El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ramón Berdugo, que instruye la causa abierta al eurodiputado de extrema derecha Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por mensajes dirigidos a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, ha dictado un auto por el que acuerda iniciar los trámites para solicitar la correspondiente autorización al Parlamento Europeo para proceder contra él.
No obstante, el instructor indica que, tal y como previene el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en garantía de sus derechos defensa, Alvise puede comparecer de forma voluntaria. Por ello, dispone que se requiera a Pérez Fernández para que, en el plazo de cinco días, manifieste si, de manera voluntaria y antes de que pueda concederse por la Cámara Europea la correspondiente autorización, está dispuesto a comparecer ante el magistrado. Señala que a la vista de lo que manifieste se acordará.
El magistrado adopta estas decisiones en un auto en el que acuerda incoar diligencias previas para investigar y enjuiciar, en su caso, a Pérez Fernández como presunto autor de un delito de acoso o stalking, delito de provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales. Asimismo, ordena dar traslado al investigado de las actuaciones hasta ahora practicadas y concede a las partes personadas un plazo de cinco días para que indiquen las diligencias de investigación que procedan.
La causa contra Alvise
El juez instructor toma esta decisión después de que el Supremo decidiera abrir un procedimiento contra el eurodiputado de extrema derecha por al entender que existían indicios de las previsiones normativas del tipo penal de acoso, séase, stalking, al haber acudido Alvise a un grupo de unos 40.000 seguidores donde “expresó y desarrolló una animadversión hacia la denunciante”, además del hecho de que éste insistió en su postura a posteriori y, con la misma actitud de sus seguidores, podría haber existido “una intención voluntaria y consciente de comprometer de manera permanente y profunda el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima”. Asimismo, el Supremo aduce a su vez a que Alvise difundió "los perfiles que la denunciante tenía en X, Facebook e Instagram", donde estaba recibiendo "insultos y amenazas".
Los magistrados del Alto Tribunal daban cuenta de que, aunque de lo ahora investigado no se reflejaba que el eurodiputado "cursara directamente coacciones, amenazas o injurias" contra la fiscal de Delitos de Odio de Valencia, "ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los hechos que son objeto de investigación". Según recoge el auto, los funcionarios policiales que abrieron la investigación no lograron identificar a quienes realizaron comentarios en el canal de Telegram 'Alvise Pérez Chat', pero sí pudieron identificar al administrador del canal, séase, el propio Alvise.
Dos causas penales abiertas más contra Alvise
A este tercer frente abierto, se suman los dos primeros ya conocidos por el foco judicial y mediático. Fue el pasado 11 de abril cuando se dio a conocer que el Supremo abrió estas dos causas: la primera de ellas, por una presunta financiación ilegal; la segunda, por difundir una PCR falsa del presidente catalán.
Cabe recordar que la Fiscalía apoyó la exposición razonada enviada por el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama en la que interesaba que el TS le investigue por un presunto delito de financiación ilegal y por un delito electoral por los 100.000 euros que habría recibido del empresario Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', para su formación política.
Asimismo, el Alto Tribunal rechazó abrir causa contra Alvise por un presunto delito de desórdenes públicos en el marco de las protestas contra la amnistía que se produjeron a finales de 2023 en las inmediaciones de la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, con motivo de la amnistía impulsada por el Gobierno central.
