La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que cite a declarar al abogado Carlos Neira, defensor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta petición busca esclarecer si Neira fue el responsable de remitir a la Fiscalía de Delitos Económicos y a la Abogacía del Estado un correo electrónico en el que su cliente admitía la comisión de dos delitos fiscales, a cambio de una rebaja de pena.
La investigación se centra en determinar si García Ortiz fue quien filtró este correo a la prensa el 13 de marzo de 2024. La Abogacía del Estado sostiene que el correo no solo fue enviado a un buzón genérico de la Fiscalía, sino que también fue remitido a un abogado del Estado. Además, argumenta que la información contenida en el correo ya era conocida por varios periodistas, lo que eliminaría su carácter confidencial.
Según una información que recoge El Español, la defensa del fiscal general busca esclarecer si, el 12 de marzo de 2024, Neira recibió comunicaciones de periodistas de El País solicitando la confirmación de que "González Amador tenía voluntad de reconocer la comisión de los presuntos delitos contra la Hacienda". Asimismo, se interesa por saber si Neira reenvió a su cliente un correo del fiscal del caso, Julián Salto, que le fue enviado la mañana del 12 de marzo, en el que se adjuntaba la denuncia por fraude a Hacienda interpuesta contra González Amador y se indicaba que no habría obstáculo para llegar a un acuerdo.
Más interrogatorios
La Abogacía del Estado también pretende interrogar a Neira para determinar si autorizó o consintió que dicho correo fuera posteriormente remitido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a distintos medios de comunicación. Además, se busca saber si reenvió ese o cualquier otro correo recibido o remitido a la Fiscalía de Delitos Económicos a otras personas, ya fueran miembros de su despacho profesional, su oficina o terceros.
Para respaldar su solicitud, la defensa ha entregado al instructor las actas de manifestaciones ante notario realizadas por varios periodistas, entre ellos José Manuel Romero, subdirector de El País. Romero asegura que, a las 13:30 del 12 de marzo de 2024, mantuvo una conversación con un "interlocutor en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid" que le explicó que el abogado de la pareja de Ayuso había admitido los delitos y mostrado su disposición a pagar una multa para reducir la pena de prisión que pediría la Fiscalía. Además, este interlocutor le facilitó a través de WhatsApp el nombre del abogado, Carlos Neira.
La defensa del fiscal general también ha solicitado que comparezcan los agentes que elaboraron dos informes sobre los mensajes de móvil y de correo electrónico intervenidos a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada. La petición se basa en la "contradicción existente" entre los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En el primer informe, la UCO afirma que la primera difusión pública del contenido del correo electrónico enviado por Neira al fiscal admitiendo los delitos tributarios tuvo lugar a las 23:51 horas del 13 de marzo de 2024 en la página web de la Cadena SER. Sin embargo, en el segundo informe, la UCO indica que, a las 23:25 horas del mismo día, durante la emisión en directo del programa Hora 25 de la Cadena SER, ya se estaban leyendo en antena "párrafos textuales" del citado correo. Esta diferencia de 26 minutos resulta particularmente relevante para el objeto del procedimiento, ya que afecta de manera directa al momento en que se habría producido la filtración.
La defensa subraya que la "recepción completa" por parte del fiscal general de los mensajes intercambiados entre Neira y el fiscal del caso no se produjo hasta las 23:46 horas del 13 de marzo. Este detalle es crucial para determinar si García Ortiz tuvo acceso a la información antes de su difusión en los medios.
Otro informe a la UCO
Además, la defensa ha solicitado que se encomiende a la UCO un nuevo informe para determinar "si resulta técnicamente posible identificar cuántos procesos de eliminación o vaciado de mensajes, total o parcial, y con qué contenido, se han producido en la aplicación WhatsApp en el dispositivo analizado entre el 8 de marzo y el 16 de octubre de 2024". También se busca esclarecer si es posible afirmar que las conversaciones comprendidas entre los días 8 y 14 de marzo de 2024 fueron eliminadas en el borrado del 16 de octubre de 2024.
Este nuevo informe es relevante, ya que la UCO ya ha constatado que el fiscal general borró todos los mensajes de su cuenta de WhatsApp el 16 de octubre de 2024, el mismo día en que el Tribunal Supremo le abrió causa por un delito de revelación de secretos. El informe de la UCO señala que "la falta de mensajes anteriores al 16 de octubre en WhatsApp se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día". Además, se ha constatado que García Ortiz borró "recientemente" su cuenta de Gmail, lo que ha dificultado la recuperación de información relevante para la investigación.
La defensa del fiscal general argumenta que el borrado de los mensajes es una "imposición legal", ya que su teléfono alberga información "ultrasensible" que afecta a multitud de investigaciones penales y a instituciones del Estado. Sin embargo, el instructor ha reprochado a García Ortiz que haya hecho "desaparecer pruebas que le puedan incriminar", aunque ha señalado que el borrado de mensajes "carece de relevancia penal".
