamente posible determinar cuántos procesos de eliminación o vaciado de mensajes se produjeron en la aplicación WhatsApp entre el 8 de marzo y el 16 de octubre de 2024, y si se puede confirmar que las conversaciones entre el 8 y el 14 de marzo fueron borradas el 16 de octubre.
Ese mismo día, el Tribunal Supremo abrió una causa contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Según el informe de la UCO, la “falta de mensajes anteriores al 16 de octubre” en el dispositivo del fiscal se debe al borrado intencionado de todas las conversaciones, realizado hasta en dos ocasiones. También se ha confirmado que el fiscal general eliminó recientemente su cuenta de Gmail, dificultando así la recuperación de información clave para el caso.
La defensa argumenta que el borrado fue una “imposición legal”, dado que el móvil contenía información ultrasensible relacionada con investigaciones penales y asuntos de Estado. No obstante, el juez instructor ha reprochado al fiscal que haya “hecho desaparecer pruebas que le puedan incriminar”, aunque ha aclarado que el borrado, por sí solo, “carece de relevancia penal”.
